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Urbanos Amarillos no deberá abonar el poco más de un millón de euros que le reclamaba el Ayuntamiento de Jerez por no renovar la flota de autobuses durante el tiempo que se hizo cargo del servicio municipal del transporte urbano. Así lo ha fallado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que además señala que contra esta resolución no cabe recurso. Como se recordará, el gobierno aducía que dicha cantidad tenía que pagarse al no cumplir con lo acordado según venía reflejado en el pliego de condiciones. La empresa acudió a los tribunales, dándole la razón en primera instancia el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Jerez al considerar dicho acto contrario al ordenamiento jurídico.

Tras recurrir el Ayuntamiento, es ahora el máximo tribunal andaluz el que le ha vuelto a dar la razón a la empresa sevillana. En la sentencia, que se adjunta al final de este artículo, se indica que Urbanos adquirió sólo seis vehículos de los 15 a los que se comprometió por el impago del Ayuntamiento "de las liquidaciones del contrato". Además señala que no se aprecia "suficientemente acreditado" el "cumplimiento defectuoso de la prestación", en concreto "los datos sobre los vehículos y su antigüedad, de manera que se permita someter a contraste la decisión de considerar incumplido el pliego".

Una concesionaria polémica

Fue el gobierno de Pilar Sánchez, en sus últimos momentos de legislatura, el que aprobó conceder a Urbanos Amarillos el servicio del transporte urbano en Jerez, una decisión puesta en duda por la oposición en aquella época y por la propia plantilla, que aducía su falta de experiencia y su poca capacidad económica para renovar la flota. Ya con el PP en el gobierno se vivió un clima de crispación motivado por los impagos a los trabajadores durante varios meses, con continuas protestas y reuniones entre el comité y la delegación de Movilidad.

El momento más caliente de este proceso se vivió tras el robo y el posterior incendio de uno de los nuevos autobuses que precisamente había comprado Urbanos Amarillos, valorado en 300.000 euros. Desde el comité siempre se negó cualquier relación de lo ocurrido con el proceso de negociación que se llevaba a cabo por entonces, aunque el propio delegado de Movilidad, Javier Durá, lamentó lo ocurrido "porque esta no es manera de negociar ni de resolver conflictos". Pínche para leer la Sentencia Urbanos Amarillos

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Jorge Miró

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