La figura del juez de paz es a menudo desconocida para la ciudadanía. Una persona designada por mayoría absoluta en los plenos de los ayuntamientos -con ratificación posterior en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía-, tiene mucho de la justicia de otros siglos. Porque, por ejemplo, tener conocimientos de derecho no es un requisito estipulado. No hay motivos tasados para elegir a un candidato a otro mientras cumplan los requisitos.
Eso sí, les llegan asuntos considerados menores: asuntos civiles de menos de 90 euros, algunas funciones del registro o lo que antes se llamaban faltas y ahora son los llamados delitos menores. En consonancia, sus retribuciones no llegan a las de un Salario Mínimo Interprofesional. El ayuntamiento tan solo debe motivar la decisión de designar a la persona, previo anuncio en el tablón municipal, como si de casi cualquier otra plaza de empleo público se tratara. Tienen algunas limitaciones, como no desempeñar un cargo público (no ser concejal) o no tener otra traba en la actividad profesional que eleve la sospecha de no ser imparcial cuando llegue el momento.
Ahora, uno de los candidatos que se ha quedado fuera en la pequeña localidad de El Bosque, en Cádiz, ha elevado al TSJA una queja contra el acuerdo de pleno del ejecutivo actual. Alega en su escrito de impugnación no se habrían cumplido los requisitos de publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento la lista de admitidos y excludos. Además, que se han valorado en su favor, por ejemplo, que tenga experiencia para ello.
El asunto está en la incompatibilidad de una figura con el desempeño el la actividad privada. "Ha venido trabajando en la Administración Pública y en empresas privadas (en periodos al menos de 15 días), siendo incompatible con la convocatoria, y dejando su puesto titular sin que el sustituto haga sus funciones".
Los partidos políticos de la oposición Adelante y AxSí al gobierno municipal, en manos del PSOE, mostraron sus dudas al respecto de la propuesta de nombramiento de Jessica Benítez. En un debate algo caldeado, no se mostraban en contra realmente de la candidata, sino de por qué el Ayuntamiento llevaba ese nombre. La alcaldesa, en el pleno, pedía a la oposición que argumentara en favor de alguno de los otros dos candidatos en el proceso de designación. La oposición no optó por ninguno, no hubo puramente debate y el proceso ya está en marcha este 2021 para un cargo de cuatro años.
Ahora, será el TSJA el que resuelva. Primero, en la designación o no de la candidata, y segundo, dando su postura respecto a las quejas de uno de los aspirantes. La alcaldesa, Pilar García, explicaba a lavozdelsur.es esta semana que la elegida era "la única candidata que presentaba méritos, y ningún otro grupo realizó ninguna propuesta".
A la regidora le ha cogido de sorpresa que la queja se haya elevado al TSJA -que en todo caso, sería un asunto puramente administrativo-. "No esperaba que llegara y estamos muy tranquilos, no tenemos ninguna duda". Sobre la presunta falta de publicidad, señalaba que "se le ha dado. Nos preguntaron si lo publicaríamos en Facebook, pero este tipo de anuncios no se suelen publicar en redes sociales. Hemos publicado donde la ley nos marcaba, no pueden achacarnos nada".
Asimismo, incide en que el ausnto "no tiene importancia más allá de la que queramos darles. Los argumentos están claros. Conozco a esta persona como conozco a cualquier vecino en un pueblo de 2.000 habitantes. No haya más que los méritos y que los otros grupos no presentaron otras propuestas".
Este periódico ha tratado de contactar con la persona propuesta ante el TSJ para ser juez de paz, pero no ha sido posible a pesar de pedirlo expresamente al Ayuntamiento. En todo caso, este asunto revela esa realidad aún existente, de un organismo, los juzgados de paz, y la designación aún de personas que no tienen el requisito de ser profesionales del derecho para tomar decisiones. Una figura de raigambre histórica y con bajos emolumentos elegidos a propuestas de los ayuntamientos. Y que ha generado una disputa municipal en El Bosque.
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