El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha procesado al exdirector de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), Fernando Villén, y a otras cinco personas investigadas por las ayudas concedidas al Consorcio Centro de Formación en Técnicas Industriales (CTI) de San Fernando. El auto, que pone fin a la instrucción, aprecia indicios de delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental por presuntas irregularidades en subvenciones destinadas a formación para el empleo.
La resolución judicial concluye que existen elementos suficientes para continuar la causa por el procedimiento abreviado, paso previo a la posible apertura de juicio oral. El caso se centra en ayudas por valor de 4.822.855 euros concedidas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) al consorcio entre 2007 y 2012, cuya gestión habría presentado graves irregularidades, según el instructor.
Las subvenciones investigadas y las irregularidades detectadas
Según el auto judicial, las ayudas concedidas al Consorcio CTI habrían sido gestionadas sin los controles exigidos y con ausencia de documentación suficiente para justificar el destino de los fondos públicos. La investigación judicial arrancó después de que la Cámara de Cuentas de Andalucía detectara anomalías en su Informe de Fiscalización de 2013 sobre subvenciones a consorcios escuela de formación para el empleo.
Entre los investigados figuran Juan Manuel B. M., presidente del Consejo Rector del CTI y delegado provincial de Empleo en Cádiz entre 2004 y 2012; Fernando Villén, director general de Faffe; y los exdirectores generales de Formación para el Empleo María Josefa L. G., Manuel B. R., Andrés S. H. y María Teresa F. M.. Según el magistrado, todos ellos habrían participado en la concesión y gestión irregular de estas subvenciones públicas.
El auto, de 66 páginas, describe múltiples deficiencias en el proceso administrativo, entre ellas certificados emitidos sin documentación justificativa suficiente, ausencia de valoraciones técnicas previas a la concesión de ayudas y falta de seguimiento de las actividades formativas subvencionadas.
Los informes periciales de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y del interventor de la Junta de Andalucía señalan además importantes cantidades sin justificar en varios ejercicios: 668.871,14 euros en 2007, 100.000 euros en 2008, 338.135,23 euros en 2009 y 73.458,95 euros en 2010.
El instructor recoge incluso testimonios de funcionarios que revisaron los expedientes, quienes señalaron que "los expedientes de subvención del Consorcio CTI estaban prácticamente vacíos" y que eran "los más huérfanos de documentación" entre los relativos a consorcios escuela en Andalucía.
Certificados de finalidad y subcontratación con Faffe
Uno de los elementos centrales de la investigación es la emisión de certificados de finalidad, documentos previstos en el artículo 40 del Reglamento de Intervención de la Junta de Andalucía que permitían liberar el pago final de las subvenciones. Según el juez, estos certificados se firmaron sin comprobar realmente el cumplimiento de la actividad subvencionada.
Los exdirectores generales María Josefa L. G. y Andrés S. H. firmaron documentos asegurando que la subvención "ha sido aplicada a la finalidad para la que se concedió", pese a que, según el instructor, no existía documentación que lo acreditara. El magistrado subraya que "resultaría inviable que el órgano gestor hubiera podido acreditar" ese cumplimiento dada la falta de justificantes en los expedientes.
La resolución judicial también señala que las actividades formativas no eran ejecutadas directamente por el Consorcio CTI, sino que se realizaban a través de la Fundación Faffe, mediante un convenio firmado en septiembre de 2007 por Juan Manuel B. M. y Fernando Villén. Según el auto, el consorcio carecía de personal propio y realizaba sus funciones mediante trabajadores de esta fundación.
El juez considera que esta situación impedía que el CTI pudiera ser considerado beneficiario real de las subvenciones conforme a la Ley General de Subvenciones, al no contar con recursos humanos propios para ejecutar los proyectos formativos. Además, la subcontratación se habría realizado sin la autorización preceptiva del director general de Formación para el Empleo.
Fondos europeos y procedimientos de reintegro
Las subvenciones investigadas estaban cofinanciadas en un 80% por el Fondo Social Europeo, dentro del Programa Operativo FSE Andalucía 2007-2013, por lo que debían cumplir también la normativa europea sobre concesión y control de ayudas públicas.
Ante las irregularidades detectadas, la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo inició expedientes para recuperar las ayudas concedidas entre 2007 y 2010 por un total de 4.822.855 euros. Sin embargo, estos procedimientos fueron recurridos por el Ayuntamiento de San Fernando y posteriormente anulados por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por caducidad administrativa, lo que llevó a declarar finalmente la prescripción del derecho a exigir su devolución.
El auto también menciona que el Consorcio CTI fue disuelto en noviembre de 2017 tras la salida de la Junta de Andalucía del organismo y la constatación de que carecía de personal propio. La liquidación se realizó conforme a la legislación del sector público y supuso la extinción de la personalidad jurídica del consorcio.
El instructor dedica parte de la resolución a justificar la duración de la investigación, abierta en 2016 y prorrogada en varias ocasiones. En este sentido sostiene que "el establecimiento de un sistema de plazos procesales no puede generar situaciones de impunidad" cuando están en juego posibles irregularidades que afectan a fondos europeos y a los intereses financieros de la Unión Europea.
Con la finalización de la instrucción, el procedimiento entra ahora en la fase en la que Fiscalía y acusaciones deberán decidir si presentan escrito de acusación o solicitan el archivo, lo que determinará si el caso acaba finalmente en juicio.
