Una psicóloga del Centro Penitenciario Sevilla II, ubicado en Morón de la Frontera (Sevilla), ha denunciado haber sufrido una conducta sexual inapropiada por parte de un interno durante el transcurso de una entrevista terapéutica. Los hechos fueron denunciados el pasado 17 de septiembre, cuando el recluso, según consta en la denuncia, "adoptó una conducta inapropiada" al realizarse tocamientos en sus partes íntimas, "comprometiendo el normal desarrollo de la intervención terapéutica".
El sindicato Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha calificado el incidente como una "agresión de carácter sexual", y ha manifestado su preocupación por el aumento de este tipo de comportamientos dentro del recinto penitenciario. Según han informado en un comunicado, en lo que va de año se han registrado "hasta 10 incidentes graves o muy graves catalogados de agresión sexual" en este mismo centro.
Ante la reiteración de estos episodios, CSIF ha instado a que se tomen medidas urgentes. En concreto, el sindicato ha reclamado la "conducción inmediata del interno" a otro establecimiento penitenciario "más adecuado", al tiempo que ha denunciado "la falta de respuestas adecuadas y eficaces ante la escalada de este tipo de agresiones en las prisiones". La causa ya ha sido puesta a disposición judicial y se encuentra actualmente en fase de investigación.
Preocupación por la seguridad del personal penitenciario
Este nuevo caso vuelve a poner el foco sobre la seguridad del personal penitenciario, en particular del personal sanitario y psicológico que trabaja en contacto directo con los internos. Las organizaciones sindicales alertan de una tendencia creciente en las agresiones a funcionarios de prisiones en centros de toda Andalucía, donde las estadísticas evidencian un incremento sostenido en los últimos años.
El caso de la psicóloga de Sevilla II se suma así a una larga lista de situaciones similares que, según los representantes del personal penitenciario, no pueden seguir siendo tratadas como hechos aislados. Desde el colectivo profesional se exige una actuación coordinada entre Instituciones Penitenciarias y el Ministerio del Interior para frenar una escalada que amenaza con convertirse en estructural.