La concesionaria de los autobuses, aparte de haber acudido a los tribunales por la resolución unilateral de la adjudicación del servicio, acusa al equipo de Pelayo de presuntos delitos de apropiación indebida, coacciones y posible delito continuado de hurto de vehículos a motor, y solicita al Juzgado de Guardia que, como medida cautelar, ponga "fin a la usurpación" de los bienes e instalaciones de su titularidad.
Urbanos Amarillos ha formulado y presentado una querella criminal ante el Juzgado de Guardia de Jerez contra el gobierno municipal del Partido Popular, que preside la alcaldesa María José García-Pelayo, por presuntos delitos de apropiación indebida, coacciones, así como un posible delito continuado de hurto de vehículos a motor previsto en el artículo 244 del Código Penal. La mercantil, que hasta hace un par de meses contaba con la concesión del transporte urbano, expone en su demanda judicial, a la que ha tenido acceso LVDS Jerez, que el pasado 8 de mayo "es notificado a la entidad requerimiento notarial del Ayuntamiento de Jerez mediante el cual se nos da traslado del acuerdo de la junta de gobierno local de dicho organismo por el que de una forma atrabiliaria y que viene siendo discutida en las jurisdicciones correspondientes, se procede a resolver la concesión de la que Urbanos Amarillos es titular".
Y prosigue la denuncia: "Finalmente viene no solo a acordarse la resolución de la concesión en sí, sino que, además, se decreta la incautación de la importante fianza que la empresa tiene depositada en efectivo metálico ante el Ayuntamiento por importe de 5,7 millones de euros; y finalmente se decreta la reversión al Ayuntamiento de los bienes municipales que estuvieren afectos a la prestación del servicio". Urbanos Amarillos, alude detalladamente la denuncia, es titular de más de una treintena de vehículos de cuantos conforman la flota, y es titular de los derechos arrendaticios existentes sobre la campa o instalaciones en las que se vienen prestando y organizando el servicio de transporte urbano. Instalaciones en las que, además, existe un taller completamente dotado de herramientas y material; existe toda una maquinaria dispensadora de combustible... "También de nuestra propiedad existe, además, una enorme oficina completamente dotada de servicios y suministros, además de como es lógico, mesas, sillas, ordenadores, impresoras, el sistema informático SAE de control de los vehículos y de importante valor, e igualmente unos vehículos turismos que también se relacionan en la denuncia y que vienen sirviendo como enlaces para los conductores que prestan servicio en los autobuses cuyas matrículas y modelos se detallan.
Por ello, mantienen desde la empresa sevillana, se solicita al Juzgado como "medida cautelar" que "venga a garantizar los derechos de la empresa, así como de los posibles acreedores, y se acuerde requerir al Ayuntamiento de Jerez para que ponga fin a la usurpación de los bienes e instalaciones de referencia, a cuyo fin, a la mayor brevedad, deberá desalojar las instalaciones en cuestión, previo depósito en las mismas de cuantos bienes muebles, aparatos, elementos del taller, vehículos industriales y turismos no sean de su titularidad".
A estas alturas, mantiene el escrito denuncia, "pese a los requerimientos efectuados, esta parte carece de noticias respecto de quiénes y con qué título viene usurpando nuestras instalaciones y usando nuestros vehículos, tanto industriales como turismos, sin capacidad alguna para ello, y careciendo de título de cualquier tipo". Asimismo, "es de presumir que servicios y suministros tanto de energía eléctrica como de agua y telefonía con que cuentan las referidas instalaciones siguen siendo usados normalmente e, impunemente, su cargo se efectúa a las cuentas corrientes de esta entidad". Aun así, argumentan en la denuncia, "lo que resulta más grave es que esta parte sin comerlo ni beberlo, no puede dejar de ser responsable civil de cualquier siniestro que se produzca en los indicados vehículos o en las instalaciones en su carácter de titular de los mismos".
"Seguimos sin la menor noticia sobre el particular, por lo que nos vemos en la necesidad de promover la presente vía para que sea aclarada la cuestión, y depurada la responsabilidad penal en la que los participantes de la misma, como antes se dijo, por acción u omisión, y en cualquiera de los grados de participación previstos en nuestro ordenamiento, pudieran haber incurrido", sintetizan desde la hasta hace poco concesionaria de los autobuses, que no obstante detalla que "es evidente que la concesión no ha finalizado por expiración de plazo", al tiempo que asevera que "también resulta ser palmario que los bienes de los que alegremente dispone el Ayuntamiento denunciado no son de su titularidad, salvo algunos pocos que no son objeto de la presente denuncia". "Debe tenerse especialmente en cuenta que esta parte desconoce si los vehículos de su propiedad y cuyo uso está siendo usurpado por el Ayuntamiento cuentan con las preceptivas pólizas de seguros que contemplen tanto la cobertura de responsabilidad civil en las cuantías exigidas por la Ley como la del seguro obligatorio de viajeros", aluden.
Urbanos Amarillos resultó ser adjudicataria, mediante oportuno concurso público, de la concesión del transporte público urbano de Jerez y con fecha 7 de mayo de 2011 se procedió a suscribir el oportuno contrato, "lógicamente basado en los pliegos del referido concurso y en la oferta realizada por la empresa y admitida por el Ayuntamiento". Un año después, mayo de 2012, se decreta el secuestro de la gestión del servicio, para lo cual se designan técnicos municipales que van a seguir con la gestión del mismo y, consecuentemente, "se expulsa de las instalaciones a nuestros directivos designados al efecto". El secuestro, por imperativo legal, se acordó por un plazo máximo de dos años, por lo que el pasado 6 de mayo a las 24 horas finalizó el mismo.
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