Miguel Carcaño, condenado por el asesinato de Marta del Castillo, fue sorprendido en prisión con varios dispositivos electrónicos en su celda, según confirman diversas fuentes penitenciarias. Entre los objetos hallados se encontraban una tablet, un teclado de plástico enrollable y un pen con conexión wifi, elementos prohibidos en el interior de los centros penitenciarios.
El hallazgo se produjo tras un registro en la panadería de la prisión, donde Carcaño trabajaba al haber logrado la confianza de algunos funcionarios. Durante la inspección, también se le incautó un teléfono móvil, lo que hizo saltar las alarmas sobre el acceso que habría tenido a tecnología durante, al menos, un año y medio.
Un antiguo compañero de prisión ha explicado que el acceso a estos aparatos no era casual. “Todo era muy raro. Todo el mundo dice que se lo metió en la cárcel una funcionaria. Yo creo que con ella tenía algo especial”, asegura. Según su testimonio, la relación entre Carcaño y la funcionaria podría haber facilitado el uso de estos dispositivos sin ser detectado durante un largo periodo.
Este mismo interno, que ya ha cumplido su condena, describe también otras actividades del recluso. Afirma que Carcaño pasaba mucho tiempo jugando al póker y que participaba activamente en el tráfico de Viagra dentro del centro penitenciario. “Me dicen otros presos que si quiero la pastilla azul tengo que pedírsela a Carcaño”, añade.
Control y vigilancia en las cárceles de España
La situación ha vuelto a abrir el debate sobre las condiciones de control y vigilancia en las prisiones españolas. El acceso de los internos a teléfonos móviles, internet o productos no autorizados plantea interrogantes sobre los mecanismos de seguridad internos y la posible existencia de connivencia con funcionarios.
No es el primer caso que genera controversia en el ámbito penitenciario. La madre de Gabriel Cruz, Patricia Ramírez, fue una de las primeras en denunciar públicamente hechos similares. Aseguró que Ana Julia Quezada, condenada por el asesinato de su hijo, mantenía relaciones sexuales con funcionarios, quienes a cambio le entregaban objetos como perfumes, alcohol, chocolate e incluso un teléfono móvil.
Las acusaciones no solo fueron difundidas por la madre del menor. La propia Ana Julia Quezada reconoció ante la autoridad judicial que había mantenido este tipo de relaciones dentro del centro. Además, Pepi, una interna de la prisión de Brieva (Ávila) y compañera de módulo de Quezada, corroboró los hechos ante los medios.
