España es el país de la Unión Europea (UE) que más ha recortado en los últimos veinte años en lo que se refiere a la construcción de vivienda pública, un dato que alcanza a todas las administraciones públicas. El Confidencial, a partir de datos recogidos en Eurostat y la Seguridad Social española, destaca este hecho, que explica en buena medida las dificultades existentes para el acceso a la vivienda, tanto en alquiler como en propiedad, para colectivos como los jóvenes o las familias con recursos limitados.
Simplemente, la inversión pública en este sector tanto del Gobierno central como de las administraciones autonómicas (o incluso los ayuntamientos) es muy escasa.
Un gobierno de izquierdas debería prestar mucha más atención a este aspecto. Es cierto que el nuevo gobierno de coalición del PSOE con Sumar lleva menos de cuatro meses y que será a partir de las próximas semanas cuando haya que empezar a pedirle responsabilidades en esta materia, una vez que haya nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE), pero tampoco es menos cierto que Pedro Sánchez en junio cumplirá siete años al frente del Ejecutivo y que sus sucesivos gobiernos no pueden aportar gran cosa en el 'habe' en materia de promoción de vivienda para las capas con menores ingresos. Los socialistas llevaron en su programa electoral del 23J distintas iniciativas en colaboración con otras Administraciones que totalizaban la puesta en marcha de varios cientos de miles de viviendas, pero de eso, por ahora, a la espera de que se 'active' el Gobierno, tampoco hay nada.
Lo que hay es la fuerza de las estadísticas del 2004 a ahora, indistintamente de que hayan gobernado socialistas (más bien) y populares. La Vivienda está en el 0,5% del Producto Interior Bruto (PIB) de España, respecto a 1,5% en el de la UE, mientras que el gasto público en las Pensiones, Sanidad, Gasto Social, Educación, Orden Público, Cultura, Medio Ambiente, etc, es en todos los casos superiores al de esta área, que ocuparía un modestísimo y elocuente undécimo lugar.
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