El Consejo Consultivo de Andalucía ha dado la razón al Ayuntamiento de Algar, municipio de la provincia de Cádiz gobernado por el PSOE que no llega a los 2.000 habitantes, en su pelea para resolver el contrato de explotación privada del complejo turístico público del Tajo del Águila por los incumplimientos de la concesionaria, Algar Aguas de Cádiz SA —con sede en Jerez y en cuyo accionariado figuran destacados empresarios de la provincia—, que arrastra deudas de unos 200.000 euros con el Consistorio algareño en concepto del canon estipulado en la adjudicación correspondiente a los años 2015, 2016 y 2017.
Dicha empresa, que ahora verá incautada la garantía que debió suscribir a la firma del contrato e incrementarla con una indemnización por daños y perjuicios a la hacienda municipal, había solicitado igualmente la resolución del contrato, aunque con la idea de lograr que se liquidara por la vía amistosa y, consecuentemente, sin indemnización alguna. El dictamen del órgano regional, al que ha tenido acceso lavozdelsur.es, se emite justo un año después de que el Juzgado de Instrucción número 3 de Arcos abriera diligencias penales por un posible delito de prevaricación continuada en el Ayuntamiento de Algar. Una instrucción, han confirmado fuentes jurídicas a este medio, que sigue viva.
Dichas diligencias arrancaron a partir de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, noticia que adelantó en exclusiva este medio, las cuales provocaron que incluso tuvieran que comparecer ante el juez, en calidad de testigos, la alcaldesa de la localidad, la socialista María José Villagrán, y los cuatro concejales con los que contaba el PSOE en el anterior mandato y que respaldaron el presunto trato de favor a la sociedad mercantil. El objetivo del magistrado era analizar si se vulneró la legalidad a sabiendas al aprobar por parte del Consistorio algareño, en un acuerdo de pleno urgente en septiembre de 2014 y con reparos de los técnicos municipales, la prórroga de los contratos con la empresa Algar Aguas de Cádiz SA para la gestión y explotación del Complejo Turístico Tajo del Águila, por 20 años, y del albergue municipal, velero Xarxa Plus, aula de naturaleza y hangares, por otros 15 años más.
La sociedad, que regenta estas instalaciones desde hace casi dos décadas, adeudaba en el momento del acuerdo más de 200.000 euros en concepto de canon (más intereses) a la administración local, “lo que supuso un grave quebranto” al Ayuntamiento —en aquel momento apenas podía pagar los seguros sociales de sus trabajadores y contaba con la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) retenida— y un “enriquecimiento injusto para terceros”. En cambio, la prórroga de los contratos salió adelante gracias a la mayoría absoluta del PSOE sin satisfacerse dicha deuda (el pago se hizo días después), sin que se exigiesen los intereses de demora, y aceptando condonar hasta el 80% del canon a cambio de futuras inversiones “no previstas ni en el pliego ni en el contrato”, lo que técnicamente se sabía que daba lugar a una necesaria modificación del mismo y, por tanto, a una nueva licitación pública del complejo turístico.
Por si fuera poco, tras la prórroga a todas luces improcedente —como atestigua ahora el Consejo Consultivo en su dictamen fechado en abril pasado— la sociedad siguió con el reguero de impagos al Ayuntamiento y, en este momento, adeuda un total de 162.037 euros por el canon del contrato del Tajo del Águila de los años 2015 a 2017, y 64.963 euros, correspondientes al canon por el contrato del albergue relativo a esas mismas anualidades. Pese a todo lo descrito, la mercantil ha reclamado al Ayuntamiento que resuelva el contrato de mutuo acuerdo, con el objetivo de no tener que indemnizar a esta administración pública y aferrándose a la "imposibilidad de la explotación del servicio como consecuencia de acuerdos adoptados por la Administración con posterioridad al contrato".
Una demanda que ha rechazado por improcedente el Consejo Consultivo andaluz, por lo que el Consistorio podrá incautar la garantía que depositó Algar Aguas de Cádiz SA en el momento de firmar los contratos y deberá, además, indemnizar a la administración local en concepto de daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe del referido aval incautado. Según recoge el dictamen firmado por tres letrados del referido órgano autonómico, "el impago del canon, dada la naturaleza onerosa del contrato, hace que se esté ante un incumplimiento grave de una obligación esencial del contrato, tal y como se argumenta por la Administracion consultante —el Ayuntamiento de Algar—, por tal motivo concurre la causa de resolución invocada por éste".
En todo caso, resulta especialmente llamativo que tanto contratante como contratista se hayan animado a finiquitar la relación contractual meses después de la apertura de diligencias penales por presuntos delitos de prevaricación continuada en torno a la privatización de este espacio natural, próximo al embalse Guadalcacín II, que siempre ha figurado como uno de los motores de desarrollo económico de la localidad gaditana. En el caso de la mercantil solicitó la resolución amistosa en noviembre pasado, mientras que el gobierno algareño adoptó tal resolución el pasado 25 de enero.
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