La secretaria de Políticas Sociales y Seguridad Social de UGT Andalucía, Soledad Ruiz y el secretario de Institucional de UGT Andalucía, Raúl García Romo, han presentado este lunes el informe La situación de la vivienda en Andalucía, con datos como el aumento del alquiler en la comunidad del 14% desde 2016, por lo que han reclamado medidas "urgentes y efectivas" en materia de vivienda para evitar las dificultades de acceso de los andaluces.
En rueda de prensa, han expuesto el estudio que analiza la situación general de la vivienda, las medidas llevadas a cabo, la situación de la vivienda social, comparativas de alquiler o desahucios, según ha informado el sindicato en una nota de prensa.
Han apuntando que durante 2018 ha aumentado las hipotecas en un 8,6% con respecto 2017, incrementando también el importe medio de las hipotecas en un 5,7%. Respecto a la vivienda libre, ha experimentado una gran subida, adquiriendo unos precios "inasequibles para la mayor parte de la población" porque si la media andaluza es de 1.287 euros el metro cuadrado, en Málaga es de 1.806.
Los alquileres igualmente han experimentado una subida considerable, un 14% entre 2016 y 2018, un porcentaje que a pesar de la estabilidad general de los precios al consumo y de otras variables económicas, resulta "demasiado alto" para una mayoría de la población. A ello se suma que se han registrado 6.709 desahucios en Andalucía en el último año y en España 59.671, por lo que la región representa el 11% del total nacional.
Según ha explicado en la contextualización del informe el secretario de Institucional de UGT Andalucía, "en la última década hemos pasado por una crisis económica sin precedentes que comenzó en 2008, tuvo sus momentos más virulentos en los años siguientes hasta que se comenzaron a ver signos de recuperación a partir de 2015".
La recuperación, ha añadido, ha sido "a costa de unos recortes económicos brutales y sobre todo sociales". "Las terribles consecuencias de dicha crisis las sabemos todos pero nos vemos en la necesidad de conocer, ya pasados unos años, si dicha recuperación ha venido para quedarse o al menos conocer la tendencia", ha expresado.
"Desde la UGT hemos decidido empezar analizando un aspecto de la vida que afecta y condiciona a todos los ciudadanos, como es la vivienda, y de este modo presentar no solo un estudio si una serie de propuestas y reivindicaciones actualizadas al momento actual", ha dicho Raúl García Romo.
El dirigente sindical ha puesto un ejemplo para explicar las dificultades que sufren los andaluces para acceder a una vivienda. "Si la media andaluza de suelto neto es de 1.225 euros, se paga de media de alquiler o hipoteca 368 euros, más 30 de gas, 40 de agua, 80 de electricidad, 51 de media de telefonía fija e internet, eso suman 656 euros".
"Si a estos se le suman gastos normales de alimentación (180€) o transporte (165€), hacen un total de 1.001 euros. Todos son gastos fijos, lo que significa que aquel trabajador que gane 900 euros no es capaz de llegar a final de mes por el simple motivo tener algo básico y que se recoge en la Constitución Española como es tener una vivienda digna".
Según García Romo, "debemos perseguir el objetivo de que la vivienda sea considerada un bien social, que se promueva un sistema de vivienda inclusivo y evitar la especulación, asegurando el derecho de toda la ciudadanía a una vivienda digna, incluida la obligación de impedir el desalojo que deje sin techo a las personas afectadas".
Por su parte, Ruiz ha ido incidiendo en las partes en las que se divide en informe y ha expuesto las reivindicaciones del sindicato en esta materia. Según la responsable sindical, "la prioridad para los Gobiernos, tanto central como autonómico, debe ser garantizar una vivienda digna y asequible para toda la ciudadanía, recuperando el valor de la vivienda frente a la inversión y la especulación".
El acceso a la vivienda, en propiedad o en alquiler, necesita de soluciones "inmediatas" y por eso entre las demandas que hace el sindicato para mejorar la política de vivienda se encuentran la de encontrar soluciones habitacionales para las familias que vayan a ser desahuciadas y promover mecanismos para que aquellas familias que pierdan su vivienda habitual por una ejecución hipotecaria puedan permanecer en su domicilio o acceder a una vivienda social en régimen de alquiler, a precios acordes con su nivel de renta.
"Reclamamos una Ley de Segunda Oportunidad para Andalucía que evite que las familias que no pueden pagar su hipoteca y actúen de buena fe sean expulsadas de su vivienda, así como potenciar desde el Estado la creación de grandes parques públicos de alquiler social. Seguimos defendiendo la vivienda protegida, como un importante y útil instrumento para garantizar el derecho de una vivienda digna, tal y como se recoge en la Constitución Española, en nuestro Estatuto de Autonomía, y en la Ley Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía", ha añadido.
"El descenso en los precios de compraventa y el margen de beneficios más ajustados para los promotores ha limitado el número de viviendas de esta índole a tan solo 86 viviendas de todas las 9.750 viviendas de nueva construcción en Andalucía durante el 2018, dificultando el acceso a una vivienda de multitud de población andaluza. Hay que desarrollar actuaciones generales de carácter estatal que propicien la constitución de Parques Públicos de Alquiler Social en el ámbito de las CCAA que sean considerados Servicios", han concluido.
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