Los padres de Sandra Peña, la menor sevillana que se suicidó presuntamente tras ser víctima de acoso escolar, han solicitado este miércoles a la Fiscalía de Menores de Sevilla una sanción “contundente y ejemplarizante” contra el colegio Irladensas de Loreto, en el que estudiaba la joven. La familia comparece en calidad de testigos perjudicados durante la sesión, en la que esperan que se reconozca la gravedad de los hechos ocurridos en el centro.
Isaac Villar, tío de la menor y portavoz familiar, ha indicado a las puertas de la Audiencia de Sevilla que los progenitores han acudido nerviosos, aunque confiados en poder relatar la verdad, aunque también con malestar por revivir el doloroso episodio. La familia ha destacado el apoyo recibido por parte de la Junta de Andalucía, especialmente de la Consejería de Desarrollo Formativo y Formación Profesional, y del Defensor del Pueblo, lo que les ha dado confianza en que las autoridades adopten medidas firmes.
Según Villar, la familia considera que la única sanción posible es la máxima prevista por la ley, al entender que los errores cometidos en el centro escolar contribuyeron directamente a la decisión de la menor de quitarse la vida. La presencia de los familiares ante la Fiscalía se enmarca, además, en un esfuerzo por evitar que situaciones similares se repitan en otros centros educativos.
Las peticiones
El portavoz insiste en que la sanción debe ser ejemplarizante para garantizar que ninguna institución educativa desatienda denuncias de acoso escolar en el futuro. Subraya de la misma forma que la familia persigue que el caso sirva como advertencia para otros centros y como un mecanismo de prevención frente a situaciones de violencia escolar.
La investigación sobre el caso continúa abierta, después de que la Policía Nacional entregara a la Fiscalía de Menores un informe sobre el acoso presuntamente sufrido por la joven en su colegio. El Ministerio Público mantiene dos expedientes activos para esclarecer las circunstancias que rodearon el suicidio.
Uno de los procedimientos, de reforma juvenil, se centra en la posible implicación de varias menores en los hechos, mientras que el segundo, de supervisión, evalúa la actuación y eventual responsabilidad de los responsables del centro educativo. Ambos procesos buscan determinar responsabilidades y garantizar que se tomen las medidas adecuadas ante este tipo de situaciones.