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El caso de Sandra Peña, la joven de 14 años que se quitó la vida en octubre en Sevilla tras un posible episodio de acoso escolar, sigue abierto. Sus padres han recurrido el archivo provisional de la querella presentada contra los responsables del colegio Irlandesas Loreto de Sevilla, donde la menor cursaba sus estudios, al considerar insuficiente la resolución judicial que cerró el procedimiento.
José Manuel Peña y Zara Villar han explicado en el programa Despierta Andalucía que la decisión judicial ha supuesto un "jarro de agua fría". En su intervención, sostienen que "pensábamos que Fiscalía estaba estudiando el caso para pedir ahora pruebas. Pero en estos cuatro meses no se han tomado declaraciones, ni siquiera se ha preguntado a la fiscal de menores que lleva la investigación, dónde se basa nuestra querella". La familia interpreta esta falta de actuaciones como una ausencia de avance en la investigación.
"La autopsia revela datos muy llamativos"
Los padres de la menor subrayan que el auto judicial deja fuera elementos que consideran esenciales. Aseguran, siempre desde el respeto al proceso, que "se habla solo del protocolo de acoso, pero nada del protocolo de prevención. Es muy llamativo porque Sandra necesitaba esos dos protocolos. Los dos le habrían salvado la vida a Sandra".
Otro de los puntos centrales del recurso es la interpretación de la autopsia de la menor. La familia sostiene que este informe forense no ha sido adecuadamente valorado en la resolución judicial. En palabras de los padres, "no fue una muerte natural, y por tanto ya tiene que abrirse una investigación de oficio. La autopsia revela datos muy llamativos", lo que, a su juicio, obligaría a reabrir o ampliar las diligencias. Los progenitores de Sandra también denuncian que el centro educativo habría tratado de "engañar" a la Inspección de Educación.
Informes de Inspección y posibles fallos en los protocolos
Un informe de la Inspección Educativa, elaborado pocos días después del suicidio, apuntó que el centro privado concertado no habría adoptado medidas adecuadas frente a la situación que sufría la alumna. El documento concluye que no consta que el colegio iniciara un procedimiento corrector ante las presuntas conductas denunciadas, un elemento que entra en aparente contradicción con parte de la resolución judicial.
El Juzgado de Instrucción número siete del Tribunal de Instancia de Sevilla, que archivó la querella, consideró sin embargo que el centro sí adoptó medidas tras reunirse con la familia en septiembre de 2025, incluyendo la separación de las presuntas implicadas y el seguimiento psicopedagógico. Además, el magistrado descartó la existencia de una relación causal directa entre la actuación del colegio y el desenlace, ocurrido fuera del ámbito escolar.
El juez también señaló que, aunque el protocolo de acoso no se activara formalmente, esto no implicaba necesariamente que el resultado pudiera haberse evitado, subrayando que dicho protocolo es “indudablemente eficaz”, aunque sin poder concluir que su aplicación hubiera impedido “la voluntad de la menor de tomar la decisión que tomó”.
No obstante, el informe de Inspección, elaborado antes del fallo judicial, recoge al menos tres incidentes entre Sandra y sus presuntas acosadoras, con insultos y vejaciones, que deberían haber motivado la apertura de protocolos de acoso y de autolisis, según los inspectores.
El caso de Sandra Peña, la joven de 14 años que se quitó la vida en octubre en Sevilla tras un posible episodio de acoso escolar, sigue abierto. Sus padres han recurrido el archivo provisional de la querella presentada contra los responsables del colegio Irlandesas Loreto de Sevilla, donde la menor cursaba sus estudios, al considerar insuficiente la resolución judicial que cerró el procedimiento.
José Manuel Peña y Zara Villar han explicado en el programa Despierta Andalucía que la decisión judicial ha supuesto un "jarro de agua fría". En su intervención, sostienen que "pensábamos que Fiscalía estaba estudiando el caso para pedir ahora pruebas. Pero en estos cuatro meses no se han tomado declaraciones, ni siquiera se ha preguntado a la fiscal de menores que lleva la investigación, dónde se basa nuestra querella". La familia interpreta esta falta de actuaciones como una ausencia de avance en la investigación.
"La autopsia revela datos muy llamativos"
Los padres de la menor subrayan que el auto judicial deja fuera elementos que consideran esenciales. Aseguran, siempre desde el respeto al proceso, que "se habla solo del protocolo de acoso, pero nada del protocolo de prevención. Es muy llamativo porque Sandra necesitaba esos dos protocolos. Los dos le habrían salvado la vida a Sandra".
Otro de los puntos centrales del recurso es la interpretación de la autopsia de la menor. La familia sostiene que este informe forense no ha sido adecuadamente valorado en la resolución judicial. En palabras de los padres, "no fue una muerte natural, y por tanto ya tiene que abrirse una investigación de oficio. La autopsia revela datos muy llamativos", lo que, a su juicio, obligaría a reabrir o ampliar las diligencias. Los progenitores de Sandra también denuncian que el centro educativo habría tratado de "engañar" a la Inspección de Educación.
Informes de Inspección y posibles fallos en los protocolos
Un informe de la Inspección Educativa, elaborado pocos días después del suicidio, apuntó que el centro privado concertado no habría adoptado medidas adecuadas frente a la situación que sufría la alumna. El documento concluye que no consta que el colegio iniciara un procedimiento corrector ante las presuntas conductas denunciadas, un elemento que entra en aparente contradicción con parte de la resolución judicial.
El Juzgado de Instrucción número siete del Tribunal de Instancia de Sevilla, que archivó la querella, consideró sin embargo que el centro sí adoptó medidas tras reunirse con la familia en septiembre de 2025, incluyendo la separación de las presuntas implicadas y el seguimiento psicopedagógico. Además, el magistrado descartó la existencia de una relación causal directa entre la actuación del colegio y el desenlace, ocurrido fuera del ámbito escolar.
El juez también señaló que, aunque el protocolo de acoso no se activara formalmente, esto no implicaba necesariamente que el resultado pudiera haberse evitado, subrayando que dicho protocolo es “indudablemente eficaz”, aunque sin poder concluir que su aplicación hubiera impedido “la voluntad de la menor de tomar la decisión que tomó”.
No obstante, el informe de Inspección, elaborado antes del fallo judicial, recoge al menos tres incidentes entre Sandra y sus presuntas acosadoras, con insultos y vejaciones, que deberían haber motivado la apertura de protocolos de acoso y de autolisis, según los inspectores.
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