Los trabajadores de los centros penitenciarios de la provincia de Cádiz ha realizado este martes 15 de julio a una concentración frente a las puertas de los centros de Puerto I, Puerto II, Puerto III, Algeciras y los Centros de Inserción Social de Jerez y Algeciras. La protesta responde a la agresión sexual sufrida por una psicóloga en el centro penitenciario Sevilla II, en Morón de la Frontera, el pasado 8 de julio.
La convocatoria, impulsada por los sindicatos Acaip-UGT y CSIF, se enmarca en una protesta a nivel nacional que se desarrollará en todas las prisiones dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Según denuncian, la trabajadora fue agredida física y sexualmente durante una entrevista individual por un interno con antecedentes por delitos sexuales y violencia, que se encontraba en un módulo de “respeto”.
Los sindicatos han advertido de que no se trata de un hecho aislado. Las agresiones a personal penitenciario se han multiplicado en los últimos años, con una media de un incidente cada 16 horas en las cárceles españolas. En los últimos dos años se han registrado más de mil agresiones físicas o sexuales a trabajadores y trabajadoras del sistema penitenciario.
Ante esta situación, las organizaciones convocantes exigen una respuesta urgente por parte de la administración. Entre sus demandas figuran la revisión del sistema de clasificación interior de los internos, la mejora de los mecanismos de seguridad y aviso ante incidentes, así como el reconocimiento legal de los empleados públicos penitenciarios como agentes de la autoridad.
Los sindicatos denuncian un "deterioro estructural" del sistema penitenciario derivado de lo que califican como una política "buenista" de clasificación que prioriza la estadística sobre la realidad del día a día en las prisiones. Según argumentan, esta estrategia impide una gestión eficaz del creciente aumento de la población reclusa.
La convocatoria del 15 de julio no pretende solo mostrar apoyo a la funcionaria agredida, sino también denunciar la normalización de la violencia institucional y la vulneración del derecho de los trabajadores a desempeñar su labor en condiciones de seguridad. "Defender a una compañera es defender la dignidad y las condiciones laborales de todo el colectivo", han subrayado.
Los teléfonos móviles en los centros penitenciarios
La situación en los centros penitenciarios de El Puerto también refleja otras amenazas latentes para la seguridad. En los últimos cinco años se han incautado 272 teléfonos móviles en estas instalaciones: 183 en Puerto III, 80 en Puerto II y 9 en Puerto I. Solo en 2024 se decomisaron 72 dispositivos en los tres centros.
La entrada de teléfonos móviles, cuya posesión está prohibida por ley en prisión, representa un riesgo evidente. Permiten a los internos eludir los controles de comunicación, coordinar actividades delictivas desde dentro y continuar ejerciendo violencia, como la de género. Además, generan un mercado negro que alimenta conflictos internos y episodios de violencia entre reclusos.
Desde ACAIP-UGT subrayan que muchos de estos dispositivos son utilizados por internos especialmente peligrosos, como condenados por terrorismo, violencia de género o miembros de bandas criminales. A pesar de la sofisticación creciente en los métodos de ocultación de móviles, los funcionarios carecen en muchos casos de los recursos humanos y técnicos necesarios para detectar y frenar este contrabando.
