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Las ideologías deben estar supeditadas al servicio del bien común, no al de unos pocos, salvo que se propongan soluciones justas.

En este país está devaluado el trabajo intelectual. Todo el mundo acepta que te cobren un riñón por un arreglo de fontanería, electricidad o albañilería, pero, en cambio, si tienes que efectuar un escrito, por ejemplo ante la administración o un recurso que te lleva el mismo tiempo de trabajo o más, nadie está dispuesto a pagar de la misma manera que los trabajos manuales. Más de una vez me he llevado una decepción con conocidos a los que les he arreglado gratis algún papeleo porque, después, cuando he necesitado de sus conocimientos manuales, éstos, olvidándose de mi dedicación para solucionar sus problemas, me lo han querido cobrar a precio de mercado o incluso por encima.  

Algo de eso pasa con los derechos intelectuales. Nadie está dispuesto a pagar por ello. Se considera que todo el mundo se puede aprovechar del esfuerzo mental del otro, despreciando el empeño del vecino, como si fuéramos un parásito.  Además, no existe una conciencia delictiva si uno fotocopia un libro o copia un CD o una película para ahorrarse unos euros. En cambio, esa simple acción está provocando un gran daño económico tanto al fisco como al tenedor de esos derechos y perjudica y desestimula nuevas tareas creativas. 

Los manteros viven en la marginalidad recogiendo las migajas de las falsificaciones de productos, cuando sus proveedores, mafias delictivas perfectamente organizadas, sacan beneficios descomunales y desproporcionados. Estas mafias mueven contenedores enteros de imitaciones de un país a otro y manejan grandes sumas que esconden en paraísos fiscales o blanquean. Asimismo, estas organizaciones delictivas se aprovechan del desamparo de mucha gente necesitada y sin papeles, poniéndolos de pantalla y cubriéndose con ellos las espaldas para no ser detenidos. Por eso no entiendo que se intente hacer la vista gorda cuando un mantero vende un producto ilegal, pues de ese modo se está favoreciendo a esa peligrosa hampa. 

Estas falsificaciones generan una espiral de economía sumergida, exenta de control fiscal, y, encima, generan un daño enorme, por su competencia desleal, a empresas que están al día con sus deberes fiscales. Esto fomenta el desempleo, hasta el punto que se considera que por culpa de este negocio ilegal se han perdido miles de puestos de trabajo directos en nuestro país. Apoyar a estos manteros es no creer en los servicios públicos ni en las prestaciones sociales, como las pensiones, porque éstos y éstas se sostienen únicamente con los impuestos y las contribuciones sociales derivadas de las nóminas dadas de alta.  

Y las ideologías deben estar supeditadas al servicio del bien común, no al de unos pocos, salvo que se propongan soluciones justas

El colmo de esto es que se haya presentado en el Congreso de los Diputados una propuesta de modificación del código penal para que estas falsificaciones, si no superan los 400 euros de beneficio, no se consideren delito. Hacer esto es favorecer a las mafias. Lo peor de todo, es que el partido que ha efectuado esta propuesta presume que cuando llegue al poder, a través de la inspección fiscal, va a conseguir aflorar miles de millones de economía sumergida, cuando  precisamente con esta media consigue todo lo contrario: crear un agujero fiscal y que las mafias se froten las manos por la ampliación de su negocios ilícitos. 

Las falsificaciones mueven más dinero que el tráfico de drogas y, encima, esta mafia es mucho más difícil de combatir. Por eso, lo de Lavapiés no se debe de consentir, por mucha pena que nos den los senegaleses. Esa condescendencia con el crimen organizado, si no la atajamos rápido, después la pagamos todos. Y las ideologías deben estar supeditadas al servicio del bien común, no al de unos pocos, salvo que se propongan soluciones justas.

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