Juana Rivas somos todas

Juana Rivas declarando en el juzgado, en una imagen de archivo
Juana Rivas declarando en el juzgado, en una imagen de archivo

Juana Rivas estuvo en mi casa. Y también en la de muchas mujeres de este país que vimos con angustia cómo la (in)justicia se cebaba con una madre maltratada que protegía a sus hijos de su maltratador. Un año después, la demoledora sentencia, que ha recibido tras un doble juicio- mediático y formal-, no hace más que apuntalar en nuestra sociedad la sensación de impunidad que beneficia a los hombres.

He dejado pasar algunos días para asentar en mí la rabia que estas actuaciones de la justicia me provocan. Después de que la Audiencia de Navarra dejara en libertad a los violadores de La Manada, sólo faltaba este ensañamiento con Juana Rivas para acelerarme el pulso. Una fuerte sensación de fracaso me acompaña desde entonces. Yo apoyé a Juana en su huída. Una huída que no fue tal, donde no hubo desarraigo para los menores, ni les generó ansiedad. Esta desaparición de 27 días que le condenan a cinco años de cárcel. Y la apoyé sin fisuras, aunque alarmada por las consecuencias directas que a esta mujer podría acarrearle su valentía.

He leído mucho sobre lo mal que hicimos apoyándola entonces. Han salido muchas voces a señalarnos con el dedo con culpabilidad, haciéndonos responsables a nosotras, las mujeres- feministas y no- que entonces quisimos mandarle un mensaje a esta sociedad. Un mensaje de hartazgo y cansancio. Un mensaje de apoyo a todas las mujeres que denuncian las violencias machistas. Nosotras sabemos que un maltratador no puede ser un buen padre. Que la violencia que ejercen sobre nosotras se extiende como una mancha de aceite hacia nuestros hijos e hijas. Que los maltratadores atacan a los débiles, porque con los fuertes no se atreven.

Y, no sólo lo decimos nosotras, sino el Convenio de Estambul de 2011, suscrito tanto por España, en el BOE del viernes 6 de junio de 2014, como por Italia. Un Convenio donde se hace hincapié en el carácter público de las violencias machistas y no su histórico carácter privado. En ese mismo Convenio se especifica la necesidad y la obligatoriedad de la formación específica en estas violencias de todos las y los profesionales que traten con las víctimas y autores de dichas violencias. Y me temo que los jueces cuyas sentencias han creado alarma social en nuestro país carecen absolutamente de dicha formación, incluso de la empatía necesaria para emitir con justicia dichas sentencias.

Hay muchas voces que nos culpabilizan a las feministas por haberle creado a Juana Rivas falsas esperanzas, por no haberla aconsejado y no haber medido las consecuencias de sus actos; pero ninguna de esas voces alertan contra jueces que dejan traslucir sus propias opiniones y creencias en sus sentencias. Sentencias que deberían ser asépticas, pero que tienen una gran carga moral y política.

Nuestra sociedad necesita jueces que, cuando se pongan la toga, dejen sus prejuicios en sus casas. Que sus pensamientos y creencias no se impongan a la ley. Y, si una ley fuera incompleta, inexacta o confusa, pudieran comprender las circunstancias que rodean a cada caso y ejercer la justicia con ecuanimidad. Yo no me siento culpable por apoyar hace un año a Juana Rivas. Tampoco me siento responsable de este resultado. Porque, el resultado nada tiene que ver con lo que Juana hizo, sino con lo que el juez considera, ya que no ha tenido en cuenta ninguna de las circunstancias que rodean este caso.

La Justicia se ha ensañado con Juana, como con muchísimas mujeres. Bien lo saben otras víctimas, con otras sentencias demoledoras, todas ejercidas por estos mismo jueces, famosos en el mundo jurídico por su misoginia. Algunas de las sentencias de estos magistrados resumen a una sociedad patriarcal y una justicia patriarcal como la nuestra. Una sentencia donde se subrayan opiniones y no certezas jurídicas.

Si ponemos en el buscador secuestro parental, podemos leer entradas como la de wikipedia: “Es una clase particular de secuestro donde un menor de edad es separado abruptamente y sin consentimiento de su sitio habitual de vida por uno de los padres”. En el caso de Juana Rivas, los niños estaban viviendo con ella y bajo su custodia, según la sentencia española, aunque el padre habría interpuesto una demanda desde Italia. A estas alturas todas sabemos que la denuncia interpuesta en el 2016 por Juana a su vuelta de Italia sigue sin estar tramitada.

Y también sabemos que, si se hubiera tramitado, ahora mismo la situación legal de Juana Rivas sería completamente diferente. Por lo tanto, me atrevo a decir que Juana es doblemente víctima. El retraso en la tramitación de su denuncia es la que ha generado su gran indefensión. Y que el juez Manuel Piñar lo haya pasado por alto es inadmisible. Así como el hecho de que haya obviado una sentencia condenatoria previa, tras un juicio sobre malos tratos en el que Francesco Arcuri se reconocía culpable de esos malos tratos. Y tampoco lo decimos solo nosotras, en un comunicado la Asociación Mujeres Juezas de España: “Debemos dejar de ser herederos y herederas de una justicia patriarcal que la sociedad no tolera y la comunidad internacional condena, pues sólo así podremos mantener la confianza de la ciudadanía en sus instituciones”.

Creo que la clave en todo este asunto es que lo legal no siempre es lo ético. Las leyes se han cambiado históricamente para mejorar las condiciones de vida de nuestras sociedades. Las leyes se deben adaptar a las situaciones nuevas, a los nuevos conocimientos de la Sociología o Psicología. Las leyes se convierten en obsoletas, ante los cambios que se producen en la sociedad. Y los magistrados encargados de sentenciar, deben estar dispuestos a aprender de estas nuevas demandas sociales.

En cuanto a las violencias machistas y a todo lo que concierne a las nuevas relaciones familiares, necesitamos jueces con formación y sin prejuicios. Y, la mayoría de las veces, estos cambios sociales sólo se consiguen después de que haya personas dispuestas a asumir los riesgos que la desobediencia civil conlleva. Desconozco si Juana Rivas conocía los efectos que, bajo una justicia patriarcal, podría conllevar su actuación. Bajo esta misma ley, otros jueces, quizás, habrían dictaminado otras sentencias.

Ahora es el tiempo de apoyar su lucha, que es la lucha de todas. Porque, si no luchamos, ¿qué pasará con esos niños a los que esta sentencia condena a una vida sin madre? Una madre que, tras los estudios psicosociales del juzgado, ejerce la maternidad de forma correcta, impecable, y cuyos hijos aman y adoran. Unos niños condenados a convivir con el maltratador confeso de su madre. Unos niños a los que una sentencia ha condenado a la orfandad más absoluta. Y a una edad en la que, cada día sin su madre, es una nueva tortura. De lo que no me cabe duda alguna es que una justicia patriarcal, no es justicia.

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