La tensión vuelve a crecer en torno a la lonja pesquera y el mercado mayorista de productos pesqueros de El Puerto. Más de seis meses después de que Soft Control Informática S.A. comenzara a prestar el servicio de gestión de cobros y pagos en las instalaciones portuarias, las asociaciones de usuarios aseguran que los problemas no se han resuelto. Al contrario, sostienen que la situación "ha empeorado" y anuncian un paro para el próximo 2 de septiembre de 2026.

El sector pesquero presentó hace meses ante la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz un total de 179 solicitudes de inicio de procedimientos administrativos relacionadas, entre otras cuestiones, con lo que considera cobros indebidos de tasas públicas portuarias por parte de Soft Control, recargos de equivalencia y la ausencia de las garantías que, según los afectados, debe constituir el prestador del servicio.

Las asociaciones recuerdan que estas garantías aparecen recogidas tanto en el pliego de condiciones de la concesión como en el Real Decreto 418/2015, que regula la primera venta en lonjas y señala literalmente: La obligatoriedad de efectuar en lonja la primera venta de los productos establecidos en el artículo 5.1.a) y potestativamente en el resto de productos, debe garantizar el cobro a los productores".

Según denuncian los usuarios en una nota, Soft Control Informática S.A. no ha constituido ninguna garantía ante los productores de la lonja, ni tampoco ante los titulares de los puestos mayoristas del mercado de productos pesqueros, tal y como aseguran que exige el pliego de la concesión administrativa.

Esta circunstancia ha sido denunciada reiteradamente por Asoven, Asodeco y la Asociación de Armadores, además de por operadores mayoristas y numerosos compradores profesionales de pescado de la provincia de Cádiz, entre ellos pescaderías, restauradores y distribuidores.

Malestar en la lonja

Las críticas se dirigen también contra la Autoridad Portuaria. Las asociaciones hablan de una “inacción total" y sostienen que las reuniones convocadas antes y durante la campaña electoral autonómica no ofrecieron soluciones. Aseguran además que, durante los últimos meses, no se ha incoado ninguno de los expedientes correspondientes a las 179 solicitudes presentadas.

A ello suman la falta de respuesta a las peticiones de reunión urgente realizadas por la Federación Nacional de Asociaciones Provinciales de Empresarios Detallistas de Pescados y Productos Congelados (Fedepesca), que integra a más de 7.000 operadores minoristas de productos pesqueros en España, y por la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (Faape).

Las asociaciones consideran incomprensible que la Autoridad Portuaria, según su valoración, anteponga los intereses de Soft Control a los de cientos de compradores, armadores y mayoristas. En este sentido, denuncian que la institución estaría “anteponiendo el interés particular de la empresa Soft Control S.A.” al “interés general de cientos de usuarios”. También recuerdan que la empresa no contaba, antes de iniciar su actividad en El Puerto, con experiencia en la gestión de cobros y pagos en primeras ventas de lonjas pesqueras ni en el cobro de tasas públicas de Puertos del Estado.

Otro de los episodios que ha aumentado el malestar se produjo el pasado julio, cuando no se prestó el servicio. Los usuarios cuestionan la explicación ofrecida por la Autoridad Portuaria a un medio de comunicación, que atribuyó lo ocurrido a un corte de suministro eléctrico en la lonja. Según las asociaciones, ese corte no se produjo y decenas de testigos han solicitado la apertura de procedimientos para determinar los perjuicios ocasionados.

Ante lo que califican como una situación ya “insostenible”, las asociaciones han dado un nuevo paso y han registrado una solicitud de intervención ante el Defensor del Pueblo de España. Reclaman su actuación por la inactividad administrativa y la falta de respuesta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz a los numerosos escritos presentados, invocando el artículo 21 de la Ley 39/2015 y denunciando una vulneración del derecho a una buena administración y a la legítima defensa de los intereses afectados.