La finca Aljóbar, propiedad de la Casa de Alba y situada en Aznalcázar (Sevilla), muy cerca del Parque Nacional de Doñana, está a un paso de recuperar su permiso de riego, a pesar de estar bajo investigación por la extracción ilegal de agua durante más de una década. La empresa responsable de su gestión, Eurotécnica Agraria, ha recibido un respaldo clave de la Conferencia Hidrográfica, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, que ha dado un paso definitivo para devolverle la autorización original de riego.
En concreto, el permiso permitiría utilizar hasta 605.150 metros cúbicos de agua anuales en tres parcelas que suman 222 hectáreas. Sin embargo, según las pesquisas de la Guardia Civil, la finca superó ampliamente este volumen durante años, con una horquilla estimada entre 3,8 y 6,6 millones de metros cúbicos extraídos de manera presuntamente ilegal mediante nueve pozos sin autorización. Esta sobreexplotación habría causado daños ambientales severos, valorados en cerca de seis millones de euros.
Los informes de los investigadores apuntan a que la actividad provocó un descenso progresivo del acuífero, acompañado de salinización del suelo, desertificación del entorno y la consiguiente muerte de flora y fauna autóctonas. El nieto de la Duquesa de Alba, Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, figura como investigado por un delito contra el medio ambiente, aunque el procedimiento administrativo para restaurar los permisos avanza al margen del proceso penal.
La defensa guarda silencio ante el juez
En el marco de la causa judicial, el representante legal de Eurotécnica Agraria se acogió este jueves a su derecho a no declarar ante el Tribunal de Instancia de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), según confirmaron fuentes judiciales a EFE. Durante la comparecencia, el apoderado de la sociedad investigada se limitó a remitir al testimonio previo prestado por el propio Luis Martínez de Irujo, quien compareció el pasado 20 de febrero.
El aristócrata declaró entonces que los pozos fueron regularizados tras la denuncia presentada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), organismo que impulsó la investigación actual. Según su versión, el proceso de legalización comenzó en cuanto fueron conscientes de la situación irregular de los pozos empleados para el riego de la finca sevillana.
El tribunal ha informado al representante legal de que la causa investiga una presunta extracción no autorizada de recursos hídricos, lo que podría haber provocado un grave perjuicio medioambiental durante varios años. A la espera de una resolución judicial definitiva, el trámite administrativo sigue su curso y no cierra la puerta a que la finca Aljóbar vuelva a regar sus tierras de forma legal, pese al historial de presunto saqueo de agua junto a uno de los espacios naturales más sensibles de Europa.
