La entrada en vigor de la ley para la autodeterminación del sexo, conocida popularmente como 'Ley Trans', ha desatado situaciones que parecen sacadas de un guion satírico, pero que tienen graves implicaciones para el Orden Jurídico y los derechos fundamentales en España, especialmente los de las mujeres, menores y homosexuales. Hace unos días veíamos otra vez críticas a Nacho Abad y Sonia Ferrer, del programa en ‘Boca de todos’, por invitar a quien se hace llamar la vicepresidenta del primer sindicato trans no normativo de España, actualmente constituido como una asociación e integrada por hombres que se dicen mujeres y que pertenecen a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Las críticas al equipo de en ‘Boca de todos’ se basaban en que le daba voz a estos hombres que son ‘falsos trans’.
¿Hay fraude en los cambios de sexo registral de los llamados trans no normativos?
En realidad, no. Como indicamos en el artículo del militar Francisco, la ley trans permite que cualquier persona mayor de 14 años cambie su sexo registral sin necesidad de cumplir requisito alguno: ni apariencia, ni cambios hormonales, ni intervención quirúrgica, ni nombre, ni nada que indique a las demás personas que ha cambiado de sexo registral. Un mero acto declarativo ante el Registro Civil basta para que un hombre pase a ser considerado oficialmente mujer. Y, por tanto, ejerza todos los derechos específicos que la ley consagra a nuestro favor. Esto quiere decir que la ley trans no exige ningún requisito para cambiar de sexo registral; por lo que, si no hay requisitos, no hay fraude, todo es “legal”. Si bien, no quiere decir que sea legítimo, porque se trata de ley carente de legitimidad.
La ley trans es fraudulenta en sí misma
El problema no radica en que algunos hombres puedan acceder al cambio de sexo registral mientras otros no; ni que haya verdaderos trans o falsos trans. El problema es que la propia ley constituye un fraude en sí misma, al ser una ley ilegítima, aunque la haya aprobado el Parlamento español, pues es contraria a la Constitución, a diversas leyes y a los valores democráticos. La ley trans fue aprobada mediante procedimientos contrarios a Derecho, violando diversas leyes referidas al trámite de elaboración y aprobación de las leyes, además de que se falsearon los datos de impacto de género sobre cómo la ley afectaría los derechos de las mujeres y menores, tramitándose por la vía de urgencia sin cumplir los requisitos exigidos y sin tener en cuenta los informes preceptivos.
Lo más grave es que no se evaluaron debidamente las consecuencias de permitir que el sexo, una categoría biológica y jurídica clave en la determinación de la seguridad jurídica del Registro Civil quedara a disposición de cualquiera, sin más requisito que una simple declaración de voluntad de sus sentires internos, imposibles de comprobar, ni de desvirtuar, porque hablamos de subjetividades individuales. Por un lado, porque la ley trans le da más importancia a la vivencia individual del sexo sentido de una persona, que a la realidad material del sexo biológico y su carácter inmutable, binario y ostensible. Pero también porque produce el efecto perverso de que reconoce a los hombres el inexistente derecho a ser mujer, vaciando el sentido de las garantías que necesitamos las mujeres para recibir protección del abuso de poder que los hombres ejercen sobre nosotras.
Un impacto real: la burla a los derechos de las mujeres
Desde su entrada en vigor, la ley trans ha sido aprovechada por numerosos hombres para cambiar su sexo registral para fines espurios. Entre ellos se cuentan militares, policías, hombres de profesiones donde el sexo es relevante, o maltratadores que no han alterado en lo más mínimo su aspecto masculino, pero que ahora exigen ser tratados como mujeres ante la ley para obtener beneficios que la ley trans les permite. Ejemplos recientes ilustran el absurdo de esta situación. En el seno de las Fuerzas Armadas, Policía, Cuerpo de Bomberos algunos hombres han recurrido al cambio registral para beneficiarse de baremos físicos más flexibles, destinados a las mujeres. Situaciones que antes les habrían llevado a suspender, ahora les permiten obtener buenas calificaciones. Otros aprovechan privilegios logísticos, como el acceso a camerinos individuales o la posibilidad de llevar el cabello largo, o acceder a los espacios de las mujeres o competir contra mujeres. Y lo que es más grave, algunos pretenden burlar la ley de Violencia de Género, pues la ley no aplica a parejas del mismo sexo, y que los envíen a las prisiones femeninas, poniendo en peligro a las reclusas.
Peligros para los derechos de las mujeres
La autodeterminación de sexo registral no sólo convierte el sexo en un atributo disponible para cualquier estrategia personal, profesional o malintencionada, sino que también pone en jaque derechos fundamentales de las mujeres y menores. Espacios seguros, como vestuarios, baños y módulos penitenciarios exclusivos para mujeres, categorías deportivas femeninas quedan expuestos ante la presencia de hombres que usurpan nuestros espacios y derechos.
Además, el desmantelamiento de la categoría jurídica sexo tiene un efecto devastador sobre la recopilación de datos estadísticos desagregados por sexo, indispensables para diseñar políticas públicas que permitan luchar de forma eficaz contra la violencia machista y sexual y la discriminación que sufrimos por ser mujeres, por nacer niñas; que no tiene nada que ver con sentires internos.
La necesidad de derogar la ley y legislar con rigor
El feminismo lleva tres siglos luchando por garantizar igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, combatiendo las barreras estructurales que perpetúan las desigualdades que mantienen a las mujeres en situación de subordinación.
El camino para proteger a las minorías no pasa por normas que burlen los derechos de las mujeres ni que generen inseguridad jurídica para toda la sociedad, porque la ley trans, en realidad, está dirigida a toda la sociedad. Una ley verdaderamente inclusiva y justa debería centrarse en proteger a las personas con disforia de género mediante garantías específicas para su bienestar, sin desdibujar la categoría de sexo ni comprometer los derechos de las mujeres y niñas y niños.
La actual ley trans supone un peligroso retroceso en términos de igualdad, derechos fundamentales, libertades democráticas y seguridad jurídica. Su derogación no sólo es necesaria, sino urgente. Al igual que ha hecho EEUU, desmantelando la normativa federal que permitía el cambio registral de sexo por autodeterminación, España debe derogar la ley trans nacional y toda la normativa trans autonómica, que también va en la misma línea de poner en peligro los derechos de las mujeres, menores, homosexuales y personas con disforia de género. En EEUU el tema de la autodeterminación del sexo fue una de las causas de la derrota del partido demócrata y del triunfo de Trump. Y resulta inconcebible que los partidos supuestamente progresistas sean los que entreguen a los partidos de extrema derecha la defensa del sentido común y los valores democráticos, entre los que la igualdad entre mujeres y hombres ocupa un lugar destacado, porque sin mujeres solo podemos hablar de androcracia.
Comentarios