"Es difícil ser mujer jueza, la gente tiende a respetarte menos y hay una sobreactuación que a lo mejor un hombre no necesita"

La jueza de los narcos del Campo de Gibraltar, Carmen Martínez Perza, reflexiona en lavozdelsur.es sobre su labor y diversos asuntos judiciales de actualidad. También hace balance de su paso por una de las plazas más hostiles del país: “Llega un momento en que cansa estar tanto tiempo en tensión; he sentido miedo y desconfianza”

Carmen Martínez Perza, ante el Palacio de Justicia de Algeciras, en días pasados, antes de su entrevista con lavozdelsur.es.
Carmen Martínez Perza, ante el Palacio de Justicia de Algeciras, en días pasados, antes de su entrevista con lavozdelsur.es. JUAN CARLOS TORO

Carmen Martínez Perza (Sevilla, 1970) hace algo más de cinco años que comenzó su andadura como magistrada y cuatro que obtuvo su plaza como titular del Juzgado de Instrucción nº4 de Algeciras, uno de los cinco que tiene la ciudad más poblada del Campo de Gibraltar. Tras 20 años ejerciendo como abogada e implicada activamente en el trabajo con ONG vinculadas con las prisiones y la atención a personas con problemas de drogodependencias —aún hoy es vicepresidenta de UNAD, la Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente—, esta hiperactiva magistrada pone punto y final a su estancia en uno de los territorios más hostiles del país para impartir Justicia y se traslada a Huelva para seguir con su carrera judicial.

Después de vérselas cara a cara con los capos de la droga en el Estrecho, Martínez describe a lavozdelsur.es su trabajo incesante en la lucha contra los narcos y reflexiona sobre otras cuestiones judiciales de actualidad en España. Entre otras cosas entre manos, ha tenido una ponencia esta semana como miembro del Grupo de Estudios de Políticas sobre el Cannabis, forma parte de la Comisión Penal de Juezas y Jueces para la Democracia que analiza el proyecto de ley orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual —la conocida como ley del 'solo sí es sí’—, y quiere dejar amarradas varias causas “gordas” antes de partir hacia su nuevo destino.

Martínez Perza abre la puerta de su despacho en el Palacio de Justicia de la plaza de la Constitución algecireña, “os advierto que es un poco feo”, y en su tablón ya se divisa también un imponente cartel con el logo de la asociación progresista de magistrados, de la que forma parte actualmente como coordinadora en Andalucía Occidental. En su trayectoria, además, ha organizado jornadas, conferencias, ha intervenido en programas en el ámbito penitenciario y ha dado clases en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, ciudad en la que se licenció —en la Universidad de Sevilla— y saltó al mundo del derecho como pasante, “como empezamos todos”, en un despacho. Reconoce que está “en mil cosas, demasiadas”, aunque también confiesa que tiene tiempo para ver alguna serie, “que no sea de juicios o relacionada con mi trabajo”, y de ir al gimnasio.

¿Es posible, en cierta medida, combatir el narcotráfico regularizando ciertas sustancias como el cannabis?

El tema del tráfico de drogas es muy complicado. La legislación sobre drogas que tenemos a nivel internacional, de corte estrictamente prohibicionista y penalmente muy dura, porque el tráfico de drogas acarrea penas muy severas en España, viene de principios de los años 60 del siglo pasado con la Convención Unica de Viena de 1961 y el objetivo era proteger la salud. Desde el comienzo de estas políticas hasta ahora, en cambio, no solo no han servido para proteger la salud pública, porque los consumos problemáticos de drogas no dejan de aumentar en el mundo. Por el contrario, han provocado otros efectos indeseables como, por ejemplo, la criminalización de las personas con problemas de drogodependencias, que suponen alrededor del 70% de las personas presas en nuestro país o los problemas vinculados con el narcotráfico, que cada vez se hace además más peligroso. Son grandes redes internacionales, que también se dedican a otros negocios como el tráfico de armas, a las que no les tiembla el pulso a la hora de matar, de secuestrar a una persona… es muy complejo este tema. Quizás podríamos realizar un abordaje distinto, al menos respecto al cannabis, con normas estrictas, que dibuje un mercado regulado y que permita, en determinadas condiciones, el consumo de esta sustancia a personas mayores de edad. Hablo de un mercado controlado por el Estado y esto significa que el control abarque cuestiones como la producción, el transporte, el etiquetado, las formas y establecimientos de dispensación, la cantidad límite que se puede adquirir para consumo e incluso los impuestos. Habría que hacer toda una política de prevención y de información de verdad, y para ello los impuestos pueden ser muy útiles, así lo hace por ejemplo Canadá.

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La jueza Martínez Perza, en un instante de la entrevista. JUAN CARLOS TORO

Muchos países han tomado ya esa delantera.

Cada vez hay más países que deciden regular el régimen de esta sustancia de un modo distinto. Empezaron Estados Unidos (Colorado y Washington) y Uruguay. Ahora son ya numerosos los Estados americanos que se han sumado a esta iniciativa y en México está a punto de aprobarse una ley.

Ha estado durante años empapándose de la cruda realidad de las cárceles, del mundo de la drogadicción.

Empecé como cualquiera cuando acaba la carrera, de pasante en un despacho, y fui ejerciendo, compatibilizando con actividades de formación, investigación, etcétera, hasta que accedí a la carrera judicial tras presentarme a una convocatoria. A la vez, he trabajado en ONG de ayuda a personas con problemas de drogodependencias y exclusión social, he trabajado mucho en el ámbito penitenciario, no solo como abogada, sino coordinando equipos e implantando programas de intervención con la gente en prisión, favoreciendo las alternativas a la prisión y la mediación penal, intentando fomentar iniciativas en las que la comunidad se implique en la actividad penitenciaria para que quienes están dentro de las prisiones vayan saliendo y se adapten a vivir en libertad sin suponer un problema para los demás. Lo que sí está claro es que si una persona delinque a causa de su drogodependencia, atajando ese problema de adicción será mucho más fácil que no vuelva a delinquir.

"Cada generación de narcos aquí aumenta su poderío económico, el atrevimiento y la violencia"

¿Esos ‘másteres’ le han servido para tener otra sensibilidad en su ejercicio?

Hombre, totalmente. Claro que sí. No solo sensibilidad, sino conocer de cerca las problemáticas que tiene la gente. Llevar tantos años acompañando a personas y percibiendo sus dificultades, hace que ya las conozcas de lejos. Cuando me vienen aquí detenidos… o víctimas… no sé, llevar tantos años atendiendo estos perfiles te da muchas tablas. A veces, en el juzgado de guardia, me traen a una persona detenida, por ejemplo por un robo, y sé ya si trae un problema mental o de adicción, aunque no me lo diga, porque a menudo no te lo dicen. Me doy cuenta y soy yo misma la que indaga en esa circunstancia. Toda esta experiencia acumulada te da muchas tablas.

Y empatía, supongo.

Sí, es posible, lo que pasa es que yo no estoy aquí para sentir empatía. Entiendo las cosas y sé por donde vienen, las valoro, pero no estoy para sentir empatía por la gente, para eso están los servicios sociales y similares. Los jueces estamos para aplicar y hacer cumplir las leyes, si bien las leyes no son matemáticas, no se pueden aplicar como si las personas fueran números. Las personas somos personas y tenemos una situaciones sociofamiliares y económicas que nos rodean. Y tener en cuenta todo eso a la hora de aplicar la ley es importante. Pero eso es una cosa y la empatía es otra. Tus emociones, tus sentimientos tienen que quedar a un lado, aunque a veces digas madre, esto parece injusto, pero la ley tiene una función pacificadora en una sociedad compleja como la nuestra, está hecha así, la tienes que aplicar, y ya está.

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La magistrada Carmen Martínez, en un momento de la entrevista. JUAN CARLOS TORO

Para acabar con el imperio de los narcos, sin ir más lejos, en el Campo de Gibraltar, no basta con la coerción, y me refiero al plan de seguridad que se puso aquí en marcha por el Gobierno desde 2018. ¿No es necesario que eso esté acompañado de otras medidas y planes sociales y económicos, ofrecer alternativas?

Totalmente. Siempre he pensado que los problemas sociales no se solucionan con la prisión ni con el derecho penal. El derecho penal tiene que ser lo último a lo que la comunidad acuda para solucionar conflictos sociales. Lo último. En esta sociedad estamos abusando mucho del derecho penal y, hoy en día, la estrella del derecho penal es la prisión, por tanto, estamos abusando mucho de la prisión. Y no sirve para solucionar los problemas sociales. Para empezar, porque la prisión daña a la persona que la sufre y eso hay que decirlo. Es verdad que el derecho penal es necesario porque hay conflictos sociales que no hemos sabido solucionar de otro modo, pero claro, también es verdad que hay que hacer otras cosas. Aquí en el Campo de Gibraltar hace falta intervenir policial y judicialmente, de eso no cabe duda, aquí actúan mafias peligrosas y hay que combatirlas, pero los planes políticos tendrían que ser más amplios y contemplar intervenciones socioeconómicas importantes, de inversiones, de infraestructuras, de educación… Es el único modo de prevenir y he de decir que los esfuerzos son escasos en este sentido.

Hablamos de un sitio donde al tren le cuesta llegar. Es muy simbólico, ¿no?

Exacto. Eso a mí me parece incomprensible. Una ciudad como Algeciras, una comarca como ésta, con el Puerto más grande del Mediterráneo en cuanto a mercancías y que no tenga unas buenas infraestructuras de transporte es inaudito. No se facilita que la comarca aproveche la oportunidad que tiene con este Puerto tan inmenso. Eso por poner un ejemplo simbólico. ¿Cómo Algeciras no está comunicada por tren con Sevilla…? Tardas unas seis horas en ir a Madrid y eso es una muestra de que no se están queriendo atajar de verdad los problemas que hay aquí.

Volumen de trabajo: "No es solo la cantidad, sino los tipos de asuntos tan graves que hay aquí —en el Campo de Gibraltar—, con muchos investigados, con unas investigaciones muy complejas"

¿Cómo es el volumen de trabajo al que ha estado enfrentándose en este destino?

Bueno, los Juzgados de Instrucción de Algeciras llevan una cantidad de trabajo y una envergadura de trabajo que creo que no llevará casi ningún otro Juzgado de Instrucción de España. No es solo la cantidad, sino los tipos de asuntos tan graves que hay aquí, con muchos investigados, con unas investigaciones muy complejas que requieren de intervenciones policiales, intervenciones telefónicas, colocación de dispositivos de seguimiento GPS en vehículos, entradas y registros están aquí a la orden del día… Ese tipo de cosas que en otros Juzgados se dan de forma más puntual, aquí es un diario. Diariamente estamos resolviendo cosas muy delicadas, que afectan a los derechos fundamentales de la gente y que hay que mirarlas muy bien, no pueden acordarse a la ligera. Y eso requiere de mucho trabajo y de muchos medios. Ahora por ejemplo estoy cerrando una causa, que ya la voy a mandar a enjuiciamiento, con más de 50 investigados. Eso significa 50 abogados en el procedimiento formulando recursos continuamente que hay que resolver… eso es agotador. ¿La Justicia va lenta? Quizás sí, pero si afortunadamente la ciudadanía tiene derecho a recurrir las resoluciones judiciales y todo eso requiere su tiempo. ¿Presos preventivos? No sé cuántos puede haber de media en los Juzgados de Instrucción de España, pero aquí tenemos 40-50 de media en cada Juzgado. Eso es muy normal aquí pero es una barbaridad si lo comparamos con otras zonas.

¿Y en total cuántas causas ha llegado a manejar a la vez?

Ahora mismo no le puedo decir, pero ahora sí estoy cerrando algunas pesadas y puedo tener unas diez de estas complicadas, varias secretas. También algunos sumarios y procedimientos del tribunal del Jurado, cuya tramitación es más lenta… Pero he llegado a tener veinte procedimientos de gran complejidad, y eso es mucho a la vez. Aparte en esta comarca también ocurren otras cosas como robos, estafas, lesiones, maltrato familiar, homicidios o abusos y agresiones sexuales… y eso también hay que atenderlo, no se puede estar solo con el narcotráfico, el blanqueo de capitales y las organizaciones criminales.

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La jueza posa en su despacho tras la entrevista con este medio. JUAN CARLOS TORO

Todo eso traduce en muchas horas restadas al sueño, ¿no?

Sí, es que hay que dedicarle tiempo a esto fuera del juzgado. Aquí no da tiempo a resolver tranquilamente un recurso o sencillamente a poner una sentencia por un delito leve. Nunca he puesto una sentencia aquí, lo haces en tu casa a la hora que puedes.

¿Cuánto trabaja una jueza?

(Sonríe) Eso depende del Juzgado… En los momentos peores de aquí, solo centrada en cosas del Juzgado, me pueden dar las dos de la mañana trabajando. A ver, a lo mejor por la tarde he descansado un rato, o he ido al gimnasio, que también hago otras cosas (ríe), pero se trabajan muchas horas.

¿Vio la serie de Netflix sobre los narcos en el Campo de Gibraltar?

No veo series relacionadas con el trabajo, no las veo.

El caso es que se ofrecía una imagen de un trabajo policial ejemplar que luego llevaba a que un delincuente, que era evidente que lo era, quedara en libertad bajo fianza al día siguiente. ¿Falta pedagogía para que la opinión pública entienda que hay unas garantías en el Estado de Derecho para el acusado?

Todos tenemos mucha tarea aquí, la Policía Nacional, la Guardia Civil, el Servicio de Vigilancia Aduanera… todos hacen su trabajo, que es muy importante, pero a ellos les han puesto más medios que a nosotros. Su trabajo, en todo caso, es muy importante pero es uno y el de los jueces es otro. El nuestro es controlar que todo se haga como se debe hacer y controlar que nunca, nunca se haga algo indebidamente, digamos, que vulnere derechos fundamentales de las personas sin tener que hacerlo. Por ejemplo, autorizar una intervención telefónica, es algo muy serio, estamos escuchando a la gente en su intimidad. Y eso es muy delicado, no se puede hacer alegremente, hay que estudiar muy bien cada caso, estudiar si se trata o no de un delito es grave, si hay indicios importantes de delito… A ningún ciudadano le gustaría que le escucháramos mientras está hablando con quién le parezca; por tanto, si la gente entiende para qué hacemos estas cosas, debe estar orgullosa de que se den estos pasos que nos hacen avanzar hacia una democracia más real.

"No se puede meter en prisión preventiva a una persona para contentar a la gente que está gritando en la calle. Esa no es la finalidad"

Pero me refería al clamor social que a veces se produce cuando se detiene a un narco y a las horas sale en libertad bajo fianza…

Cuando se detiene a un narco, o a cualquier otro tipo de delincuente, y se pone a disposición judicial, es solo el principio. Hay ya unos indicios que han justificado la detención pero, una vez ha tenido entrada el asunto en el juzgado, tenemos que tramitar todo un procedimiento dirigido a esclarecer los hechos, oír al investigado y otras personas y preparar el juicio. Tenemos que escuchar a todo el mundo, tenemos que exprimir la investigación al máximo, obtener toda la información posible y cuando todo eso esté, lo elevamos al órgano de enjuiciamiento, que es otro y es imparcial porque no está contaminado por todo este proceso que ha realizado el juez de instrucción, y con toda la información, en frío, escucha en el juicio y decide una vez se ha celebrado. Pero hasta que llega ese momento puede transcurrir un tiempo. No podemos condenar a la gente antes de eso. Hay muchas personas que terminan siendo absueltas después del juicio porque no se ha probado suficientemente el hecho delictivo o porque simplemente no eran culpables. Entonces no podemos hacer eso, por más que estén esos impulsos emocionales. La sociedad no lo puede permitir. Mucho han costado los avances en este sentido de respeto escrupuloso a los derechos fundamentales como para tirarlos a la basura. En el caso de un narco al que se le detiene y se le deja en libertad, o bien no habrá suficientes indicios del delito que haya podido cometer, o bien es que no era necesaria  en su caso la prisión preventiva.

¿Cuándo hay que usarla?

La prisión preventiva se tiene que usar de manera muy extraordinaria y subsidiaria, primero hay que intentar otras medidas menos gravosas. Esta es solo para los casos más graves y para cumplir una finalidad. No se puede enviar a prisión preventiva a una persona para contentar a la gente que está gritando en la calle. Esa no es la finalidad. La finalidad es otra: que no se escape y huya de la Justicia, que no destruya pruebas y que no pueda atentar contra la víctima si es que se trata de un delito violento. Si no hay nada de eso no hay que poner a las personas en prisión preventiva. Y eso hay que analizarlo caso por caso.

¿La naturaleza humana es vengativa?

La opinión pública, la gente, tiende en general a ser muy vengativa. Mano dura para el otro, al que demonizamos, pero cuando me toca a mí, no. Los jueces estamos para evitar eso, para abstraernos de todos esos impulsos emocionales y ceñirnos a aplicar la ley en el caso concreto de un modo racional sin dejarnos llevar por reacciones viscerales que son naturales también, pero que necesitan de estos mecanismos para equilibrar.

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Otro momento de la entrevista. JUAN CARLOS TORO

¿Con qué sensación se marcha del Campo de Gibraltar, agotada?

Si te soy sincera, agotada no. Porque a mí me gusta mucho el trabajo éste. ¿Que es agotador? Sí. Y llega un momento en el que estar en tensión tanto tiempo te cansa.

¿Ha llegado a verse amenazada?

A mí nadie me ha amenazado, pero yo he sentido miedo en alguna ocasión (silencio). Y también he sentido mucha desconfianza. No me fío de nadie.

¿Se agudiza eso en su situación?

Se agudiza porque me han pasado cosas… en un Juzgado de este tipo te pueden pasar cosas, que no sabes de dónde sale la información que de repente ha salido a la luz… cosas así.

Digamos que este es el destino que nadie querría…

Tiene muy mala fama, centrándome en lo profesional. Pero trabajar en un Juzgado de Instrucción de Algeciras me parece apasionante, para quien le guste el derecho y le guste la actividad. Si eres alguien muy tranquilo, este trabajo quizás no sea para ti. Pero si te gusta…

Los deportes de riesgo…

Exacto (ríe). Es muy entretenido porque ofrece mucha variedad y tienes asuntos que no verás en otros Juzgados en la vida. Incluso en grandes capitales no se da esto. Aquí te entrenas bien.

Decir que se va con el deber cumplido… es complejo en una zona donde no parece que haya final para el narco.

A ver, no llevo tanto tiempo, pero es que es así, cada vez hay más. Por eso hablaba de que la política prohibicionista de Drogas tal como está hay que evaluarla en profundidad porque si no ha servido así, algo tendremos que cambiar. Aquí cada generación de narcos va aumentando el poderío económico, el atrevimiento y la violencia. La degeneración, vamos. Tienen mucho dinero y tener mucho dinero es tener poder.

Caso Hasél: "Los delitos de libertad de expresión no tendrían que tener en ningún caso pena de prisión"

Usted ha trabajado mucho en prisiones, llenas de enfermos con problemas mentales. Recientemente, un enfermo de covid con trastornos pegó fuego a su cama en el Puerta del Mar y luego, en prisión preventiva, murió de un infarto. ¿Falla la prevención?

Sí, el tema de los enfermos mentales es algo que sí me toca mucho la fibra sensible porque veo mucha injusticia y abandono por parte de toda la sociedad. Hasta los 80 estaban muy desprotegidos, encerrados en algunos casos de por vida en los manicomios, y se inició la reforma psiquiátrica, una corriente que pretendía acabar con los psiquiátricos. Esta reforma se hizo en toda Europa, también en España. Se trataba de respetar los derechos fundamentales de estas personas y que fueran atendidas en la comunidad. ¿Qué pasa? Que nos hemos ido al otro extremo. Hoy en día, los enfermos mentales, y en concreto en Andalucía, están prácticamente a su suerte, a ver qué puede hacer la familia y la comunidad. Si la familia no puede ahí te quedas. Muchos acaban en la calle, en la indigencia, con problemas de adicciones y acaban delinquiendo. ¿Y dónde terminan? En prisión. Te diría que en este momento en torno al 40% de las personas presas tiene problemas de salud mental. Y con patologías graves muchas de ellas que no tendrían que estar cumpliendo penas de prisión. Porque según nuestro Código Penal la mayoría de esas personas serían inimputables. No se les puede condenar, sino cuidarlas, tratarlas e intentar que no generen más problemas. La presencia en las prisiones de tantas personas con patologías mentales graves es un fracaso de toda la sociedad porque no están pensadas para eso. En las prisiones hay contados psiquiatras, por lo que se les medica mucho y poco más se puede hacer allí. No es porque  se trabaje mal en el sistema penitenciario, al contrario, se han producido muchos avances. Pero las prisiones no tienen esta responsabilidad, sino que la asumen porque nosotros no estamos asumiéndolo. La sociedad no lo asume.

Se les sacó de los manicomios para meterlos en cárceles…

En resumen sí. Pueden haber 5.000 o 6.000 presos con enfermedades mentales graves. Con problemas de salud mental, más. Están ahí porque la sociedad les da la espalda.

Ha entrado un rapero en España en la cárcel por una de sus letras.

No puedo hablar de lo que decidieron los jueces que lo han juzgado, o los que han atendido los recursos que ha interpuesto, pero sí me pregunto por qué en este país castigamos así este tipo de delitos, que son delitos de expresión y están previstos en el Código Penal. Me parece que no tendrían que tener en ningún caso pena de prisión. Considero que  estas conductas no presentan una gravedad tal como para que lleven aparejada pena de prisión. Nos lo tendríamos que mirar. Tendríamos que reflexionar sobre la democracia que queremos. La libertad de expresión es básica en una democracia, para permitir el debate público. Todos no tenemos que opinar lo mismo, me puedes caer muy mal y tengo el derecho de decírtelo. ¿Por qué no puedo pensar eso y decírtelo? Llevar las cosas hasta ese extremo de no poder expresar algo por mucho que nos disguste me parece que es que la democracia en algunos aspectos se tambalee. Ni siquiera creo que algo así deba estar castigado por el derecho penal, quizá sería más proporcionado un castigo administrativo. Pero si la sociedad sí consideró que debe estar penalizado, debe ser con otro tipo de penas, la de prisión aquí no tiene ningún sentido.

En este caso, está claro que es una pena de prisión como venganza, ejemplarizante.

Es que el Código Penal que tenemos lo prevé.

"La prisión está prevista para responder al delito con un castigo, está pensada como castigo. Y estar en prisión, daña"

¿Pero la prisión no tenía como finalidad la reinserción del que delinque?

No nos vamos a engañar, la prisión es un castigo. Y no sirve para mejorar a nadie. Estar en prisión daña a la gente y cuanto más tiempo estés, peor, más daño te hace. Daña hasta a los propios funcionarios, ese ambiente enrarecido de encierro, que he estudiado bastante, de dominación, de sumisión, hace daño a todo el que lo vive. Afecta hasta a los sentidos, a la vista, al oído… no hace bien a nadie. Es un castigo, no nos engañemos. Ahora, ya que te hemos puesto el castigo, vamos a intentar que sirva para algo. Eso es lo que me has querido decir. Pero no es que la prisión esté prevista para reinsertar, está prevista como respuesta sancionadora ante la comisión de un hecho delictivo. Es así. A mí no me gusta tampoco, pero es así. Un delincuente de los que antes se llamaban de cuello blanco, de buena familia, insertado en la sociedad… ¿a esa persona la cárcel qué le va a aportar? Es un castigo y ya está. En el caso de Hasél, pienso que bien no le va a hacer y, sobre todo, que no la veo proporcionada por el hecho en sí.

"No puede ser que sigamos victimizando a las mujeres que ya son víctimas del delito sexual"

¿Por qué algunos se resisten a entender que solo ‘sí es sí’?

El anteproyecto que ha hecho el Ministerio de Igualdad pretende dejar claro que solo sí es sí, y cambia completamente toda la regulación vigente. Todo lo que viene en el anteproyecto no me parece bien del todo, pero yo puedo decir lo que yo pienso de cómo tendrían que estar regulados los delitos sexuales. Lo que está claro es que las relaciones sexuales tienen que partir siempre del consentimiento libre. Eso tiene que ser así. Y cuando una persona tiene relaciones sexuales sin haber dado el consentimiento, o no habiéndolo dado libremente, nos encontramos en los dos casos con ausencia de consentimiento, para mí es lo mismo en ambos. Ahora la regulación lo distingue. Ve como más grave la ausencia total de consentimiento que si hay un consentimiento que se llama viciado. Creo que en ninguno de los casos hay consentimiento. No lo adornes con una palabreja, no lo estoy consintiendo. Ahora hay dos nombres para los delitos contra la libertad sexual: abuso sexual y agresión sexual. El anteproyecto prevé unificar el término y que todo se llame agresión sexual y dependiendo de la gravedad del caso concreto, la pena se gradúa. Y yo estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué abuso? Hay quien dice que abuso viene todavía a meter más cizaña, porque esta palabra viene a significar usar más de lo debido y eso es un disparate cuando nos referimos a un cuerpo y no hay consentimiento.

Cualquier atentado contra la libertad sexual debe ser llamado del mismo modo: o agresión o atentado contra la libertad sexual, pero no abuso. Por otro lado, ¿se debe definir qué es el consentimiento? El anteproyecto lo define con la intención de evitar que haya duda en los tribunales y hay acreditadas opiniones de quien dice que si se define tanto, tanto vamos a hacer que el acusado siempre sea culpable y tenga que ser él el que tenga que demostrar que no lo es, con una inversión de la carga de la prueba. Y no estoy de acuerdo con esto porque el consentimiento, o lo hay, o no lo hay. Después, habrá que indagar en el juicio, será allí donde se pregunte a la víctima de mil maneras, si hay testigos… se tendrá que ver. Y si no queda suficientemente probado que no hubo consentimiento,  tendrá que absolverse a la persona encausada. La presunción de inocencia siempre se mantendrá. Si después de practicar toda la prueba, el juzgador sigue con dudas, hay un principio que se llama in dubio pro reo. Lo que no puede ser es que sigamos victimizando a las mujeres que ya son víctimas del delito sexual.

Carmen Martínez Perza, ante el Palacio de Justicia de Algeciras, en días pasados, antes de su entrevista con lavozdelsur.es
Carmen Martínez Perza, ante el Palacio de Justicia de Algeciras, en días pasados, antes de su entrevista con lavozdelsur.es JUAN CARLOS TORO

Seguiríamos insistiendo en una doble victimización.

Una doble victimización, que se llama victimización secundaria, que en España es muy significativa. El 92% de las mujeres víctimas de delitos sexuales no denuncia. ¿Por qué ocurre esto? Si miramos todo lo que está ocurriendo desde la perspectiva de género, que es lo que hay que hacer, hay que hacerse estas preguntas. No denuncian porque tienen miedo de que no las escuchen, de que no las crean, de ser culpabilizadas, de que las ridiculicen… no se sienten protegidas. Cuando la función tendría que ser, según nos dice la lógica, además de los convenios internacionales, que es necesario proteger a quien ha sido víctima. Al delincuente hay que respetarle sus garantías procesales penales siempre, pero tenemos que proteger a la víctima. Mejorar la ley hay que mejorarla. Pero también formar a profesionales y personas que intervienen en este tipo de conflictos: de la Policía a los jueces. Es fundamental saber qué le ocurre a una mujer cuando pasa esto.

"Los jueces somos completamente independientes en nuestro trabajo, a mí nadie me presiona de ningún partido político ni de ningún otro sector"

¿Cómo ve la polémica de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, es partidaria de que los jueces elijan a sus representantes?

Soy coordinadora de Jueces y Juezas para la Democracia en Andalucía Occidental y, como todas las asociaciones judiciales, apoya que sean los jueces los que elijan a los miembros del CGPJ para que se desvincule completamente de los partidos políticos su renovación o elección. Esa es la posición de todas las asociaciones. Pero Jueces para la Democracia añade que se modifique la ley en cuanto a las funciones que debe tener el CGPJ cuando está, como ahora, en funciones durante tanto tiempo. Podría ser una manera de desincentivar que se eternice la renovación del Consejo y forzar que los políticos y políticas de este país se pongan de acuerdo para renovarlo.

Hay quizás mucho político que no cree en la independencia de la Justicia…

En la opinión pública hay mucha confusión con esto. Una cosa somos los jueces y otra cosa es el CGPJ. Los jueces somos completamente independientes en nuestro trabajo, a mí nadie me presiona de ningún partido político ni de ningún otro sector social. Ni a mí, ni a los demás jueces. Distintos son determinados puestos de altos cargos dentro de la carrera judicial que sí son elegidos por el Consejo. No son elegidos arbitrariamente, hay una serie de normas, concursos, tienen que presentar unos méritos… pero sí que es verdad que los elige el Consejo. Y en todo caso, los que juzgamos somos los jueces, y no porque un político considere que un juez es más afín, que no significa que lo sea, ahora vayamos… no obedecemos órdenes de nadie.

En pandemia se ha visto que prácticamente toda decisión política ha acabado judicializada.

Pero ese es el uso de la Justicia que también estamos haciendo los ciudadanos. Los políticos lo judicializan todo. Ese uso, a lo mejor incorrecto, no sé, se está haciendo.

Muy serio no es, ¿no? Acudir a los Juzgados por acudir como el que acude a una junta de arbitraje para ciertos temas… o querer pasar algunos temas alegremente por la vía penal cuando quizás sea un mero error administrativo…

Esto tiene que ver con la política, no con el mundo judicial. No solo ocurre en este país, también en muchos otros países, y es la estrategia de judicializar la política o lo que llaman la guerra judicial. Cuando se llevan cuestiones de tipo político a la Justicia es porque no hay capacidad de dialogo, de negociar.

Pero saturan más, si cabe, los Juzgados. ¿Habría que poner límites?

A mí me llegan todos los días cosas de particulares que quieren penalizarlo todo. Me dejan dos veces sin pagar la renta y ya te llevo por lo penal porque me has estafado. No, perdone usted. Váyase a la vía civil porque esto es un tema contractual que no es penal. Esto es a diario. No solo ocurre en la política, aunque quizás los políticos tendrían que dar un poco de ejemplo. Hay que construir una sociedad más dialogante, menos beligerante.

"El tema de los ocupas se demoniza mucho y yo lo que veo aquí a diario es a familias sin recursos"

¿Un juez o jueza duda, tiene dilemas morales?

Hombre, completamente, claro que sí. Tienes que intentar superarlos, hacer las cosas con objetividad, pero claro que sí. Puedes percibir la “injusticia” de una situación, pero no está en tu mano resolverla. Por ejemplo, no me parece que la vía penal sea la solución para el supuesto de una familia que entra en una casa de un banco se la meta por la vía penal. No lo veo justo. Es verdad que hay un propietario y hay que devolver el uso de la vivienda, pero penalizar la pobreza de esta manera no me parece. La ley nuestra lo hace, hay que aplicarla y se aplica, pero quizás no sea la solución más adecuada. El tema de los ocupas se demoniza mucho y yo lo que veo aquí a diario es a familias sin recursos. Condenamos a estas personas a penas de multas cuando no tienen ni si quiera para habitar una vivienda.

¿Cómo es ser jueza mujer?

Es difícil porque la gente tiende a respetarte menos en el día a día. No hablo de mi oficina, sino de la ciudadanía en líneas generales. Parece que no eres tan autoridad como un hombre. Yo no me vengo abajo, tengo muy claras las cosas y no soy nada insegura, pero lo detecto y he tenido experiencias. Cuando era abogada lo percibía así, veía como más rígidas y serias a las mujeres juezas que a los hombres. Y ahora lo entiendo porque a veces me pasa.  Haces una sobreactuación que quizás un hombre no necesita hacer. En el sector de la Justicia la mujer está trabajando mucho, mucho, mucho, pero no está apenas en altos puestos —en verano de 2020 María Luisa Segoviano fue la primera mujer nombrada presidenta de una Sala del Tribunal Supremo—.

O sea que la igualdad en la Justicia va más lenta que a veces la propia Justicia…

La igualdad de género en la Justicia cuesta igual que cuesta en otros sectores, igual que todo en esta sociedad.

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