Más del 23 por ciento de la población española en edad de votar es pensionista y en un futuro no muy lejano supondrá más de un tercio, a medida que se vayan incorporando al retiro las generaciones nacidas en el boom demográfico del franquismo. La pirámide poblacional española está invertida, hay cada vez más ancianos y nacen pocos niños para relevarlos. Por si fuera poco, la actual tasa de natalidad está por los suelos. Encima, la esperanza de vida sigue aumentando gracias a los avances y tratamientos médicos, con lo cual las prestaciones se alargan. Esa es la fuerza y a la vez la debilidad de los pensionistas.
Ningún partido se atreve a cuestionar las reivindicaciones de ese colectivo, por el temor a una pérdida importante de apoyo electoral, máxime teniendo en cuenta la cercanía de las próximas citas electorales: andaluzas, municipales y europeas, como mínimo. Nadie quiere pagar en las urnas el precio de desatender a los jubilados.
En consecuencia, los portavoces de la Comisión del Pacto de Toledo para evitar que las pensiones sean un arma electoral han llegado a un acuerdo de mínimos en el método de la revalorización de las pensiones. Aparentemente todos juran y perjuran que no habrá pérdida de poder adquisitivo. No obstante, la redacción ha sido tan ambigua y premeditada que permite disponer de un gran margen de maniobra. En un primer momento parecía que se indexaba la subida al IPC, pero la realidad ha defraudado a los colectivos reivindicativos de retirados que empiezan a dudar de las buenas intenciones y siguen manifestándose en las calles. La inflación solo servirá de base para ese cálculo, por lo que no se incrementarán los subsidios, por tanto, conforme a esa única referencia, sino que se tendrán en cuenta otros parámetros vinculados a la economía, como productividad o crecimiento del PIB. De ahí que, se deje a la Mesa de Diálogo Social formada por sindicatos y patronal la incorporación de variables, aunque siempre tendrá la última palabra al Congreso que debe ratificar esos acuerdos.
Dado que se está desacelerando el crecimiento económico a marchas forzadas, habría que saber con seguridad qué pasaría con las pensiones en una posible situación de estanflación, es decir, de inflación junto con estancamiento económico. Seguramente ocurriría lo que todos intuimos: que todas las promesas se convertirían en papel mojado.
Ahora bien, el problema real de las pensiones es su financiación. Las cotizaciones sociales no son suficientes para cubrir el coste actual de las pensiones, ya que hay un desfase superior a 18.000 millones de euros. Déficit que se irá incrementando a medida que se incorporen nuevos pensionados. Para colmo, el fondo de reserva ideado para paliar esa incidencia está casi agotado y ya no da más de sí. El sistema de reparto con que se concibió esta prestación ha saltado por los aires. Por mucho que se afilien nuevos trabajadores al régimen de la Seguridad Social, sus cotizaciones no generarán los suficientes recursos para equilibrar el sistema. Los expertos calculan que harían falta 15 millones de nuevos cotizantes para cubrir esas retribuciones o retrasar varios años la edad de jubilación y variar el cálculo de las pensiones iniciales a la baja.
Por consiguiente, la única forma para mantener las pensiones actuales es recurrir a los Presupuestos Generales del Estado vía transferencias presupuestarias. Como los presupuestos no son como un chicle y no se pueden estirar y estirar, no cabe duda, en consecuencia, que lo verdaderamente urgente es saber cómo se va a sufragar ese gasto. Así pues, la amenaza es una subida de impuestos. Todos nos tememos eso. Costear las pensiones debe ser lo prioritario, aunque es muy probable que la solución se retrase y no se resuelva o clarifique hasta pasadas las elecciones, pues ningún partido querrá exponerse a la ira de los que tengan que pagar la factura.
De todas maneras hay muchas alternativas antes de subir los impuestos. Una de ellas es mejorar la eficacia y eficiencia de la Administración y reducir gastos innecesarios y superfluos, sobretodo en duplicidades, administraciones paralelas, chiringuitos políticos, prebendas, despilfarros y subvenciones clientelares. Ya en su día, hasta Felipe González pensó, por ejemplo, en suprimir las Diputaciones. Otro modo sería aflorar la economía sumergida y conseguir nuevos ingresos, por ejemplo, a través de la legalización del hachís o intensificando la lucha contra la piratería y las falsificaciones o reglando situaciones de hecho alegales. Aunque su recaudación vaya para los Ayuntamientos, también se podría exigir como en muchos países, entre ellos Italia, que la Iglesia pagase el IBI de sus bienes inmuebles que no están adscritos al culto y son objeto de explotación económica, lo que es lo mismo, de sus hospederías, sus pisos y locales alquilados, etc.… Igualmente, habría que incrementar la lucha contra el fraude fiscal y efectuar campañas de inspección contra sociedades instrumentales utilizadas solo con el único propósito de evadir impuestos.
Todas estas son medidas que no afectarían al bolsillo de los contribuyentes responsables y honestos, y no tendrían un efecto contractivo en la economía. Es más, sería necesario dar impulso y seguridad a las revalorizaciones de las pensiones con decisiones que favorezcan el crecimiento económico, porque la riqueza de un país es lo que permite que esta se pueda repartir. Los políticos deben buscar las mejores soluciones practicables, y ser imaginativos y valientes. Esperemos, por ende, que no sean ineficaces e ineficientes y no se repita lo que ya sucedió en Grecia, que tuvieron que bajar las pensiones y sacrificarse los mayores para pagar la deuda que otros engordaron. Los jubilados se merecen una vejez digna y mucho respeto.
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