Circula por redes un bulo —eso es lo malo de las redes, que puedan circular bulos con tanta facilidad, no teníamos bastante con los medios reaccionarios, aquellos que hablan en nombre de la razón que no tienen— según el cual “la UE habría aprobado para sus funcionarios la jubilación a los 50 años, con un salario neto de nueve mil euros”.
Por suerte la Unión Europea no está tan loca y se ha podido comprobar la falsedad del aserto, pues la jubilación es a los sesenta y dos años e irá subiendo hasta los sesenta y siete, y el sueldo es menos de una tercera parte de esa abultada cantidad. Tan burda falsedad ha servido para montar una polémica innecesaria e inútil. Hénos aquí discutiendo si eso es más grave o menos, que el hecho de que una persona que formó parte de ETA mientras existió la banda terrorista tiene derecho o no a concurrir a las elecciones, o incluso si tiene derecho a ello una persona condenada injustamente, por cuya condena España se ha visto obligada por los tribunales europeos a desembolsar una multa millonaria.
Desde luego el nivel de colaboracionismo con la reacción es mayúsculo en este Estado español dónde nos ha tocado vivir. Se emplea el tiempo en discutir si una persona tiene derecho a recibir representatividad de sus vecinos, con tal de llenar de basura el cubo de las elecciones y desprestigiar al propio sistema electoral —que en ese punto no hace más que cumplir con la Ley— y culpar a partidos que no gozan de sus simpatías, con el fin de esconder los verdaderos problemas que nos atañen a todos.
Porque si eso hubiera sido cierto, lo que de por sí es difícil de creer, con esos nueve mil euros por empleado, que al año llega a superar los tres mil millones, bastaría para subir las pensiones durante varios meses. Pero de eso no quieren ni oír hablar los partidos reaccionarios (PP y Vox), ni sus seguidores, ni a ninguno de ellos les preocupa el bienestar de los españoles, que por algo se siguen negando a cualquier subida que el Ejecutivo pudiera llevar a cabo. Por eso centran su discurso en si unos son “comunistas” u otros son “terroristas”, términos sin correspondencia con ninguno de ellos, y este último que por estar ilegalizado el terrorismo, podría salirle caro a quienes acusan a otros de serlo.
Los partidos suelen poner sus propios intereses o aquellos que llegan a creer sus propios intereses, por encima de los intereses de la mayoría. Eso es práctica execrable a la que nos tienen acostumbrados, unos bastante más que otros.
Lo peor es que esas mismas posiciones estratégicas y anti estéticas puedan ser tomadas por gente del común. Gente, algunos de los cuales se cree alguien, pero sigue siendo del común, gente, ya sean empleados, funcionarios, trabajadores manuales o vulgares escribientes, tienen que salir todos los días a cumplir con su trabajo para tener ocasión de comer y vestir. Los intereses de los partidos de la derecha y la ultraderecha en el Estado español, fundamentalmente son en estos momentos crear conflicto permanente con el gobierno y criticar hasta las subidas de salarios o de pensiones, todo en el intento insano, en el esfuerzo demagógico por debilitar al Ejecutivo.
¿Por qué no han protestado esos políticos y sus adlátares contra la huelga de jueces y fiscales, que paralizan la ya de por sí lenta Justicia, y la paralizan no para pedir agilidad, no para exigir más medios, sino para duplicar unos sueldos, los suyos, que hasta el momento de empezar la huelga estaba por encima de los cuatro mil euros mensuales? Ahí no se meten por dos razones: porque son clase alta, la primera. Y porque algunos de esos jueces y fiscales son “de su cuerda”, podrían sentenciar a su gusto y pueden sentarse a conspirar con el señor Feijoo en cualquier momento. Pero votar contra pequeñas subidas de salarios de mil euros, eso sí, porque eso merma en mínima medida los ingresos de sus amistades y benefactores. Para que los defiendan y les apoyen algunos imbéciles, traidores a sus propios intereses. En los escasos días de votación tienen el pueblo la ocasión de responderles como merecen.
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