El Fondo de Barril, la amplicación de la refinería que la multinacional Cepsa tiene en el Campo de Gibraltar, puede que nunca llegue a materializarse. Acosada por la Fiscalía, que investiga la denuncia que cursó en 2019 la organización Verdemar-Ecologistas en Acción por “presunta comisión de delitos de prevaricación urbanística y ambiental, relativos a la protección de la flora y fauna, contra los recursos naturales y el medio ambiente, y sobre el patrimonio histórico”, y expedientada con una sanción de 1,9 millones de euros por el Ayuntamiento de San Roque —la licencia para el movimiento de tierras permitía llegar a los 91.899 metros cúbicos, pero se alcanzaron los 245.007 metros—, la multinacional canceló a finales del pasado año diferentes contratos que iban a trabajar para el proyecto, por lo que podría quedar finalmente en nada.
La inversión, que pretende alargar la vida útil de la planta "de unos 20 a unos 40 o 45 años", comenzó en 2018 en el Monte de los Castellones, en el término municipal de San Roque. Desde el principio generó controversia en una zona tan industrializada con regada de grandes factorías muy contaminantes. Bajo la promesa de una inversión de 926 millones de euros en tres años que, durante la fase de construcción, generaría unos 3.200 puestos de trabajo, Cepsa no obtuvo hasta el cambio de Gobierno en la Junta los parabienes de la Administración andaluza, que en julio de 2019 consideró el proyecto de interés estratégico para Andalucía, lo que iba a permitir una tramitación preferente.
En todo este tiempo, Cepsa ha venido defendiendo que el proyecto permitirá una reducción del impacto ambiental y responder a “una demanda cada vez mayor de productos más ligeros y combustibles con menos azufre".
Trambién en diciembre pasado, el Grupo Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia En Comú registró una iniciativa en el Congreso en la que expresaba su rechazo al Fondo de Barril, al entender que "una apuesta por la transición energética debería limitar el crecimiento de refinerías". La iniciativa, registrada por el diputado verde Juantxo López de Uralde, y la diputada por Sevilla María Márquez, recordaba que la Declaración de Impacto Ambiental de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental fue publicada en el BOE el pasado 21 de octubre.
La iniciativa consiste en "la construcción y explotación de una nueva unidad de proceso en la Refinería Gibraltar-San Roque denominada 'LC-Fining', así como otras unidades de proceso, tanques y servicios auxiliares necesarios. Estas nuevas unidades no suponen un incremento de capacidad de refino del complejo (actualmente 12 millones de toneladas anuales de crudo), tan solo una redistribución de productos, desplazando hacia cortes más ligeros la actual producción de Refinería". Por ello, los diputados de Unidas Podemos preguntaban al Gobierno si puede garantizar que el proyecto Fondo Barril no supondrá un aumento de la producción de combustible. Además, en la misma línea, pedían al Ejecutivo si se planteaba revisar la Declaración de Impacto Ambiental.
"Tenemos mucho sol y mucho viento, especialmente en una zona como la Bahía de Algeciras, que tienen un enorme potencial para llevar a cabo una reindustrialización verde"
Para López de Uralde y Márquez, y tal y como señalan organizaciones ecologistas como Verdemar, "ampliar las instalaciones de la refinería no es compatible con un proceso de transición energética ni de descarbonización de nuestra economía, por la que tanto estamos apostando". En los Presupuestos Generales del Estado de 2021, y en los fondos extraordinarios de la UE por los efectos devastadores de la pandemia, una de las claves pasan por los avances en materia de transición energética y lucha contra el cambio climático. "Es necesario que esto se traduza en una apuesta por proyectos limpios, y no seguir invirtiendo en energías sucias y contaminantes", señalaba el también presidente de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
"Tenemos mucho sol y mucho viento, especialmente en una zona como la Bahía de Algeciras, que tienen un enorme potencial para llevar a cabo una reindustrialización verde", concluía. Como López de Uralde opina Antonio Muñoz, un veterano activista de los movimientos ecologistas en el Campo de Gibraltar. Representante de Verdemar, Muñoz recuerda de forma muy gráfica, en declaraciones a lavozdelsur.es, que este tipo de industrias "llevan años sin sacarnos de la cola del paro en España, pero sí nos sitúan a la cabeza en casos de cáncer". Según datos del Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Sanidad, durante el período 2000-2014 en Cádiz murieron anualmente, por cada 100.000 habitantes, 182,24 pacientes a las que se le había detectado algún tumor. La provincia con más mortandad por cáncer de toda España, a la que siguen Huelva y Sevilla.
Desde 1 de enero de 2020, explica, "los buques tienen que bajar las emisiones al 0,1% de azufre y con el Fondo de Barril dicen que ese producto no será como el chapapote que hemos visto en las playas... se venden 40.000 historias, pero esa transición no se sabe, aunque lo que sí está claro es que todo esto seguirá siendo contaminante y que la refinería cada vez se acerca más a las poblaciones, se reducen las líneas de seguridad". Guadarranque, Puente Mayorga, Palmones, Guadacorte, Los Barrios, el casco urbano de San Roque... "Acabará fagocitándolo todo y una vez concluidas las obras, los empleos se reducirán drásticamente, pero el territorio, San Roque, quedará aún más hipotecado", insiste Muñoz. Pan para hoy y más contaminación para mañana.
"No se entiende cómo un proyecto fosilífero, anclado en el pasado, puede compatibilizarse con la estrategia comunitaria para reducir en un 40% la emisión de gases de efecto invernadero. El PNIEC, Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 de España, tiene como objetivo avanzar en la descarbonización, sentando unas bases firmes para consolidar una trayectoria de neutralidad climática de la economía y la sociedad en el horizonte 2050", recalcan desde Verdemar. Y añaden: "Es por lo que exigimos convenios de Transición Justa que propongan un plan de acción territorial integral para la Bahía de Algeciras, con vistas a la creación de actividad y empleo en la zona, a la fijación de población en los territorios y a una diversificación y especialización coherente con el contexto socio-económico".
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