Las cifras del paro en Jerez, el increíble endeudamiento municipal, la extrema situación en el hospital general, la desesperante cuestión del abandonado casco histórico, el deterioro del sistema educativo, los problemas de vivienda (4.000 personas demandantes a fines de 2015), la ausencia de programas de empleo eficaces, la siempre postergada reactivación económica en el sector agroindustrial, etcétera, tienen bloqueada a esta ciudad hasta un punto de descarrilamiento. La situación de apuro y precarización es total. La gente con menos recursos se desangra.
Mientras tanto, mientras padecemos esta devastadora situación social, se comprueba cómo se produce una amnistía fiscal para los ricos, se comprueba lo que hacen los ricos en Panamá y otros paraísos fiscales sin que el gobierno diga ni mú, se comprueba cómo “la distancia entre ricos y pobres ha crecido y en 2015 el 1% de la población concentró tanta riqueza como el 80% de los más desfavorecidos. La fortuna de sólo veinte personas en España alcanza un total de 115.000 millones de euros” (Informe OXFAM), se comprueba cómo la grave corrupción institucional y económica de altura no se castiga con dureza a pesar del ruido mediático, se comprueba, en definitiva, cómo campa a sus anchas un blablablá infinito mientras las familias, los trabajadores y las clases más humildes ingresan en las listas de población en riesgo de exclusión.
El único rayo de esperanza, el único gesto de dignidad, lo ha puesto encima de la mesa Podemos con una propuesta de Ley —que contó con la negativa del Partido Popular en el Parlamento en abril pasado— llamada de emergencia social, una iniciativa que quiere que el centro del debate político sean las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas, o sea, los derechos humanos de la gente concreta, de carne y hueso, que quiere “alternativas habitacionales a personas desahuciadas de sus viviendas, la supresión de los copagos y el reconocimiento de la dación en pago para las hipotecas, entre otras medidas”.
El viejo bipartidismo está convencido de que este gran robo que se está practicando contra el bien público y las necesidades sociales puede seguir siendo mantenido a base de barnizarlo como mera corrupción de algunos pocos, en vez de presentarlo como un sistema estructuralmente injusto. El bipartidismo que ha actuado como sórdida correa de transmisión de los poderes financieros está desplegando —véanse, por ejemplo, los vergonzosos y tendenciosos telediarios de TVE— las tácticas más arteras para dinamitar cualquier iniciativa que exija justicia y dignidad. PSOE y PP bloquean la vida política, económica y social, pero la culpa es de los que exigen el cumplimiento de los derechos humanos… ¡vaya!
Cristóbal Orellana.
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