Los padres de Sandra Peña, la menor de 14 años fallecida en Sevilla y cuyo caso ha generado una amplia repercusión social, comparecerán este miércoles 12 de noviembre ante la Fiscalía de Menores. Lo harán por separado, a partir de las 09.30 horas, en calidad de testigos perjudicados dentro de la investigación que analiza las circunstancias que rodearon la muerte de la adolescente, considerada un presunto caso de violencia escolar.
La comparecencia se produce después de que la Policía Nacional haya entregado a la Fiscalía el informe elaborado sobre el acoso que la menor habría sufrido en el centro educativo en el que cursaba sus estudios, el Irlandesas Loreto. Con esa documentación, el Ministerio Público mantiene abiertos dos expedientes: uno orientado a esclarecer la posible implicación de varias menores en los hechos y otro para evaluar la actuación de los responsables del centro educativo.
Expediente de reforma juvenil y supervisión
El expediente de reforma juvenil se centra en la determinación de posibles responsabilidades entre estudiantes que podrían haber tenido relación con la situación denunciada. El segundo procedimiento, de supervisión, revisa si el centro aplicó adecuadamente los protocolos frente al acoso escolar y si existió algún tipo de omisión que pudiera haber influido en el desenlace. En paralelo, y a través de la especialidad de Criminalidad Informática, la Fiscalía ha solicitado a una red social la retirada de imágenes de tres menores que aparecen identificadas como supuestas acosadoras.
El tío de la joven, Isaac Villar, lamentó el pasado jueves 6 de noviembre, durante una manifestación contra el acoso escolar en Madrid, que en el caso de su sobrina “no se llevasen a cabo” los protocolos de prevención previstos en el centro. Señaló que, aunque no es posible determinar si su aplicación hubiera evitado el desenlace, “sí se podría haber tomado medidas para intentar evitarlo”. Sus declaraciones reflejan la inquietud de la familia sobre si existió una respuesta adecuada ante las advertencias previas.
Por su parte, la dirección del colegio privado concertado pidió “cautela y responsabilidad hasta que finalice la investigación” policial, judicial y administrativa en torno al fallecimiento. Desde el centro se insistió en la necesidad de esperar a las conclusiones oficiales antes de establecer responsabilidades, mientras que la familia había alertado en distintas ocasiones sobre la situación de acoso que vivía la menor.
El caso ha provocado una notable movilización social. El pasado 28 de octubre, miles de estudiantes participaron en una convocatoria del Sindicato de Estudiantes, con manifestaciones en 55 ciudades de todo el país, en el marco de una huelga estudiantil que exigía medidas más contundentes para acabar “con el monstruo del bullying”. La muerte de Sandra Peña ha reabierto el debate sobre la prevención, la detección temprana y las respuestas institucionales ante la violencia escolar.
