La Policía Nacional ha detectado una presunta adopción ilegal de una bebé de seis meses y ha detenido en Cartagena a sus padres biológicos y a un intermediario. Según la investigación policial, los progenitores denunciaron falsamente que unos encapuchados habían secuestrado a su hija cuando ya estaba bajo protección.

La niña está con una familia de acogida provisional. La pareja que se hizo cargo de ella figura como investigada no detenida por delitos contra las relaciones familiares.

Una entrega en Alicante y el traslado a Málaga

Según el comunicado policial, la pareja acudió a los servicios sociales de Campanillas, en Málaga, más de una semana después de recibir a la pequeña en Alicante. Afirmó que la madre se la había entregado porque "o la regalaban o la tiraban a la basura".

Llevaban más de 15 años intentando ser padres, según declararon. Explicaron que un intermediario concertó la entrega y que les habían ofrecido criar a la niña alegando que su madre tenía problemas mentales.

De acuerdo con su testimonio, la bebé presentaba signos de malos tratos y desnutrición, y la madre atribuía las lesiones al padre. Tras trasladarse a Málaga, enviaban fotografías de la pequeña a la progenitora. Las conversaciones se tensaron entre reclamaciones y reproches. Entonces acudieron a los servicios sociales.

Los agentes contactaron con el Servicio de Protección al Menor de la Junta de Andalucía para iniciar urgentemente el procedimiento de desamparo.

Una denuncia falsa cuando la bebé ya estaba protegida

Un mes después, los padres biológicos denunciaron en Cartagena un supuesto secuestro. Alegaron que unos encapuchados les habían golpeado y amenazado para llevarse a su hija, aunque añadieron que sabían que estaba en Málaga.

La investigación conjunta del Grume-UFAM de Málaga y el Grupo III de UDEV Cartagena permitió comprobar la falsedad del relato.

Los progenitores, de 23 y 37 años, fueron detenidos por delitos contra las relaciones familiares, contra los derechos y deberes familiares, malos tratos en el ámbito familiar y contra la administración de la justicia. Al intermediario, de 38 años, se le imputa un delito contra las relaciones familiares.