La Federación de Vecinos Solidaridad, junto a otros colectivos como Facua, Asunico, Adecosur, Adifi o la ONCE, todos ellos miembros de la Mesa de Movilidad, han mostrado su apoyo al Ayuntamiento una semana después de conocerse la imputación de cuatro delegados del PP (entre ellos el teniente de alcalde Antonio Saldaña) por la querella interpuesta por la anterior concesionaria del servicio de autobuses, Urbanos Amarillos. A Saldaña, así como a Durá, Espinosa, Muñoz y a varios altos cargos municipales, se les imputa por presuntos delitos de apropiación, prevaricación, administración desleal y estafa.
La Federación vecinal asegura en una nota remitida a los medios que el Ayuntamiento y los técnicos municipales actuaron "pensando siempre en el interés general de la ciudad, que es lo que debe primar en casos como este y en base a la legislación vigente". Continúa la nota diciendo que "gracias a esta gestión y a los acuerdos adoptados en el seno precisamente de esta Mesa, a través del consenso y la participación ciudadana, se ha devuelto la normalidad a un servicio que se encontraba sumido en el más absoluto caos, causando un grave perjuicio a los usuarios del mismo y pérdidas económicas a toda la ciudad, incluidos también los trabajadores que renunciaron a parte de sus derechos por salvar dicho servicio".
Los colectivos firmantes justifican este apoyo en el consenso adoptado en la Mesa de Movilidad para rescatar el servicio y en el aumento del 7,3% en el número de viajeros durante 2014 (4,3 millones) con respecto al año anterior, una cifra muy lejos de los 7,5 millones registrados en 2005. Se da la circunstancia de que esta nota de prensa llega apenas 15 días después de que el Ayuntamiento conceda 10.000 euros a Solidaridad en forma de subvención directa -no se celebra convocatoria pública de subvenciones en concurrencia competitiva desde 2009- para una organización que según el Ayuntamiento aglutina al "50% de las asociaciones de vecinos de la ciudad".
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