Juana Guerrero tiene 84 años y teme que, cualquier día, su casa se derrumbe. Así de crudo. Vive en la barriada de Torresoto, en Jerez, encima de una vivienda con importantes desperfectos estructurales, con grietas de hasta dos centímetros de anchura y dice 15 centímetros de profundidad. 

Hace años, hasta tuvo que abandonar temporalmente su vivienda, y se ha llegado a gastar 14.000 euros en una reforma para instalar vigas de hierro en algunas habitaciones y reforzar el inmueble. Pero una obra que lleva casi dos décadas abandonada, en la parcela colindante, está provocando estragos en su casa. 

Ahora, un informe municipal confirma la existencia de daños estructurales y advierte de un posible hundimiento en una zona de la vivienda de su vecino, sobre el que vive ella. Su habitación ya la ha desalojado, y ha reestructurado la organización, para evitar las zonas con mayor riesgo. 

"Desde 2007 estamos peleando con el ayuntamiento para que arreglen esto", explica Juana Guerrero durante una conversación con este periódico, acompañada de su hija, Antonia Mariscal, y de su nieta, Lucía Mayo.

El problema ha adquirido una nueva dimensión después de que la delegación de Urbanismo del Ayuntamiento haya notificado a las propietarias del inmueble la obligación de adoptar medidas urgentes de seguridad. El informe de Urbanismo recoge una valoración administrativa provisional de 5.911,81 euros para estas actuaciones de rehabilitación. 

Esta vecina octogenaria de Torresoto, que tiene una pensión de unos 900 euros mensuales, dice que no puede asumir este gasto, y se queja de que tenga que hacerlo por un problema que no ha originado ella, ni su vecino de abajo.

Una advertencia por riesgo de hundimiento

El informe elaborado por la unidad de control de edificación e Inspección técnica de edificios de Urbanismo recoge los resultados de una visita realizada por los servicios municipales, avisados por Juana precisamente.  

Los inspectores comprobaron que en la parte posterior del inmueble existe un asentamiento del suelo de la planta baja, acompañado de grietas horizontales de entre uno y dos centímetros de anchura y entre diez y 15 centímetros de profundidad.

La inspección también permitió detectar desde la cubierta una grieta vertical que recorre toda la altura del edificio, coincidiendo con el pilar afectado. En cambio, los técnicos no apreciaron grietas ni fisuras en el interior de la primera planta.

Con estos antecedentes, Urbanismo advierte de que la vivienda está habitada y de que "existe riesgo de hundimiento de la zona afectada al fondo de la parcela", por lo que exige realizar un estudio exhaustivo de los cimientos y de la estructura para determinar las medidas necesarias. 

El documento advierte de que el incumplimiento puede provocar multas coercitivas o la ejecución subsidiaria de los trabajos por parte de la Administración. También recuerda que los incumplimientos que pongan en peligro la seguridad o la salud pueden constituir infracciones muy graves, sancionadas con multas de entre 30.000 y 120.000 euros.

Tres días de plazo para apuntalar la zona afectada

La resolución municipal obliga a apuntalar el forjado de la parte posterior de la planta baja, utilizando al menos puntales, durmientes y sopandas. También contempla clausurar la zona correspondiente en la primera planta y la cubierta.

Las medidas deben ejecutarse en un plazo máximo de tres días desde la notificación. Es precisamente esta urgencia la que ha indignado a Juana y a su familia, que aseguran llevar años solicitando soluciones.

La hija de Juana, Antonia Mariscal, considera contradictorio que la Administración haya tardado semanas en elaborar un informe y ahora exija una respuesta prácticamente inmediata.

Fuentes municipales apuntan a lavozdelsur.es que el Ayuntamiento de Jerez no puede intermediar en un conflicto entre dos particulares, y que Urbanismo tiene el deber de intervenir tras comprobar que el inmueble presenta desperfectos estructurales. 

Juana Guerrero y su familia desconocen quien es el propietario de los terrenos con las obras a medio terminar, aunque asegura que lo han solicitado ante el Registro de la Propiedad, sin éxito. 

Más de 14.000 euros en reparaciones 

Juana Guerrero relata que los problemas comenzaron hace años, cuando empezaron las obras de una promoción de viviendas que se quedó en el esqueleto. En lo que iba a ser el garaje, se acumula agua con las lluvias. Una situación prolongada en el tiempo, que está debilitando la estructura de su vivienda y la de sus vecinos. 

“Hicieron un muro de contención insuficiente, porque no cubrió toda la pared”, se quejan estas vecinas. Precisamente en el tramo al que no llega el muro, es donde han aparecido enormes grietas. 

Posteriormente, asegura Juana, tuvo que pagar una importante reforma en su propia vivienda, incluyendo la instalación de vigas y la adquisición de materiales para reforzar la construcción, invirtiendo más de 14.000 euros. 

Antonia Mariscal, hija de Juana, asegura que desde 2007 han trasladado numerosas quejas por las molestias ocasionadas por una obra inacabada que en este tiempo ha sido foco de insalubridad. 

Una pensión de 900 euros y una familia que busca asesoramiento

Juana Guerrero insiste en que no puede afrontar otro desembolso de miles de euros. La vecina explica que sus ingresos rondan los 900 euros mensuales. La familia no niega la gravedad de los desperfectos ni la necesidad de adoptar medidas de seguridad. Lo que cuestiona es que corresponda a Juana sufragar unas intervenciones cuyo origen, según sostiene, debe investigarse.

También se plantean solicitar una valoración pericial que permita establecer las causas del problema y determinar las posibles responsabilidades. "Algo ha fallado", sostiene Antonia al referirse a las actuaciones realizadas durante estos años, que no han hecho efecto. 

Mientras tanto, Juana Guerrero sigue aferrada a una vivienda en la que lleva residiendo más de medio siglo. Asegura que la ha cuidado durante toda su vida y que no entiende cómo una situación que lleva denunciando desde 2007 ha terminado convirtiéndose en un callejón sin salida, teniendo que hacer frente a una reparación que entiende que no le corresponde.