El Juzgado de Instrucción número 3 de Arcos investiga un posible delito de prevaricación continuada en el Ayuntamiento de Algar, municipio de la provincia de Cádiz gobernado por el PSOE que no llega a los 2.000 habitantes. A raíz de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, a la que ha tenido acceso en exclusiva lavozdelsur.es, el juez ya ha llamado a declarar en calidad de testigos a la alcaldesa de la localidad, la socialista María José Villagrán, y a los cuatro concejales con los que contaba en el anterior mandato. El objetivo del magistrado es analizar si se vulneró la legalidad a sabiendas al aprobar por parte del Consistorio algareño, en un acuerdo de pleno urgente en septiembre de 2014, la prórroga de los contratos con la empresa Algar Aguas de Cádiz SA (con sede en Jerez) para la gestión y explotación del Complejo Turístico Tajo del Águila, por 20 años, y del albergue municipal, velero Xarxa Plus, aula de naturaleza y hangares, por otros 15 años más.
La sociedad, que regenta estas instalaciones desde hace más de una década, adeudaba en el momento del acuerdo más de 200.000 euros en concepto de canon (más intereses) a la administración local, “lo que supuso un grave quebranto” al Ayuntamiento —en aquel momento apenas podía pagar los seguros sociales de sus trabajadores y contaba con la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) retenida— y un “enriquecimiento injusto para terceros”. En cambio, la prórroga de los contratos salió adelante gracias a la mayoría absoluta del PSOE sin satisfacerse dicha deuda (el pago se hizo días después), sin que se exigiesen los intereses de demora, y aceptando condonar hasta el 80% del canon a cambio de futuras inversiones “no previstas ni en el pliego ni en el contrato”, lo que técnicamente se sabía que daba lugar a una necesaria modificación del mismo y, por tanto, a una nueva licitación pública del complejo turístico.
En un decreto firmado el pasado 9 de abril, tras abrir diligencias de investigación penal, el Ministerio Fiscal denunció estos hechos ante los Juzgados de Arcos, basando su argumentación, principalmente, en el informe desfavorable que emitió días antes del referido acuerdo plenario la secretaria-interventora municipal. Ésta alertó de la “improcedencia” de prorrogar unos contratos sobre los que existía “causa de resolución” por, entre otras cosas y como se ha dicho, el impago de los últimos tres años de canon por la concesión: 211.578,29 euros, más unos intereses de 13.408,04 euros. “Si arbitrario fue la tramitación de dicho asunto por vía de urgencia (pues el primero de los contratos no finalizaba hasta el año 2025, y el segundo, hasta 2021), más lo fue el acuerdo que se adoptó”, expone Anticorrupción en el decreto remitido al Juzgado. En aquel acuerdo plenario salió adelante la prórroga de los contratos condicionado al abono de los cánones pendientes, “sin reclamarse el pago de los intereses”, y “se aprobó la compensación del canon (hasta en un 80%) por obras futuras (presupuestadas en casi 370.000 euros) sin que se tramitase previamente el expediente de modificación del contrato”, exigencia ésta que ponen de relieve los informes previos de fiscalización y otro externo que el propio Consistorio demandó a una profesora especializada de la Universidad de Cádiz.
Algar se encuentra en un enclave natural privilegiado, a la entrada del parque natural de Los Alcornocales, junto a los jerezanos Montes de Propio, el nacimiento de Tempul, el pantano de Guadalcacín y el Tajo del Águila. Desde hace casi dos décadas, estos dos últimos recursos naturales aludidos son objeto de explotación turística privada, sin que hasta la fecha “hayan tenido nunca un contrato legal”, aseguran fuentes del pueblo consultadas por este medio. De hecho, Anticorrupción advierte de que también estos hechos podrían ser constitutivos de infracción penal, si bien “se encuentran prescritos, dado que han transcurrido 17 años desde la fecha de la comisión”. El primer contrato de explotación del Complejo Turístico Tajo del Águila se formalizó, por un periodo de 25 años, entre el Ayuntamiento algareño y la empresa Alturts XXI SL en el pasado año 2000, siendo subrogado a Algar Aguas de Cádiz SA en junio de 2006. Ese mismo año, se celebró otro contrato entre el Consistorio y Dipronáutica SL para la explotación del albergue municipal, velero Xarxa Plus, aula de naturaleza y hangares por espacio de 15 años, aunque en 2011 también fue subrogado a la concesionaria actual.
Desde entonces, prácticamente no solo no ha abonado el correspondiente canon ni ha acometido las inversiones previstas, como reza el informe de Fiscalía, sino que al solicitar a la Alcaldía, durante el pasado 2013, la prórroga de estos contratos la sociedad llegó a demandar que se le rebajara el canon “por las pérdidas acumuladas por la sociedad y la inversiones realizadas”. “Esto es un desastre, no pagan, no invierten, no hay mantenimiento ninguno… Lo poquito que tenemos en la Sierra, que podía dar de comer a 10 o 15 familias, es otro cortijo del PSOE y de unos cuantos empresarios gordos de la provincia”, señalan las mismas fuentes consultadas por este medio.
Villagrán: "La empresa quiere hacer una serie de inversiones y eso es bueno para el pueblo, para el fomento del turismo y para la generación de empleo"
En declaraciones a lavozdelsur.es, la alcaldesa de Algar, María José Villagrán, niega cualquier irregularidad en el procedimiento adoptado para prorrogar las concesiones en torno al Tajo del Águila y el embalse de Guadalcacín y ha confiado en el archivo judicial. La regidora del PSOE, que gobernó con mayoría absoluta en el pasado mandato y que en el actual cuenta con otros tres concejales (aunque uno dimitió hace unos meses), mantiene que “en todo momento hemos cumplido la legalidad” y apunta a que la denuncia “no tiene ni pies ni cabeza” y “solo busca hacer daño al equipo de gobierno”. “No hemos vulnerado nada, más transparentes no hemos podido ser; la posibilidad de prórroga venía recogida en el pliego; se aprobó de manera urgente porque entendíamos que cuanto antes se hiciera, mejor para el pueblo; y en cuanto a la modificación del contrato por las obras sí es algo sobre lo que hemos solicitado ayuda a Diputación para que nos diga cómo resolverlo”, abunda al otro lado del teléfono.
Villagrán, que apunta a que la denuncia es fruto de “una venganza de un antiguo concejal del PA” en la localidad, asume “no entender qué ve el fiscal que se ha hecho aquí, porque no se ha hecho nada”. “Ni siquiera —añade— hemos llevado a cabo la compensación del canon porque para eso hay que hacer una modificación del contrato que es algo que estamos viendo con Diputación. La empresa quiere hacer una serie de inversiones y eso es bueno para el pueblo, para el fomento del turismo y para la generación de empleo”.
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