Antonio Saldaña, que declara en el juzgado junto a los ediles Javier Durá, Agustín Muñoz y Enrique Espinosa por la demanda que les interpuso la empresa sevillana, defiende que la decisión del Ayuntamiento de rescindirle el contrato fue "por el bien de la ciudad y del transporte urbano".
El primer teniente de alcaldesa, Antonio Saldaña; el delegado de Seguridad y Personal, Javier Durá; el de Urbanismo, Agustín Muñoz; y el de Economía, Enrique Espinosa, además de un técnico municipal, han desfilado en la mañana de este martes por el juzgado de Instrucción número 4 de Jerez para declarar por la demanda interpuesta por Urbanos Amarillos. Como se recordará, la empresa sevillana, antigua concesionaria del servicio del transporte urbano en Jerez, les acusa de los presuntos delitos de apropiación indebida, prevaricación, competencia desleal y estafa después de que el Ayuntamiento le rescindiera el contrato de gestión de dicho servicio.
Tras declarar ante el magistrado Valeriano Palomino por espacio de 40 minutos, Antonio Saldaña, que se mostró aparentemente tranquilo ya que su declaración, de haberse producido “en otra época del año, a lo mejor no hubiera tenido la repercusión que está teniendo”, señaló a la prensa que ante el juez defendió que las decisiones que tomó el equipo de gobierno municipal “se hicieron por el bien de la ciudad y por el bien del transporte urbano y en ningún momento por molestar o entorpecer a ninguna empresa”.
El edil explicó como “curioso” que la empresa en su querella “lo que plantea es que desde el Ayuntamiento se le ocultaron las condiciones económicas en las que estaba el Ayuntamiento, cosa que desde hace tiempo ya era público y notorio, y que eso les indujo a un error en la firma del contrato de la concesión”. Así, para él “es significativo” porque eso “se produjo siete meses antes de que el PP llegase al gobierno de la ciudad”.
Por otro lado, Saldaña señaló que han manifestado ante el juez que “hay unas negociaciones abiertas entre los técnicos del Ayuntamiento y los de la empresa para llegar a un acuerdo en lo que es la liquidación del servicio” y que la intencionalidad de la empresa con esta querella “es presionar en un momento determinado al gobierno municipal”.
En este sentido, el primer teniente de alcaldesa dijo que la empresa argumentó “que tenían que poner esta querella porque les estaban presionando algunos avalistas”, por lo que defiende que Urbanos Amarillos “está intentando meter en un ámbito que no le corresponde al Ayuntamiento y en este caso a los representantes políticos. Creemos que no tiene mucho sentido de origen el planteamiento de la empresa, que lo ha hecho con la intención de presionar” en el marco de un procedimiento “que entendemos que no es el razonable”.
En la jornada del miércoles todavía tendrán que pasar por Instrucción varios técnicos municipales para declarar, mientras que el jueves le tocará el turno a varios representantes del comité de empresa.
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