El Tribunal Supremo ha acordado la apertura de una nueva causa contra el eurodiputado y líder de Se Acabó La Fiesta, Luis Pérez Fernández, a partir de una querella interpuesta por el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, por un presunto delito de amenazas. La decisión se formaliza a través de un auto en el que el alto tribunal admite a trámite la denuncia presentada por el regidor gaditano.
Según recoge la resolución, basada en la documentación aportada en la querella, los hechos denunciados se centran en una serie de mensajes en los que el eurodiputado habría advertido de la posibilidad de difundir públicamente diversos materiales comprometedores. Entre estos se incluirían audios, documentos y capturas de conversaciones que, según se señala, contendrían información sobre supuestos comportamientos delictivos atribuidos al alcalde.
El auto del Supremo detalla que dichos mensajes vincularían de forma explícita la decisión de no hacer públicos esos contenidos a la dimisión de Landaluce como alcalde de Algeciras. Esta relación entre la eventual difusión de la información y la renuncia al cargo es el elemento central que sustenta la querella por amenazas presentada contra el líder de SALF.
Un nuevo procedimiento
Con esta nueva causa, el Tribunal Supremo amplía el número de procedimientos judiciales abiertos contra el eurodiputado. Hasta la fecha, el alto tribunal ya investigaba a Pérez Fernández en otras cuatro causas relacionadas con diferentes actuaciones atribuidas a su actividad política y en redes sociales.
Entre estos procedimientos previos figuran investigaciones por el presunto acoso a dos eurodiputados que concurrieron en su lista electoral, la difusión de una prueba PCR falsa atribuida al exministro de Sanidad y actual presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, así como el supuesto hostigamiento en redes sociales a la fiscal coordinadora de delitos de odio, Susana Gisbert. Además, se mantiene abierta una causa por presunta financiación ilegal de su formación política tras la recepción de 100.000 euros de un empresario identificado como Álvaro Romillo, conocido como CryptoSpain.