Manuel Balber y Jesús Galván cumplen este viernes su décimo día encaramados a una grúa del astillero de Navantia en San Fernando. La protesta, que arrancó hace diez días para denunciar la existencia de supuestas listas negras que les impiden trabajar en la industria naval auxiliar de la bahía gaditana desde 2019, recibe este viernes el respaldo de la secretaria general de Podemos y diputada en el Congreso, Ione Belarra, que se personó en la factoría y exigió al presidente Pedro Sánchez que actúe de forma inmediata.
Belarra, como su compañera Irene Montero el pasado fin de semana, no ha podido entrar al astillero.En su intervención ante los medios, acusa directamente al Gobierno de "criminalizar el sindicalismo" a través de Navantia, una empresa de titularidad 100% pública: "Cuando alguien levanta la cabeza, cuando alguien defiende sus derechos, cuando alguien pelea junto a sus compañeros, lo que hacen es disciplinarle y reprimirle para que no lo vuelva a hacer", señala.
La dirigente de Podemos es directa con su exigencia: "Le exijo al presidente Sánchez y al Gobierno de España que cesen en este bloqueo a los sindicalistas combativos, que se les permita trabajar en su tierra. No están pidiendo ningún privilegio, están pidiendo poder llevar el pan a su casa con sus familias".
"¿Cómo no vamos a creer que hay listas negras si a Irene Montero no la dejaron entrar?"
Belarra también carga contra lo que califica de "ensañamiento de Navantia" con los dos trabajadores, denunciando el corte del suministro eléctrico de la grúa: "¿Qué es esto de que en una democracia del siglo XXI se le corta la luz a dos personas que están protestando? Es una vergüenza. No les dan acceso a un teléfono con internet porque les molesta que estén denunciando". Para la diputada, el argumento de que el corte fue por seguridad no se sostiene: "El presidente de Navantia y el Gobierno no quieren que ellos puedan seguir protestando".
La secretaria general de Podemos utiliza también el episodio en el que a la eurodiputada Irene Montero se le impidió el acceso al astillero como prueba de que algo hay que ocultar: "¿Cómo no nos vamos a creer que hay listas negras si a una eurodiputada se le impidió la entrada? Si todo funciona tan bien en Navantia, ¿por qué no dejan entrar a los representantes públicos?". Y sobre el papel del Comité Intercentros, que no respalda la protesta, es igualmente contundente: "Lo que más duele son los golpes de los que deberían ser los compañeros".
La CTM: negociaciones abiertas, pero "demasiado lentas"
El portavoz de la Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM), Diego Rodríguez, aporta más detalles sobre el estado del conflicto. Confirma que hay negociaciones abiertas desde el viernes pasado, pero que "van demasiado lentas" y que las condiciones en las que se encuentran los dos soldadores son "muy complicadas" en el día diez de la protesta.
Rodríguez precisa además que la exigencia es tan concreta como sencilla: "Lo único que se está pidiendo es que vuelvan a trabajar sin ninguna condición especial, únicamente que su trabajo en la industria naval auxiliar sea en la provincia de Cádiz. El problema de ellos no es que no puedan trabajar en otro lado; el problema es que no les permiten trabajar en la provincia de Cádiz".
Rodríguez también apunta la paradoja que, a su juicio, deja en evidencia a Navantia: "Navantia dice que no existen listas negras, pero tampoco explica por qué dos trabajadores con la profesionalidad de Manolo y Jesús, en un momento con una carga de trabajo brutal, no pueden entrar a trabajar".
Navantia reitera: "No existen listas negras"
La empresa pública vuelve a rechazar cualquier irregularidad en sus procesos de contratación. Fuentes de Navantia reiteran que "no existen listas negras" y que cualquier proceso de contratación está regulado bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad, señalando que la compañía contrata servicios y "no veta ni impone trabajadores" más allá del cumplimiento de la legalidad.
Sobre la situación de los manifestantes, la empresa insiste en que su "máxima preocupación es su seguridad" y que se les está suministrando agua, comida, mantas, asistencia médica, iluminación y medios de comunicación. La CTM, sin embargo, denuncia que los móviles proporcionados carecen de internet y de cámara de fotos, lo que limita su capacidad de documentar y difundir la protesta.
