Los trabajadores del centro de menores Manuel de Falla de Jerez no pueden más. Es imposible que puedan atender como merecen a los numerosos jóvenes —conocidos como MENA, Menores Extranjeros No Acompañados— que reciben en las instalaciones, procedentes de comisarías de toda la provincia. “El personal está psicológicamente tocado”, dice Isabel Pajuelo, presidenta del comité de empresa, que porta una pancarta en la que se puede leer: “No al hacimiento de menores en los centros. ¡Cobertura de vacantes ya!”. La manifestación, secundada por los sindicatos Ustea, CCOO, UGT y CSIF, reúne a un buen número de empleados que piden que se cubran las bajas.
En el de Jerez, por ejemplo, hay cuatro vacantes, ya que además de faltar un psicólogo, necesita dos educadores —hay 16 cuando deberían ser 18—. El centro de menores, con capacidad para unos 18 menores, llega a acoger durante algunos fines de semana a cerca de 100, apunta Pajuelo, quien denuncia la “saturación” que sufren, ya que muchos de ellos tienen que dormir en colchones esparcidos por el suelo, incumpliendo “el derecho a la intimidad del menor”, según recogen los empleados en una nota en la que enumeran los inconvenientes con los que se encuentran.
También hay problemas de higiene, ya que muchos de los jóvenes “ingresan sin ningún protocolo médico iniciado, pudiendo ser portadores de enfermedades infecto-contagiosas”, por lo que se han llevado más de un susto en alguna ocasión. José Antonio Martín es uno de los educadores del centro de menores Manuel de Falla. “No damos abasto”, señala, y es que el pasado fin de semana estuvieron dos educadores para 44 niños. “Se supone que tenemos que hacer una labor educativa, pero solo llegamos a hacer una labor asistencial”, confiesa.
Martín cuenta que desde el verano pasado, época en la que el repunte de inmigrantes llegados al país es mayor, no paran de recibir a menores. “Este año no hemos parado”, dice agotado, y señala que llegan a tener una media de 30 niños en unas instalaciones que están adecuadas para 18. El comité de empresa ha enviado varios escritos informando de la situación a la Junta de Andalucía, responsable del centro, aunque dada la falta de respuesta decidieron pasar a la acción. “No nos creemos las promesas”, dice Pajuelo.
Los menores inmigrantes, apuntan los trabajadores, también llegan sin prueba osométrica, la que determina su edad y, por consiguiente, si permanecen o no en el centro —ya que es solo para menores de 18 años—. “Hay algunos que sobrepasan esta edad, confirmado por ellos mismos”, señalan los empleados, ya que llegan después de pasar unas horas en comisarías de la provincia y ser derivados por la propia Policía a alguno de los centros.
“Hacer traslados casi diariamente supone un educador menos en el turno, habiendo una sobrecarga de trabajo para los otros dos”, informa la plantilla, que también se queja de que la furgoneta que se utiliza para estos traslados es muy antigua —tiene 16 años—, lo que añade “mayor riesgo de peligrosidad” y que se suceden episodios violentos con menores que “no aceptan ser trasladados”.
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