Durante tres años, I.M.F ha vivido lo que define su entorno como un auténtico “calvario judicial y personal”. Un caso que arranca en marzo de 2023 y que, con el paso del tiempo, ha destapado una compleja trama de suplantación de identidad vinculada a estafas bancarias, en la que él terminó siendo el principal perjudicado. Todo comenzó cuando terceros desconocidos accedieron a sus datos personales mediante técnicas de fraude informático. Con esa información —incluyendo su DNI— abrieron múltiples cuentas bancarias en distintas entidades. A partir de ahí, el mecanismo era claro: recibir transferencias de otras víctimas y retirar el dinero en efectivo en cajeros, dificultando cualquier rastro.
Durante meses, su nombre empezó a aparecer en investigaciones policiales y judiciales. La situación llegó a tal punto que la Guardia Civil lo citó como presunto autor de los hechos. Fue entonces cuando descubrió que estaba siendo utilizado en una red de fraude de gran alcance. Lejos de tratarse de un caso aislado, los estafadores llegaron a operar con hasta once cuentas bancarias abiertas a su nombre, generando un perjuicio económico a terceros que supera los 47.000 euros. El impacto ha sido aún mayor debido a su situación personal. I.M.F tiene reconocido un 68% de discapacidad psíquica, lo que ha incrementado su vulnerabilidad y el desgaste emocional durante todo este proceso, marcado por la incertidumbre y la denominada “pena de banquillo”.
El caso ha dado un giro clave este 18 de marzo de 2026. El Juzgado de Instrucción nº 3 de Ponferrada ha acordado el sobreseimiento provisional, al no existir indicios que vinculen a I.M.F con los delitos investigados. El auto reconoce la falta de pruebas de una actuación dolosa y apunta a una posible suplantación de identidad. Sin embargo, la historia está lejos de cerrarse. Los verdaderos autores de la trama siguen sin identificar, evidenciando las dificultades para perseguir este tipo de delitos tecnológicos.
Desde Sires Abogados, que ha llevado la defensa, subrayan la gravedad del caso: “Nos encontramos ante un caso paradigmático de suplantación de identidad en el ámbito digital, donde una víctima acaba siendo tratada inicialmente como investigado”. Y añaden: “Durante tres años, nuestro cliente ha tenido que soportar una carga personal, judicial y reputacional absolutamente injusta”.