Los residentes del bloque 26, desalojados por riesgo de derrumbe, siguen fuera de sus viviendas a la espera de una solución definitiva.
No volverán a sus pisos, al menos de momento. Los vecinos del bloque 26 de San Telmo Viejo, que fueron desalojados el sábado por riesgo de derrumbe, pasarán una noche más fuera de sus viviendas. El problema detectado en este edificio se ha trasladado al colindante, el número 27, cuyos vecinos aún no han tenido que desalojarlo, pero la enorme grieta que se puede apreciar en la parte trasera amenaza con empeorar. “Ahora a buscarnos la vida como La Paquera, estamos dejados de la mano de Dios”, suelta una mujer que, con un carrito de bebé —lo poco que ha podido sacar de su vivienda— comenta la jugada con sus vecinas.
Charo es una de las residentes en el bloque 26. Cuando sale del edificio, tras confirmar el perito municipal que deben permanecer fuera de sus pisos, casi rompe a llorar. “Cuesta mucho trabajo montar tu casa para que tengas que desalojarla ahora”, dice. “En la calle no nos vamos a ver, tendrán que buscarnos una vivienda adecuada a su bolsillo”, añade. Se refiere al del Ayuntamiento, que de momento les proporciona alojamiento en un hotel de la ciudad, aunque este martes a mediodía deben dejarlo, en principio.
La solución, tras la inspección de técnicos de Urbanismo, pasa por apuntalar el edificio, una operación que tiene un coste de unos 1.800 euros que les piden a los vecinos que costeen de sus bolsillos. “Si no tengo para comer, ¿cómo voy a pagar eso?”, dice uno. Charo es tajante: “Yo no vendría aquí con la vivienda apuntalada. Somos personas”. Su vecino, David, apenas ha podido rescatar algo de ropa de entre sus pertenencias. “Tengo que recoger cosas de mis hijos”, señala. Tiene tres y no sabe dónde los va a llevar. “Estoy parado, cobrando 400 euros de ayuda familiar, ¿dónde voy?”
“Estoy asustada, no duermo bien”, apunta Eva, que vive en el bloque 27, que puede sufrir la misma suerte que el de al lado si éste sigue cediendo. El fin de semana, desde que supo que había riesgo de derrumbe, lo pasó fuera de su vivienda. “Estamos asustados, no sabemos qué pasa”, insiste, y asegura que apenas ha dormido estos días. “Estamos pendientes por si se escucha un ruido, por si tiembla un poquito… De momento no hemos escuchado nada, pero estamos con la incertidumbre”. Ella lleva diez años viviendo ahí y le quedan otros 30 de hipoteca. “¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde nos metemos?”, se pregunta, al igual que sus vecinos. Eva, que lleva unos meses en paro —su último trabajo fueron tres meses que consiguió gracias a un plan de empleo—, tiene dos niñas pequeñas, no tiene ayudas y su pareja, pensionista, “cobra muy poco”, dice.
Mientras, cuatro familias de las siete que residen en el bloque 26, se hospedan en un hotel a la espera de que el Ayuntamiento encuentre una solución. Los servicios sociales les han facilitado comida para los almuerzos —el único servicio que no presta el hotel—, pero se quejan de tener que ir hasta El Puerto para recogerla. “Nos han dado algo para gasolina, pero cuando se nos gaste dinos tú cómo lo hacemos”, comenta una afectada.
“Tantas ayudas al tercer mundo… si esto es tercermundista”, dice un vecino en la puerta del edificio. Los residentes van entrando, por turnos, para retirar algunas pertenencias, ropa y comida sobre todo. El miércoles tienen prevista una reunión con Urbanismo, que señala que el estado del edificio es similar al que presentaba en julio, “cuando fue inspeccionado también respondiendo a la solicitud de los vecinos, que habían mostrado su preocupación por algunas deficiencias observadas”, señala el gobierno local en una nota de prensa. En esas fechas ya se aconsejaba apuntalar el bloque para paliar “las patologías que se detectaron en la base de tres pilares en la zona derecha de la planta baja de la edificación”.
“Dado que hasta la fecha aún no se ha procedido por parte de la propiedad a la ejecución del apuntalamiento correspondiente, y mientras que no se adopten las medidas de seguridad necesarias recogidas en la citada orden de ejecución, Urbanismo mantiene el desalojo de las siete familias afectadas”, indica el Ayuntamiento, que asegura que está “trabajando de forma coordinada para acelerar el proceso tanto a nivel técnico como social”.
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