Los padres de Sandra Peña, la menor sevillana que presuntamente se suicidó el pasado mes de octubre tras sufrir acoso escolar, han reclamado este jueves una sanción "ejemplarizante" contra el colegio Irlandesas Loreto, donde estudiaba la joven. La familia sostiene que el centro no activó los protocolos previstos pese a haber asegurado previamente que lo haría.
Según han explicado, la dirección del colegio comunicó a los progenitores su intención de poner en marcha dos procedimientos contemplados por la Junta de Andalucía: uno de prevención y actuación frente al acoso escolar y otro relativo a conductas vinculadas con la autolisis. Sin embargo, aseguran que dichas medidas no llegaron a aplicarse finalmente.
En declaraciones al programa Hoy en Día de Canal Sur, la madre de la menor, Zara, ha señalado que Sandra comenzó a recibir atención psicológica durante el verano del pasado año. La especialista elaboró un informe que la familia trasladó posteriormente al centro educativo, tras lo cual, según la progenitora, el colegio anunció la activación de los citados protocolos.
No obstante, los padres han denunciado que esa actuación nunca se produjo y han llegado a hablar de "engaño". En este sentido, han afirmado que "el departamento de Inspección Educativa no sabía nada de esto, no conocía a Sandra Peña, no lo comunicaron", lo que, a su juicio, evidencia la falta de actuación por parte del centro.
La familia también ha señalado que los insultos que presuntamente sufrió la menor estaban relacionados con su aspecto físico y su orientación sexual, aunque han evitado pronunciarse sobre la posible implicación de otras menores en los hechos. Paralelamente, han agradecido la labor de la Fiscalía de Menores y de la Junta de Andalucía, destacando que "no tendré vida para agradecerles el trabajo que están haciendo, nos sentimos muy apoyados".
La denuncia
Los progenitores han presentado una querella contra el colegio Irlandesas Loreto de Sevilla y contra parte del personal docente, al considerar que podrían haber estado "implicados" en lo ocurrido. Por su parte, el tío de la menor y portavoz familiar, Isaac Villar, ha indicado que la investigación "no avanza", si bien ha reiterado su confianza en la justicia, que, según sus palabras, está realizando "una labor impecable".
La Fiscalía mantiene abiertos dos expedientes para esclarecer las circunstancias del caso: uno centrado en la posible implicación de varias menores y otro destinado a evaluar la actuación del centro educativo. Desde la dirección del colegio han pedido "cautela y responsabilidad" hasta que concluyan las investigaciones. El caso provocó a finales de octubre movilizaciones en 55 ciudades españolas, donde miles de estudiantes se manifestaron para acabar "con el monstruo del bullying".