El PSOE de Jerez ha elevado el tono ante la situación que atraviesan las familias afectadas por las recientes inundaciones y ha exigido medidas inmediatas. Entre ellas, la bonificación del recibo del agua, del IBI y de la basura para quienes han visto sus viviendas anegadas y afrontan ahora gastos extraordinarios de limpieza y rehabilitación.
El secretario general socialista en la ciudad, José Antonio Díaz, recordó este 19 de febrero que el Ayuntamiento dispone de un fondo de contingencia de 2,5 millones de euros que podría destinarse a ayudas directas. Sin embargo, sostiene que el gobierno local de Pelayo “se niega a activarlo, por lo que ese dinero no va a llegar a quienes más lo necesitan”. Un extremo que niega el Consistorio pero que lleva días denunciando el dirigente socialista.
Según Díaz, “Pelayo va a destinar esos recursos a gastos de personal y contrataciones, en lugar de ponerlos al servicio de las familias”. El dirigente avanzó que el Grupo Municipal Socialista llevará al pleno de febrero una proposición para transformar ese fondo en ayudas económicas directas y criticó que, mientras el Gobierno de España moviliza hasta 7.000 millones de euros, otras administraciones “se quedan muy atrás”. En este contexto, señaló que la Junta de Andalucía ha anunciado 1.500 millones, la Diputación de Cádiz destinará 0 euros y el Ayuntamiento de Jerez, “teniendo el dinero”, “se niega a habilitar ayudas directas”.
“Lo repetimos: estas familias necesitan ayudas directas, dinero para comprar electrodomésticos, muebles, ropa y todo lo necesario para reconstruir sus hogares, y lo necesitan ahora. Es el momento de los hechos. Por el momento, Pelayo ni actúa ni decide”, concluyó.
Por su parte, la diputada Mamen Sánchez detalló el contenido del Real Decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros, ya en vigor y pendiente de convalidación. El Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez, con la vicepresidenta María Jesús Montero, ha activado un paquete de 7.000 millones de euros para hacer frente a los daños en más de 600 municipios, con más de 12.000 desalojados. “La prioridad es clara: que nadie quede atrás ante una catástrofe de esta magnitud”, ha dicho.
El decreto contempla ayudas de 150 euros por persona y día para desalojados, compensaciones de hasta 60.480 euros por destrucción total de vivienda habitual y cuantías específicas por daños estructurales, no estructurales y en enseres. Además, prevé cubrir la parte no indemnizada por seguros hasta un máximo de 36.896 euros, así como 2.000 millones para infraestructuras municipales y 2.800 millones para el sector agrario, junto a otras medidas fiscales y laborales.