Un bote de agua bendita reposa en una mesa repleta de cajas de medicamentos. Innumerables pastillas que Llésica Mel acaba de sacar de dos enormes neceseres. Cada vez que sale a la calle los lleva con ella. “Esto no es vida”, dice esta portuense de 46 años, afincada en Puerto Real, que se ha sometido a 22 operaciones que le han dejado secuelas físicas y emocionales.
Toma antibióticos constantemente. Sufre continuas infecciones y contracciones y ha perdido la sensibilidad. No tiene detrusor ilíaco, ni nervio pudendo, ni endometrio, ni útero ni trompas de falopio, además de graves perforaciones en la vagina. “Mi vejiga está muerta, tengo una fístula y no hay solución”, añade. Le extirparon las dos mamas y usa pañales. Un impresionante historial pluripatológico que ocuparía todo el artículo.
A pesar de no poder trabajar ni realizar las labores cotidianas sin ayuda, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) no recoge todas sus patologías, le ha concedido la incapacidad permanente total, pero no la absoluta. Por ello, esta autónoma reclama una "reevaluación justa" porque considera que la valoración actual no refleja en absoluto la gravedad de su estado. “Para el SAS solo me falta un pecho”, lamenta.
Es mediodía y en lo que va de mañana ya se ha cambiado tres veces de pañales. “Cuando voy a la farmacia espero a que no haya nadie para comprarlos, para mí es humillante. Ir al supermercado y que una señora me diga, ¿está usted meada? Eso es muy duro”, comenta esta mujer que lleva todo el día pensando en que tiene que ducharse.
Su vida dio un giro radical cuando empezó a tener dolores en las mamas. Antes de la pandemia se operó del estómago por padecer obesidad mórbida y perdió 60 kilos. “Gracias a la operación me vieron que tenía problemas en un pecho. Me salía sangre del pezón y un olor fuerte. Fui al hospital, me hicieron todo tipo de pruebas y, al final, me quitaron el 75% de la mama”, detalla Llésica.
Tras una serie de complicaciones, en octubre de 2022 le quitaron las dos mamas. Llésica tenía una peluquería en Cádiz, en la que trabajó hasta el último momento. A los cuatro días de la extirpación, con su bolsa de drenaje, ya estaba peinando a una novia. Nunca pidió la baja porque pensaba que se iba a curar, pero, desafortunadamente, todo se agravó.
“Estuve dos años sin nada, en la lista de espera para la reconstrucción. Una doctora me dijo que por qué me las habían quitado, que ella no veía motivos”, explica mientras muestra sus cicatrices. En 2024 le intervinieron para reconstruirle las mamas con músculo y grasa de su propia espalda.
Sin embargo, en esos dos años, sus patologías aumentaron. Empezó a sangrar sin cesar, teniendo que ponerse un DIU que su cuerpo expulsó. “Estuve ocho meses sangrando, me pusieron tratamientos, goteros y nada. Hasta que decidí ir de pago, me detectaron un tumor en el ovario y había que quitarlo”, explica. En el quirófano, le dijeron que también había problemas en el útero, así que, como tenía antecedentes de su madre –murió por cáncer de mama– decidió “que limpiaran todo”.
El 23 de julio fue su última operación y, la próxima, será el 9 de diciembre. Además de su lucha diaria por salir adelante, lleva otra a cuestas desde enero de este año, cuando recibió la valoración de incapacidad permanente total. Su caso está en manos de José Miguel López, abogado de CRP Bufete de El Puerto, que está implicado de forma altruista en devolver la esperanza a Llésica.
“Yo no veo ahí que ponga que me falta el nervio pudendo ni que me falta el detrusor ilíaco. Que tengo la fístula vaginal. Tampoco veo que me falte también el otro pecho ni que tengo los ligamentos del hombro rotos”, señala la portuense mientras lee la valoración del INSS. “No han reflejado nada. No han mirado mi expediente. ¿En manos de quién estamos?”, lamenta. "Me gustaría preguntarle al médico forense cómo trabajo yo así", añade.
Un largo proceso judicial
Tras recibir la resolución del INSS, el abogado tramitó una reclamación previa e incluso trasladó la situación al Defensor del Pueblo andaluz. Al percibir silencio administrativo, la portuense interpuso una demanda. “Me gasté dinero en un informe pericial y me hice pruebas muy duras”, reconoce Llésica, conmocionada.
En septiembre de este año, fue admitida a trámite, quedando fijado el señalamiento para el 30 de junio de 2027. Es decir, Llésica no podrá conocer si finalmente le conceden la incapacidad permanente absoluta hasta dentro de dos años. Una noticia que le sentó como un jarro de agua fría. “Yo he intentado quitarme la vida. ¿Cómo vivo yo así? ¿Cómo vivo?”, dice.
La portuense no puede contener las lágrimas al transmitir que se encuentra completamente devastada. “Entre los quirófanos que me quedan y como estoy... Yo no creo que llegue”, dice.
Ella solo reclama sus derechos después de 19 años cotizados como autónoma. Tras conocer la resolución del INSS, ha interpuesto un recurso de reposición. “El ciudadano medio no tiene la obligación de soportar el perjuicio que le genera a sus derechos fundamentales, que la Administración de Justicia esté completamente desbordada. Es un mal endémico de nuestro sistema”, sostiene el abogado, que lamenta que haya muchas más personas en circunstancias similares. Según percibe, "la Seguridad social cada vez concede menos".
El letrado ha hecho todo lo que está en su mano para el adelanto de la fecha de este juicio ante la gravedad de la situación. “La respuesta del juzgado es que reconocen que hay una vulneración. Ante esto, presento un recurso de revisión. Ya lo único que queda es un recurso de amparo constitucional, la última vía”, explica.
"Las pruebas están en mi cuerpo"
Llésica se encuentra en una situación económica complicada que podría aliviar si tuviese la incapacidad permanente absoluta. Desde que tuvo que dejar su trabajo no genera ingresos y tiene que pagar la hipoteca y el coche. Además, tiene tres hijos. “Con 639 euros no puedo vivir, ¿cómo lo hago?”, comenta.
Los seguros de estos bienes materiales solo cubren la incapacidad permanente absoluta y no la total. Por ello, este reconocimiento arrojaría un poco de luz a su vida, que ya de por sí está repleta de dificultades. Junto al sofá de su salón, la portuense guarda varias carpetas llenas de documentación. “Al juicio llevaré todas, las pruebas están en mi cuerpo”, dice con determinación.
Mientras tanto, Llésica saca fuerzas para seguir adelante, y dedica su tiempo a los demás como colaboradora de Cáritas. Junto a ella tiene a su marido, sus hijos y el gran apoyo de seres queridos y vecinos que le arropan en un momento tan duro. “¿En qué mundo vivimos? ¿Dónde está la empatía ¿Dónde está la humanidad? Ya no la hay”, suspira.
