La Guardia Civil ha liberado a siete hombres de origen sudamericano, uno de ellos menor, que estaban siendo explotados sexualmente en Prado del Rey (Cádiz). La operación Promises ha logrado desarticular una organización dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y a la prostitución lucrativa. Hay tres personas detenidas por estos hechos. Los siete jóvenes liberados –uno de ellos menor de edad- fueron captados mediante engaño por la organización en sus países de origen. Cuando llegaban a España, eran obligados a prostituirse.
Los investigadores descubrieron cómo la organización enviaba sus captores a diferentes países de Sudamérica con el objetivo de reclutar jóvenes en buena forma física. Una vez contactados, les prometían un futuro de éxito cuando llegaran a España, siempre relacionado con las profesiones que tenían en su país de origen.
Estas tareas de captación se realizaban mediante el engaño y con los avales de una serie de contactos y relaciones que permitirían a sus víctimas remediar las carencias económicas por las que sus familias atravesaban. Para evitar sospechas en origen, la organización obligaba a las víctimas a pagarse el viaje a España, con el compromiso de que recuperarían el importe muy rápido con los trabajos que harían ya en nuestro país.
La familia de los siete jóvenes llegaron incluso a recurrir a prestamistas –con cobros de intereses desorbitados- para pagar el viaje. Cuando las víctimas ya estaban en España, la organización los recogía en el aeropuerto y los trasladaba hasta Prado del Rey, donde les retenían su documentación y les quitaban el dinero que llevaban consigo para controlarles en todo momento.
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Para facilitar el control que ejercían sobre sus víctimas, les tenían hacinados en una sola vivienda y sólo les permitían relacionarse entre ellos, manteniéndolos en la más absoluta indigencia, llegando en ocasiones a tener que mendigar para poder subsistir.
Ante esta situación, la alternativa que la organización les ofrecía era participar en un chat de contactos homosexuales, que era gestionado y controlado por el líder de la organización. Los encuentros sexuales se producían en distintas localidades de la provincia de Cádiz, a las que el tratante llevaba a la víctima, permaneciendo en las inmediaciones hasta que el encuentro terminaba y requisando el importe pagado por cada uno de ellos.
Una vez que la víctima había participado en alguno de estos encuentros, era amenazado con trasladar esta información a sus familiares en Sudamérica, consolidando la posición de dominio y abuso de situación de superioridad. La liberación ha sido llevada a cabo por el Equipo de Delitos contras las Personas de Cádiz. Los ocho jóvenes liberados han recibido el status de víctimas de trata de seres humanos por las autoridades españolas. También se ponen a su disposición recursos de distintas administraciones en materia psicológica, sanitaria y social.
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