El proyecto de rehabilitación de 304 viviendas en la barriada de Santa Isabel, en San Juan de Aznalfarache, ha desatado un nuevo foco de conflicto entre asociaciones vecinales y el gobierno local liderado por María Luisa Moya (PP). Los vecinos han salido a la calle este martes para exigir avances en una actuación financiada con fondos europeos que, según denuncian, corre el riesgo de quedar en papel mojado si no se agiliza su ejecución antes de junio de 2026.
La movilización, convocada por las asociaciones de Santa Isabel y San José Obrero, reclama al Ayuntamiento que ponga en marcha de forma efectiva un proyecto aprobado y dotado con 5,7 millones de euros, una cantidad procedente del plan de recuperación del Gobierno central y canalizada a través de la Junta de Andalucía, también gobernada por el PP. Mientras tanto, desde el Consistorio aseguran que su papel es solo de “intermediario” y que el procedimiento avanza según lo previsto.
Un arreglo importante
El plan contempla intervenciones como la mejora del aislamiento térmico, el reemplazo de ventanas y balconeras, la instalación de paneles fotovoltaicos, la eliminación de cubiertas de fibrocemento o la rehabilitación de patios, escaleras y portales en 38 bloques del barrio de Santa Isabel. También se preveía la creación de una oficina de rehabilitación y vivienda en la zona, gestionada por el propio Ayuntamiento, para informar y guiar a vecinos y comunidades durante el proceso.
Sin embargo, el presidente de la asociación vecinal Santa Isabel, Antonio Manzano, denuncia que esa oficina no ha sido constituida y acusa al equipo de gobierno de no haber dado forma al proyecto a pesar del tiempo transcurrido desde que se aprobó la financiación, en declaraciones a Europa Press. “El dinero ya está sobre la mesa”, remarca, y advierte de que, si no se actúa pronto, los fondos podrían perderse por no ejecutarse dentro del plazo establecido.
El lema de la marcha, “San Juan somos todos”, resume el malestar de los residentes, que piden a la alcaldesa “salir del palacio”, en referencia al edificio consistorial, y ponerse al frente de una gestión que consideran paralizada. Desde el PSOE local, formación que gobernaba cuando se logró la ayuda, aseguran que seguirán “defendiendo a las y los vecinos de Santa Isabel y San José Obrero” tanto en el Ayuntamiento como en la calle.
El concejal de Planificación Urbana, Carlos Leo (PP), ha respondido que ya se ha constituido una docena de comunidades de propietarios y que nueve de ellas han solicitado las licencias correspondientes. En su opinión, no es necesaria la oficina de información, ya que “el Ayuntamiento ha hecho todo su trabajo”. Además, insinúa que la protesta podría tener un trasfondo político, dado que se acercan las elecciones autonómicas y hay partidos que, asegura, están “instigando” estas movilizaciones.