"Si no puede pagarse este, que se busque otro más barato". El desafío imposible es una lamentable y sádica burla porque al ser una respuesta tan hipócrita como improcedente, cuando todos los arrendadores dicen lo mismo no se resuelve, se enquista y naturaliza el drama y se fija como si fuera lo más natural, una carencia ilógica, en muchos casos gravísima, pues el resultado 'solo' es el de ver familias sin viviendas, situación propicia al colmo de la miseria y la promiscuidad aunque se disfrace con la entelequia de 'vivienda compartida'. Vergonzosa excusa no solución, porque empeora en vez de resolver el problema, más aún cuando es recomendado por la Administración y los servicios sociales de algún Ayuntamiento en vano y farsante intento de hacerlo creer una solución lógica.
El precio de la vivienda ha subido de forma artificial y desmesurada, en especial desde la implantación del Euro, al refugiarse en ella la legalización del dinero 'B' y dejar en simple negocio un derecho y una necesidad. La verdadera solución, en aquel momento específico, habría sido la amnistía fiscal, que hubiera hecho aflorar ese dinero 'B' sin necesidad de buscar 'escondites', habría servido para promover inversiones y habría engordado el ingreso del fisco. Pero el gobierno de Aznar prefirió el camino en apariencia más coherente. Solo en apariencia, pues eso produjo un alza exagerada del precio de la vivienda que a su vez provocó una subida también desmesurada de los alquileres. Confíese en la reunión del presidente con el sector inmobiliario, ojalá sea eficaz. Pero si no lo fuera, la acción del gobierno debería ser directa y decidida.
Hace treinta años el alquiler de una vivienda podía ser una ayuda, un pequeño aporte a los ingresos habituales del arrendador. Hoy ha pasado a constituir un salario, para que quien alquile disponga de un sueldo más, en algún caso más sustancioso que el propio, por cada vivienda alquilada. Sin embargo, el Estado no percibe absolutamente nada de esos ingresos extra, porque no se les exige, no se vigila, no se obliga a su liquidación. La curva del precio de los alquileres es desmesurada, pero se ha alimentado a sí misma ante la falta de cualquier tipo de regulación y la práctica de una deleznable pasión por el dinero basada tan solo en 'lo que cobra el vecino', pues la avaricia es muy contagiosa y lo peor; poca gente huye del contagio. En efecto, cuando un arrendador encuentra un pardillo resignado a pagar lo que le pidan o un grupo de estudiantes se reparten el costo para no tener que cumplir las normas de las residencias, todos los demás arrendadores tienden a igualar sus precios por arriba, aunque no existan tantos pardillos ni tantos grupos de estudiantes disponibles para satisfacer su voracidad.
Esta es una de las formas más frecuentes de colaborar a la subida, pero hay otras: entre ellas el alquiler turístico, las Socimi, entidades gravadas con un impuesto ridículo que nunca llega al 1%, o los fondos buitre acostumbrados a acumular sin producir. Todas abren el apetito a los arrendadores, quienes actúan como si esos altos precios especulativos constituyeran una 'tarifa', e incluso llegan a considerar que ganar un poco menos es 'perder dinero'. Es sintomática la respuesta, de algunos propietarios, ya bastante generalizada: "Si tú me pagas lo que ganaría con alquiler turístico, puedes seguir aquí". No siempre consiguen entrar en el circuito del alquiler turístico, al contrario, cada vez menos pues a pesar de las reticencias del PP, se empieza a controlar el turismo de borrachera y peleas nocturnas, pero da igual, la codicia, la ambición siguen conduciendo a argumentar que ingresar un poco menos es perder dinero. El grado de ambición es el mismo ya se domine una parcela del negocio grande o pequeña. La exagerada subida es responsabilidad de todos, incluido el gobierno con independencia de quien lo cobre, que mil euros siempre son mil euros, entren en el bolsillo en que entren.
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