Eva Foncubierta Cubillana ha sido reelegida como la voz de los emigrantes retornados de España. Un colectivo, que "ha hecho tanto por España" y al que Gobierno ha tratado como defraudadores. 

Desde la calle se la ve en su despacho rodeada de papeles. El cierro –balcón cerrado típico de La Isla- deja ver a la presidenta nacional de la Federación Española de Asociaciones de Emigrantes Retornados (FAER), que anoche mismo aterrizó en la provincia después de estar varios días en Madrid. Eva Foncubierta Cubillana (San Fernando, 1971) acaba de ser reelegida en este cargo para otros cuatro años más; unos años que van a resultar clave para que el calvario que los emigrantes retornados están viviendo pueda terminar de una vez. Madre de dos hijos, no son pocas las veces en estos años en los que se ha montado en un tren a las 5.50 de la mañana y ha vuelto a las 23.30 horas y, sin duda el coste personal de esta responsabilidad lo sufre cada día. Ingeniera técnico de informática de formación, Eva habla como soltura de legislaciones fiscales –española y extranjeras- fruto de su concienzudo estudio para que cuando tuviera que sentarse frente a un director general de Tributos o frente al mismísimo ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, lo hiciera con toda la formación e información posible y defender con vehemencia unos argumentos que “son justos”. Por eso, sus compañeros saben que no podían tener mejor representante. Porque además de leyes sabe todos y cada de los dramas personales que hay detrás de uno de los emigrantes retornados. Ella es la voz de 45.000 personas en la provincia y 750.000 en España que han sido tratados como defraudadores por este Gobierno. Ellos, cuyas divisas, fruto de su trabajo, aún siguen enriqueciendo a este país.

Acaba de ser reelegida por otro mandato tras unos años especialmente duros para el colectivo que representa. ¿Le ha costado volver a presentarse?

Mucho porque estaba cansada. No de trabajar ni de luchar porque esas ganas no las voy a perder nunca sino porque esta responsabilidad me roba mucho tiempo de mi familia y de mi trabajo diario aquí en la asociación pero mis compañeros han sido muy generosos y en las circunstancias en las que estamos y con lo que nos queda luchar con Hacienda, pensaron que era la que más capacitada estaba para seguir con nuestro trabajo.

Porque, ¿cuál es la problemática de los emigrantes retornados?

La emigración siempre ha tenido sus problemas propios de adaptación, de recuperación de los derechos adquiridos en los países donde ha existido esa inmigración pero en 2012, los emigrantes retornados (sobre todo de Galicia, Andalucía y Extremadura) empezaron a recibir requerimientos de Hacienda multándoles por no haber declarado sus pensiones extranjeras, entiendo que tenían dos pagadores y obligándoles a hacerlo con carácter retroactivo desde 2008. Algo de lo que nunca habían sido informados en las oficinas de la Agencia Tributaria. Es más, hoy en día, en algunas delegaciones todavía les dicen que esas pensiones no las tienen que declarar cuando ya han recibido incluso cartas aregándoles a pagar y llamándoles defraudadores.

¿Y en qué momento están ahora?

Pues estamos a la espera de que todas las proposiciones no de ley (PNL) que presentó el PSOE en la anterior legislatura, en la que tenía mayoría el PP, puedan salir adelante ahora con el compromiso que tenemos de Unidos Podemos y las Mareas. Y hace dos semanas ya se aprobó en la Comisión de Hacienda la PNL que exige una revisión de la fiscalidad de estas pensiones que vienen del extranjero para que no tengan el mismo gravamen que las españolas y que se devuelva de oficio todas las sanciones impuestas a los emigrantes. Y es que tras aquellas primeras cartas intimidatorias, en 2014 abrieron un proceso de regularización de seis meses para que estos emigrantes pagaran con carácter retroactivo esas pensiones. Aquello fue catastrófico e impusieron multas y sanciones que han dejado a muchas personas en la ruina. Conseguimos que se devolvieran las multas pero de los veinte millones recaudados en sanciones, sólo han devuelto trece. Aún faltan siete que vamos a seguir reclamando y, sobre todo, que se devuelva de oficio porque hasta ahora es a instancias del interesado y, teniendo en cuenta las características del colectivo, muchos ni siquiera reclaman esas multas.

¿Qué beneficios ha obtenido el Gobierno con esta regularización?

A aquel proceso de regularización sólo se acogieron el 20% de los emigrantes y sólo con eso, el Gobierno recaudó 309 millones de euros. Muchos de ellos fueron directamente a la ruina porque tuvieron que pagar de un tirón cuatro años, sin poder fraccionar los pagos, sin poder pedir un préstamo porque con esa edad no hay banco que se los dé y tuvieron que pasar de ayudar a los hijos a ser mantenidos por éstos en los peores años de la crisis. Exigimos que ampliaran los plazos porque todo aquel que no regularizase en ese tiempo era sancionado pero no cedieron. Y luego aprobaron una amnistía fiscal para las grandes fortunas. De forma que han preferido ayudar a sus amigos y maltratar a los emigrantes retornados. Han dejado de recaudar siete mil millones de euros de las grandes fortunas por 309 millones de euros de un colectivo que tanto ha hecho y sigue haciendo por España. Podían haberlo hecho de otra forma porque estoy segura que si hubieran mandado la misma circular diciéndoles que tenían que declarar sus pensiones al año siguiente, se hubieran ahorrado la alarma social que crearon, las manifestaciones y las salidas en prensa.

¿Y cuál es la sensación que tiene el emigrante?

No lo entienden. Ahora mismo están todos pagando cantidades que, en muchos casos, son astronómicas y muchos han renunciado a solicitar las pensiones que les pertenecen de su trabajo. Pero la sensación es que han estado trabajando para España (porque la emigración anterior les daba para mandar dinero aquí) y después de estar cuarenta años en el extranjero, vienen con sus ahorros para pasar sus últimos días en su tierra y ven que se lo quitan todo. Es un atraco. No entienden por qué han estado pagando impuestos en los países de emigración y ahora tienen que pagar pensiones extranjeras que se genera con fondos extranjeros, que no les cuesta nada al Estado español y les aplican el mismo tipo de gravamen que una pensión nacional.

En la provincia de Cádiz, el colectivo alcanza a 45.000 personas, pueblos enteros casi. ¿Cómo han pasado estos años?

Es que el Gobierno no tiene ni idea el daño moral que le ha hecho a estas personas. No sólo el daño económico, que a algunos los ha dejado en la ruina sino la sensación de impotencia, de vergüenza que sienten. Yo he tenido aquí sentada donde estás tú ahora mismo a un señor de 85 años llorando porque no sabía cómo decirle a su hijo, que está en Alemania, que en el suyo de origen es un defraudador. Ellos vienen con una conciencia fiscal que nosotros no tenemos y cuando llegan aquí, preguntan y les dicen que no tienen que declarar. Por eso, no lo entienden. Pero es que ha sido sangrante porque cuando a ti Hacienda te embarga, te deja al menos el salario mínimo interprofesional (SMI) pero es que muchos que cobraban una pensión de 1.400 les han dejado la cuenta a cero. De hecho ha habido suicidios de personas que no han podido aguantar más. Nosotros podemos hacer todo para que les devuelvan las cantidades indebidamente cobradas, para que les bajen los pagos pero, al fin y al cabo, es dinero pero el daño moral que se le ha hecho a estas personas es irreparable.

Hay que tener en cuenta que hay pueblos en el que casi todos han sido emigrantes y que están viendo cómo les ha llegado la carta al vecino y ven al cartero y piensan que les va tocar a ellos. Bueno, es que hasta hoy mismo, van notificadores de Hacienda en persona a la casa del interesado y se queda esperando para que la persona llegue para darles la carta en la mano. Requerimientos que ya van con sus correspondiente sanciones, multas e intereses de demora; que en el caso de las pensiones públicas de Alemania son ilegales porque estaban exentas de ser declaradas, tal como ya ha fallado los tribunales.

En este segundo mandato ¿cuáles van a ser las tareas fundamentales?

Tenemos que seguir con esta lucha y continuaremos exigiendo que reparen todo el daño que les han hecho, con las devoluciones de oficio de esas sanciones que se han impuesto y que se haga de forma automática la homologación de la invalidez. Además formo parte del Consejo General de Ciudadanía Española en el Exterior donde defendemos a los emigrantes que ahora mismo están fuera y serán luego retornados y nuestro objetivo es acabar con el voto rogado. Es una vergüenza y la participación ha bajado del 24 al 4%.

Además nos hemos reciclado y ahora informamos a los nietos de los retornados que acuden a nosotros para que les asesoremos en su emigración al extranjero. Gente que se ha visto obligada a marcharse y no sabe por ejemplo que deben llevarse un certificado de penales, el libro de familia si la tiene o que cuando vuelva, pida el desempleo desde aquí porque si lo pide desde el país de emigración, cuando llegue sólo cobrará tres meses. Son cuestiones que aunque el Ministerio diga que está en la página web no son de fácil acceso. Estamos hablando que ahora mismo hay dos millones de españoles que están fuera de nuestro país y que esto no es una cuestión de movilidad exterior ni de Erasmus.

Y el balance de su trabajo, ¿sale a favor?

Sí. Para mí todo este trabajo tiene una recompensa personal porque considero que he hecho todo lo que tenía que hacer y sé que tengo mucha gente detrás que me apoya porque se ha sentido representada y defendida. Creo que hemos avanzado muchísimo y, sobre todo, hemos hecho visible el colectivo del emigrante retornado, una figura que no estaba reconocida y que aún siguen sin tener reconocimiento en este país. Personas que se fueron por motivos políticos y económicos y que permitieron que la gente que se quedó aquí cotizara toda la vida, mientras que ellos se fueron a pasar calamidades porque, aunque la de ahora es dura, la de antes no tenía nada que ver. 

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