José Loaiza pide a la presidenta Irene García que cese al responsable de Función Pública, el socialista Fran González, pues su "incapacidad le está saliendo cara a los gaditanos".
El portavoz del PP en Diputación, José Loaiza, ha desvelado que la institución provincial deberá hacer frente a una tercera sanción administrativa en materia laboral. En este sentido, ha señalado que “al grupo popular le consta un pago de 1.250 euros a mediados del año pasado por otra sanción administrativa" y ha lamentado que el diputado de Función Pública, Fran González, "no aclare qué es lo que está pasando en su área, eche balones fuera y oculte información”. El dirigente popular ha advertido de que el socialista Fran González "le está saliendo caro a los gaditanos, con al menos tres sanciones en 2017 vinculadas a contratación de personal y a la política laboral del gobierno socialista por un valor superior a los 8.200 euros”, y ha advertido de que “los gaditanos, ni podemos ni queremos pagar de nuestro bolsillo la inexperiencia, la incapacidad ni las negligencias del diputado socialista”. Por todo ello, ha animado a Irene García a “acabar lo que empezó. Lo relegó a un segundo plano por las luchas internas del PSOE, pero no fue suficiente, estamos pagando errores de Fran González, céselo”.
Loaiza ha asegurado que el diputado socialista “no sólo no arregla problemas, sino que los crea”. En este sentido, ha recordado la reciente denuncia del PP, de dos sanciones por 19 contrataciones en las residencias de mayores y una cesión ilegal de un trabajador a una empresa. “Sobre lo primero no ha dicho nada hoy y en el caso de la cesión, recuerda que la empleada inició su relación con Diputación en los tiempos de Francisco González Cabaña. Además, Fran González debió arreglar la situación en 2016, cuando recibió la resolución de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral: Diputación decidió en 2016 recurrir la resolución y ahora se ve obligado a pagar”.
Por otro lado, Loaiza también ha hecho referencia a las denuncias reiteradas de los sindicatos en los dos últimos años y medio. “En verano de 2016, los representantes de los trabajadores denunciaron contratos precarios para las sustituciones de verano en los centros de mayores, antes denunciaron traslados y nombramientos a dedo y, tras la acusación de redes clientelares en Diputación por parte de la histórica dirigente socialista María Jesús Castro, se conoció la ampliación del centro de trabajo de un sindicalista liberado y sospechas en los procesos de selección de personal para arquitectos técnicos y ayudantes de recaudación”. El portavoz del PP en la Diputación ha anunciado que solicitará “una comisión informativa para aclarar las tres sanciones que se han conocido, si se han pagado otras y si hay requerimientos en curso de la Inspección de Trabajo o de otras entidades competentes en materia laboral”.
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