La Guardia Civil ha detenido tres hombres como presuntos autores de una estafa inmobiliaria basada en anuncios falsos de alquiler y venta de viviendas en San Fernando. 

Según la información publicada, las víctimas se encontraban en distintos puntos de España y la investigación comenzó a raíz de una denuncia presentada en Valladolid. A partir de ahí, se habría detectado una trama que operaba a través de plataformas digitales, cuentas bancarias obtenidas mediante suplantación de identidad y redes destinadas a retirar dinero en efectivo.

La Asociación de Gestores Inmobiliarios de la provincia de Cádiz, GICA – MLS Cádiz ha mostrado su agradecimiento a los agentes. La organización ha querido trasladar, en primer lugar, “un mensaje de reconocimiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por su labor en la persecución de este tipo de conductas, que generan un grave perjuicio a los ciudadanos y dañan injustamente la imagen de un sector formado mayoritariamente por profesionales serios, cualificados y comprometidos con la legalidad”.

Desde GICA insisten en que casos como este “no representan al sector inmobiliario profesional”. A su juicio, este tipo de sucesos pone sobre la mesa la importancia de que los consumidores recurran siempre a agencias acreditadas, con implantación real en el territorio, sede física o una identificación empresarial clara, además de procedimientos transparentes y garantías que puedan comprobarse.

“Cuando una operación inmobiliaria se realiza a través de una agencia profesional, el cliente no queda solo ante un anuncio o una conversación digital. Existe un control documental, una trazabilidad de la operación, una comprobación previa del inmueble y una responsabilidad profesional detrás de cada paso”, señalan.

La transparencia es una obligación profesional

La asociación recuerda que las agencias integradas en GICA trabajan con procedimientos comunes dirigidos a reforzar la seguridad jurídica y económica de las operaciones. Entre esos mecanismos destacan la revisión de la documentación de los inmuebles, la identificación de las partes implicadas, la transparencia en la información ofrecida al comprador, vendedor, arrendador o arrendatario, y la gestión segura de reservas y señales mediante transacciones bancarias controladas y protegidas por seguro de caución.

“En una operación inmobiliaria no basta con encontrar una vivienda o cerrar un acuerdo. Lo esencial es que cada paso esté comprobado, documentado y garantizado. Por eso recomendamos a la ciudadanía que, antes de entregar ninguna cantidad económica, verifique siempre quién está detrás de la operación, qué documentación existe, cómo se formaliza la reserva y qué garantías ofrece la agencia intermediaria”, añade GICA.

La organización recalca que la transparencia “no puede ser una opción, sino una obligación profesional”. En este sentido, recuerda que todas las propiedades gestionadas por agencias pertenecientes a GICA pasan por controles documentales y de calidad orientados a que cada transacción se desarrolle con legalidad, seguridad y equilibrio para todas las partes.

Asimismo, GICA defiende la necesidad de elevar los estándares del mercado inmobiliario y de diferenciar de forma clara entre operadores profesionales y prácticas fraudulentas o poco cualificadas. “Las malas prácticas deterioran la confianza, perjudican a los consumidores y dañan la reputación de todo el sector. Frente a ello, GICA representa un modelo basado en la formación profesional, la ética, la responsabilidad, la calidad del servicio y la protección del cliente”, concluye la organización.