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La Policía Nacional ha esclarecido un delito continuado de estafa presuntamente cometido contra una importante aseguradora española, tras determinar el destino de más de 659.000 euros que habrían sido pagados de forma indebida entre 2018 y 2021. Un total de 20 personas han sido investigadas judicialmente por su presunta relación con los hechos.
La investigación, bautizada como Operación PAYMENT, arrancó tras la denuncia presentada por la representación procesal de la compañía contra una exempleada de su celegación provincial de Cádiz.
La investigada se encargaba de gestionar y tramitar el pago de gastos de suplidos, es decir, aquellos gastos derivados de determinados servicios que inicialmente asume el asegurado y que después le reintegra la compañía.
726 pagos a 40 cuentas bancarias
Los hechos salieron a la luz a raíz de una auditoría interna de la entidad, que detectó 726 pagos presuntamente indebidos por un importe total de 659.345 euros, realizados mediante transferencias bancarias a 40 cuentas.
La investigación policial comenzó en agosto de 2023 con el objetivo de reconstruir el recorrido de las cantidades presuntamente desviadas y aclarar tanto el destino final del dinero como la posible participación de terceras personas. Para ello, los agentes analizaron a fondo los movimientos bancarios de los beneficiarios de los supuestos suplidos, con un total de 59 cuentas examinadas.
Ese análisis, junto con el resto de diligencias, ha puesto de manifiesto un flujo de dinero entre la exempleada y terceras personas. Según las pesquisas, algunas de ellas habrían recibido cantidades procedentes de los presuntos suplidos indebidos, mientras que otras habrían cobrado parte del dinero por su supuesta intermediación en los trámites necesarios para hacer efectivos los pagos.
Efectivo para borrar el rastro del dinero
Los movimientos se habrían realizado mediante transferencias bancarias, imposiciones de efectivo y entregas directas de dinero. En algunos casos, se habrían utilizado ingresos en efectivo con el objetivo de dificultar el seguimiento del dinero y preservar el anonimato de los beneficiarios.
El estudio de la documentación y de los movimientos bancarios ha permitido establecer las conexiones económicas entre los distintos implicados. Como resultado de las diligencias, los informes elaborados y las declaraciones testificales, 20 personas han sido investigadas judicialmente.
La investigación ha permitido esclarecer finalmente el delito continuado de estafa y determinar el recorrido de una parte de las cantidades presuntamente defraudadas. Uno de los principales objetivos de la actuación era localizar el destino del dinero y poner fin a la actividad delictiva, evitando así que siguiera aumentando el perjuicio económico para la entidad afectada.
Las actuaciones han sido llevadas a cabo por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de Cádiz, en coordinación con la autoridad judicial competente.
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