Miembros jerezanos de Oxfam Intermón reclaman al Gobierno central que la nueva reforma no beneficie a las grandes fortunas y ataje con más dureza el fraude fiscal sacando a la calle una ventanilla con la que pedían que los ciudadanos firmaran un decálogo de buenas prácticas
La delegación jerezana de Oxfam Intermón sacó a la calle la semana pasada una ventanilla de reclamaciones para protestar por la nueva reforma fiscal aprobado por el Gobierno recientemente. Una forma simbólica de reivindicar el palo que supone para muchos contribuyentes, que podían firmar el decálogo por una fiscalidad justa en la web desigualdad.org.
La plaza del Arenal fue el escenario escogido para esta singular protesta que reunió a una decena de miembros de la ONG en Jerez. La nueva reforma fiscal, que según Intermón, "beneficiará a las rentas más altas y a las grandes empresas", castiga los bolsillos de los que menos tienen, y lo que consideran más grave, no ataja el fraude fiscal. El programa contra el fraude de la Agencia Tributaria recaudó 10.479 millones de euros en 2013, un 9% menos que en 2012. Las estimaciones de Gestha, sindicato de Técnicos de Hacienda, cifran en más de 59.500 millones de euros lo que el Estado deja de ingresar cada año por este concepto. De esta cifra, el 72% corresponde a grandes empresas y grandes fortunas.
"La reforma propuesta por el Gobierno no sólo no ataja el fraude sino que además sigue primando las rentas del capital frente a las del trabajo y recorta la tributación de las grandes compañías", aseguran desde la ONG. El escenario que prevén no es para nada esperanzador. Las grandes empresas, que hasta ahora aportaban el 3,5% de sus beneficios contables frente al 30% que les correspondía, ahora "pagarán menos", motivadas por la caída del impuesto de sociedades al 25% y sin racionalizar como se esperaba el extenso abanico de beneficios fiscales a los que se acogen: en 2012 las grandes corporaciones se dedujeron 7,5 veces lo que pagaron por impuesto de sociedades.
"Los ciudadanos de rentas bajas y medias así como los pensionistas son los grandes perjudicados de esta reforma fiscal, que no mejora sustancialmente su renta disponible y no aspira a dotar de recursos suficientes una inversión pública en políticas sociales que garantice el acceso a los servicios esenciales y la protección social", denuncian. El objetivo de esta campaña no es otro que "mandar un mensaje claro al Ejecutivo y al conjunto de las fuerzas políticas sobre la necesidad de poner en marcha una reforma que contribuya a la redistribución de la riqueza y no a incrementar la cada vez más elevada desigualdad".
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