Los chiringuitos llevan décadas formando parte del paisaje de las playas gaditanas. Que de Despeñaperros para arriba se hable de “Cádizfornia” no es casualidad: tiene que ver con una forma de entender y disfrutar la vida, pero también con los muchos atractivos de una provincia en la que su litoral ocupa un lugar privilegiado. Y, en ese escenario, pocos placeres hay más sencillos que tomarse una caña después de un baño, compartir un aperitivo o sentarse a almorzar con los pies sobre la arena.

Pero detrás de esa imagen idílica existe una realidad administrativa mucho más compleja que no todos conocen.

Los terrenos sobre los que se asientan pertenecen al dominio público marítimo-terrestre y su explotación depende de una concesión. Ahora, las reglas que determinan cómo se conceden, cuánto duran y qué ocurre cuando una concesión llega a su fin están a punto de cambiar.

Todo esto se debe a que el Ministerio para la Transición Ecológica ha planteado una modificación del Reglamento General de Costas que introduce cambios en los procedimientos de selección de los titulares de concesiones y autorizaciones que amparen actividades económicas. El anteproyecto establece que esos procedimientos deberán garantizar la imparcialidad, la transparencia y la publicidad, además de modificar aspectos relacionados con la duración, las prórrogas y la extinción de determinadas concesiones.

La propuesta ha provocado inquietud entre los empresarios del sector. La Federación Andaluza y Nacional de Empresarios de Playas (Faeplayas), a través de su vicepresidente, Francisco Trujillo, hablaba días atrás del "principio del fin" del modelo tradicional de chiringuito en Andalucía. Pero, ¿qué cambia realmente? ¿Afectará a quienes ya tienen una concesión? ¿Podrán los pequeños empresarios competir con grandes grupos? Y, sobre todo, ¿puede acabar cambiando el tipo de chiringuito que conocemos en las playas de Cádiz?

Una reforma más allá de los chiringuitos

La primera cuestión que conviene aclarar es que el anteproyecto no es una norma diseñada específicamente para los chiringuitos. El Gobierno plantea adaptar el Reglamento General de Costas a las exigencias derivadas del derecho europeo, especialmente en materia de concurrencia competitiva para actividades económicas desarrolladas sobre dominio público marítimo-terrestre. Pero sus efectos pueden alcanzar de lleno a estos establecimientos.

Antonio Guerrero, presidente de la Asociación de Empresarios de la Costa de Cádiz (Aecca), que aglutina en la provincia a unos 130 negocios considerados como chiringuitos, considera que parte del debate se ha planteado de manera demasiado categórica. "La interpretación de que iban a desaparecer es un poco errónea o al menos habría que hacer aclaraciones", sostiene.

La preocupación de Aecca se encuentra, fundamentalmente, en cómo se modifican las reglas de las concesiones y en la seguridad jurídica de quienes ya han obtenido sus títulos.

Guerrero, que además es propietario de El Chiringuito, en Tarifa, cuestiona que determinados asuntos puedan abordarse mediante una modificación reglamentaria cuando, a su juicio, afectan al marco establecido por la propia Ley de Costas. "No me meto en que el legislador adapte las leyes, pero se hacen modificando las leyes, no por la puerta de atrás", afirma.

El Gobierno, en cambio, plantea el anteproyecto como una adaptación reglamentaria al marco legal y europeo.

¿Qué ocurre cuando termina una concesión?

Una de las claves para entender el debate es entender que un chiringuito no es propiedad de quien lo explota.

El empresario obtiene un título administrativo para ocupar y desarrollar una actividad en un espacio de dominio público. Cuando esa concesión termina, el espacio vuelve a quedar sometido al procedimiento que corresponda para una nueva adjudicación.

Antonio Guerrero recuerda que los actuales empresarios han llegado a esos espacios mediante procedimientos públicos, ganados en concurso, y el anteproyecto refuerza precisamente la concurrencia competitiva para las actividades económicas. Los procedimientos deberán contar con unas bases y establecer los criterios de adjudicación y la ponderación de cada uno de ellos.

Esto significa que la reforma no establece que vaya a ganar automáticamente quien más dinero ponga sobre la mesa, pero sí cambia el escenario en el que los actuales concesionarios tendrán que desenvolverse cuando llegue el momento de volver a competir.

El pequeño empresario frente al gran grupo

Y ahí aparece uno de los mayores temores de Aecca. Guerrero asegura que entre los empresarios del sector existe preocupación por la llegada de grandes grupos empresariales, a menudo incluso de fuera de la provincia gaditana, con una capacidad económica que, a su juicio, puede resultar muy difícil de igualar para un negocio familiar. "Ponen cantidades que para nosotros sería un imposible", afirma.

El anteproyecto establece que serán los pliegos de cada procedimiento los que determinen los criterios de adjudicación y su ponderación. José Antonio Medina, propietario de Coconovo Beach y Santorini Beach, en Sancti Petri, da su opinión al respecto. Reconoce que estos pliegos "deben facilitar una libre concurrencia", pero también piensa que "esto da pie a que gente que no tenga nada que ver con la explotación directa de estas instalaciones, o que busquen otros objetivos con cuestiones nada claras, se puedan meter en esto".

Porque, como recuerdan desde Aecca, no es lo mismo valorar únicamente una oferta económica que tener en cuenta también la experiencia, la inversión, el empleo generado, el proyecto gastronómico o el servicio prestado a los usuarios de la playa.

El modelo de chiringuito

Y es entonces cuando aparece la parte más interesante del debate. ¿Puede cambiar en el futuro el modelo tradicional de chiringuito?

Para los empresarios consultados por lavozdelsur.es, el riesgo no está únicamente en que cambie quién explota un establecimiento. También existe la posibilidad de que cambie qué tipo de establecimiento acaba instalándose en la playa.

Antonio Guerrero habla de la llegada de grandes grupos que, según denuncia, pueden plantear modelos alejados del chiringuito tradicional para dedicarse "a otra actividad que no es la propia nuestra", recordando que tradicionalmente son establecimientos "de apoyo a la playa dedicados a la comida y la bebida, aunque puedan incorporar música", por lo que "si lo que se va a montar es una discoteca o si lo que se va a montar es otra cosa, pues ya lo cambian absolutamente todo".

José Antonio Medina comparte esa preocupación por la evolución del modelo y defiende el carácter gastronómico de este tipo de establecimientos: "Aquí tenemos una cultura histórica que habría que preservarse, el modelo tradicional centrado en la cocina autóctona".

Del chiringuito gastronómico al ocio

Durante los últimos años, el concepto de chiringuito ha evolucionado. Algunos establecimientos han ampliado horarios, oferta gastronómica y propuestas de ocio.

El presidente de Aecca es partidario de esta evolución que han tenido los chiringuitos en la provincia gaditana y recuerda que "después de muchos años se nos permitió un poquito de música en vivo", pero recuerda que el modelo por el que Cádiz se ha hecho famoso fuera de sus fronteras es por aquel de "conciertos de pequeño formato", esos que no modifican el mobiliario del chiringuito y que tampoco permiten grandes equipos de amplificación de sonido.

"Hemos conseguido un modelo de negocio y un modelo de provincia precioso, en el que vas a un chiringuito y tienes a una parejita cantándote un poquito de flamenco o un jazz o cualquier cosa, pero todo muy suave, y estás disfrutando de un tardeo, sentado, escuchando una pequeña actuación", considera Guerrero.

Ahora, sin embargo, afirma que hay "grandes grupos empresariales que estamos viendo que llegan a la playa y desarrollan otro modelo de negocio, diferente al tradicional nuestro, que no nos permite esos márgenes de beneficio ni esa facturación. Y si ese modelo de negocio se permite es que parece que no les importa el futuro de la playa a algunas administraciones".

José Antonio Medina es de la misma opinión y su temor es que determinadas instalaciones terminen convirtiéndose en negocios cuya actividad principal sea la fiesta y la venta de alcohol, alejándose de lo que tradicionalmente ha sido un chiringuito: "Aquí existe una cultura histórica profundamente vinculada a nuestros chiringuitos. Creo que debemos preservar ese modelo tradicional, basado en la cocina autóctona, el producto local y una forma muy nuestra de entender y disfrutar la playa". Y añade: "Los chiringuitos forman parte de la identidad del litoral gaditano y de la propia experiencia turística de Cádiz. Son establecimientos que han acompañado durante décadas la evolución de nuestro destino y constituyen un patrimonio cultural, gastronómico y social que merece ser protegido".

Y es más, recuerda que sin el servicio de los chiringuitos tradicionales sería "imposible" la Q de calidad que ostenta, por ejemplo, la playa de La Barrosa, en Chiclana, y pone de ejemplo "el uso de nuestros aseos, que son públicos, no exclusivos para clientes, sino que son unos aseos que obligatoriamente se aportan para los usuarios de la playa, aunque no sean clientes".

¿Qué ocurre con las inversiones realizadas?

Hay otra cuestión que afecta especialmente a quienes llevan años explotando estas instalaciones: las inversiones realizadas durante la vigencia de una concesión.

El anteproyecto contempla disposiciones transitorias para determinadas concesiones económicas que ya hayan sido prorrogadas conforme a la Ley 2/2013. En esos casos, establece mecanismos para adaptar los títulos al nuevo marco y contempla que su duración pueda quedar vinculada al tiempo necesario para amortizar determinadas inversiones y garantizar una remuneración equitativa del capital invertido.

Esto supone que el texto sí tiene en cuenta la inversión realizada por determinados concesionarios, aunque dentro de unas condiciones concretas.

Para empresarios como Medina, sin embargo, la incertidumbre está en qué ocurrirá cuando llegue el momento de afrontar un nuevo procedimiento. Porque detrás de cada concesión hay instalaciones, trabajadores, proveedores y años de construcción de una marca. Y pone precisamente el foco en esa dimensión empresarial.

Sus establecimientos forman parte de una actividad que, no sólo durante los meses de la temporada de verano, moviliza trabajadores y proveedores y genera un importante movimiento económico alrededor de las playas, y ese es uno de los argumentos que utiliza el sector para reclamar que el debate sobre las concesiones no se reduzca a quién presenta la oferta económica más alta.

La cuestión que queda abierta es si esos elementos tendrán suficiente peso cuando se elaboren los futuros concursos, porque el anteproyecto deja en manos de los pliegos la concreción de los criterios y su ponderación.

¿Qué pasará con los chiringuitos?

Falta por hacerse una última pregunta: ¿desaparecerán los chiringuitos? En principio, la respuesta es no. Al menos no es eso lo que dice el anteproyecto. La reforma no establece que los chiringuitos actuales tengan que desaparecer ni que el modelo tradicional vaya a extinguirse automáticamente.

Lo que sí puede cambiar es el escenario en el que estos empresarios tengan que competir cuando sus concesiones lleguen a su final y se convoquen nuevos procedimientos.

Y ahí aparecen las incertidumbres que preocupan al sector: la duración de las concesiones, las posibilidades de prórroga, los criterios de adjudicación, la capacidad de competir frente a grandes grupos empresariales y el tipo de actividad que finalmente se desarrolle en las playas.

Antonio Guerrero reconoce que hacer una predicción a diez años es complicado, pero mantiene su advertencia: "Que va a ser un riesgo absoluto y que los chiringuitos tradicionales no van a poder de alguna manera estar ahí, casi seguro. Esto se convertirá en un negocio para grandes grupos, pero para una familia que trabaja, desarrolla, explota y vive de un chiringuito tal y como lo hemos conocido siempre se le va a poner muy cuesta arriba".

José Antonio Medina lo resume desde la perspectiva de quien también lleva años en el sector: "Yo estoy haciendo otras cosas y tratando de hacer otras inversiones fuera de lo que es el dominio público, sabiendo que esto se va a poner bastante complicado en el futuro. La impresión es que nos quieren sacar de la playa, que el ministerio no quiere instalaciones en la arena y que van a intentar en la medida de lo posible ir quitando o ir haciendo todo lo posible para que no haya instalaciones de tipo chiringuito en la playa".

De esta manera, ahora mismo no es cuestión de hacer predicciones de si Cádiz tendrá o no chiringuitos dentro de cinco, diez o quince años. Los seguirá teniendo si las condiciones legales y administrativas lo permiten. La cuestión es saber quién estará detrás de ellos y si seguirá siendo el mismo chiringuito que hoy forma parte del paisaje clásico de las playas gaditanas.