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La empresa concesionaria de los servicios aeroportuarios en la Base Naval de Rota, Versar Global Services, ha comunicado al comité de empresa su intención de aplicar dos ERTE sucesivos a toda la plantilla, en una maniobra que los representantes de los trabajadores califican de "imposición empresarial" y que contemplan combatir con acciones legales, administrativas y movilizaciones.
La primera reunión entre empresa y comité se celebró este lunes en un hotel de la localidad, tras la comunicación recibida el 8 de mayo sobre la intención inicial de realizar un único ERTE por causas organizativas y productivas relacionadas con las obras en la pista de vuelo, desde el 25 de mayo hasta el 15 de julio. Sin embargo, nada más comenzar la reunión, la abogada de Versar cambió por completo el planteamiento sin previo aviso, señalan fuentes sindicales.
Un primer ERTE por fuerza mayor y un segundo sin fecha de finalización
El cambio de estrategia sorprendió a los representantes de los trabajadores. El ERTE inicialmente planteado por causas organizativas muta a un ERTE por causa de fuerza mayor, manteniendo el mismo periodo. Pero lo que más alarma al comité es el segundo ERTE, por causas organizativas y productivas, que la empresa prevé aplicar una vez finalice el primero y que carece de fecha definida de finalización, amparándose en una supuesta bajada de vuelos en el aeropuerto.
La empresa llegó incluso a argumentar que la decisión del Gobierno de España de no permitir determinados vuelos relacionados con operaciones militares de Estados Unidos en el conflicto con Irán habría causado una pérdida de productividad. El comité rechaza este argumento: "Es conocido que los destructores asignados al escudo antimisiles y con base en Rota participan en dicho escenario, con la consiguiente carga de trabajo logístico tanto para el aeropuerto como para el muelle marítimo". Además, cuando el comité preguntó directamente a la dirección si se estaba produciendo alguna pérdida económica, la empresa afirmó con rotundidad que no alega pérdida económica alguna.
El Estado pagaría los salarios mientras Versar sigue cobrando de la Marina de EEUU
La denuncia más contundente del comité apunta a la contradicción económica que supone la situación: durante el ERTE, Versar pretende que el Estado español asuma los salarios de la plantilla mientras la empresa continúa percibiendo los importes derivados de su contrato con la Marina de los Estados Unidos, repercutiendo dichos ingresos en su cuenta de resultados. "No entendemos que semejante situación pueda ser asumida con normalidad ni que un posible coste económico derivado de esta decisión termine siendo soportado por las arcas públicas mientras el impacto económico empresarial sigue sin quedar suficientemente aclarado", señalan los representantes de los trabajadores.
El conflicto no es nuevo. La plantilla lleva casi diez años de lucha sindical intentando negociar un convenio colectivo propio que recoja las necesidades reales derivadas del contrato con la Navy y de las funciones efectivamente realizadas. Actualmente, muchas de esas funciones no están reconocidas ni remuneradas adecuadamente, ya que el convenio Handling, impuesto unilateralmente por la empresa, no contempla gran parte de las tareas que allí se desarrollan.
El comité de empresa ha manifestado su "más firme rechazo" a las medidas adoptadas y anuncia que valorará las acciones legales y administrativas necesarias, así como la búsqueda del apoyo institucional preciso. Ya se contempla la posibilidad de nuevas movilizaciones y acciones reivindicativas por parte de una plantilla que, pese a la larga lucha sindical acumulada, "no dudará en defender sus intereses y sus derechos frente a lo que considera una actitud de imposición empresarial".
La empresa concesionaria de los servicios aeroportuarios en la Base Naval de Rota, Versar Global Services, ha comunicado al comité de empresa su intención de aplicar dos ERTE sucesivos a toda la plantilla, en una maniobra que los representantes de los trabajadores califican de "imposición empresarial" y que contemplan combatir con acciones legales, administrativas y movilizaciones.
La primera reunión entre empresa y comité se celebró este lunes en un hotel de la localidad, tras la comunicación recibida el 8 de mayo sobre la intención inicial de realizar un único ERTE por causas organizativas y productivas relacionadas con las obras en la pista de vuelo, desde el 25 de mayo hasta el 15 de julio. Sin embargo, nada más comenzar la reunión, la abogada de Versar cambió por completo el planteamiento sin previo aviso, señalan fuentes sindicales.
Un primer ERTE por fuerza mayor y un segundo sin fecha de finalización
El cambio de estrategia sorprendió a los representantes de los trabajadores. El ERTE inicialmente planteado por causas organizativas muta a un ERTE por causa de fuerza mayor, manteniendo el mismo periodo. Pero lo que más alarma al comité es el segundo ERTE, por causas organizativas y productivas, que la empresa prevé aplicar una vez finalice el primero y que carece de fecha definida de finalización, amparándose en una supuesta bajada de vuelos en el aeropuerto.
La empresa llegó incluso a argumentar que la decisión del Gobierno de España de no permitir determinados vuelos relacionados con operaciones militares de Estados Unidos en el conflicto con Irán habría causado una pérdida de productividad. El comité rechaza este argumento: "Es conocido que los destructores asignados al escudo antimisiles y con base en Rota participan en dicho escenario, con la consiguiente carga de trabajo logístico tanto para el aeropuerto como para el muelle marítimo". Además, cuando el comité preguntó directamente a la dirección si se estaba produciendo alguna pérdida económica, la empresa afirmó con rotundidad que no alega pérdida económica alguna.
El Estado pagaría los salarios mientras Versar sigue cobrando de la Marina de EEUU
La denuncia más contundente del comité apunta a la contradicción económica que supone la situación: durante el ERTE, Versar pretende que el Estado español asuma los salarios de la plantilla mientras la empresa continúa percibiendo los importes derivados de su contrato con la Marina de los Estados Unidos, repercutiendo dichos ingresos en su cuenta de resultados. "No entendemos que semejante situación pueda ser asumida con normalidad ni que un posible coste económico derivado de esta decisión termine siendo soportado por las arcas públicas mientras el impacto económico empresarial sigue sin quedar suficientemente aclarado", señalan los representantes de los trabajadores.
El conflicto no es nuevo. La plantilla lleva casi diez años de lucha sindical intentando negociar un convenio colectivo propio que recoja las necesidades reales derivadas del contrato con la Navy y de las funciones efectivamente realizadas. Actualmente, muchas de esas funciones no están reconocidas ni remuneradas adecuadamente, ya que el convenio Handling, impuesto unilateralmente por la empresa, no contempla gran parte de las tareas que allí se desarrollan.
El comité de empresa ha manifestado su "más firme rechazo" a las medidas adoptadas y anuncia que valorará las acciones legales y administrativas necesarias, así como la búsqueda del apoyo institucional preciso. Ya se contempla la posibilidad de nuevas movilizaciones y acciones reivindicativas por parte de una plantilla que, pese a la larga lucha sindical acumulada, "no dudará en defender sus intereses y sus derechos frente a lo que considera una actitud de imposición empresarial".
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