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Pilar Sánchez ha manifestado este jueves, durante la última sesión del juicio por el caso PTA, que está "convencida" de su "absolución", agregando que siempre ha hecho todas las cosas "pensando en el bien de Jerez". Como se recordará, la exalcaldesa socialista está  imputada por los supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad documental, por los que el fiscal le pide siete años de prisión y 16 de inhablitación. Junto a ella se sientan los exdelegados municipales Maria del Carmen Martínez y Francisco Lebrero, un empleado municipal y los empresarios de la empresa  Tecnología e Innovación Sanitaria (TISA), que supuestamente se benefició de manera irregular de una subvención de 244.000 euros para instalarse en el Parque Tecnológico Agroalimentario (PTA) durante el mandato del PSOE en el Ayuntamiento de Jerez (2005-2011).

La exalcaldesa afirma que "confía plenamente en el Estado de Derecho y en el sistema judicial" y, por tanto, en su "absolución". Asimismo, dice tener la "satisfacción y la alegría" de que técnicos que han declarado durante el juicio hayan asegurado que "las contrataciones de proyectos de obra se hicieron con transparencia". Sin embargo, esos sentimientos contrastan con la "tristeza" que le produce el "sufrimiento" y los "daños personales" que están padeciendo ella y su familia a cuenta de este procedimiento, lo que califica de "inmerecido e injusto". Cabe recordar que, en sus conclusiones finales, la Fiscalía pedía este miércoles una sentencia "condenatoria" y "ejemplar" para Sánchez, al considerarla la "cabeza pensante" del 'caso PTA'.

Otros acusados declaran su "inocencia"

Tras Sánchez, ha tomado la palabra en su alegato final el exdelegado municipal de Fomento Francisco Lebrero, para quien la Fiscalía y las acusaciones -que ejercen la Abogacía del Estado y el Ayuntamiento de Jerez- piden cuatro años y seis meses de cárcel. Éste ha reiterado su "inocencia", al defender que "no ha tenido participación alguna" en el proceso de concesión de dicha ayuda municipal. Previamente, en sus conclusiones finales, la defensa del exedil socialista ha significado que Lebrero también ocupaba en aquella época la vicepresidencia de la Empresa Municipal del Suelo de Jerez (Emusujesa) y el Institución de Promoción y Desarrollo de la Ciudad (IPDC), argumentando que a su patrocinado "se le acusa por sus cargos, no por sus hechos".

En esta línea, su letrado ha negado que entre las facultades del IPDC hubiera alguna relativa al PTA, resaltando que "ni intervino en el proceso, ni firmó nada, ni benefició a extraños". Asimismo, ha lamentado la "ceremonia de la confusión" creada por el director del Departamento de Medio Rural que se negó a firmar el informe final de valoración de TISA para su instalación en el PTA. Por su parte, la defensa de Carmen Martínez, ex delegada municipal de Medio Rural para la que piden cinco años y medio de cárcel, considera "acreditado" durante el juicio que ésta "no tenía competencia alguna" en la concesión de la ayuda a TISA "más allá de ser la representante política", al ser su área en la que se emitían los informes. Añade que "no disponía de fondos" para gestionar subvenciones. Su abogado también apunta que no ha quedado demostrado que su patrocinada estuviera al tanto de la "finalidad" del informe final de evaluación que el director de su área no quiso firmar, y tampoco de que dicho documento fuera "falso", como sostiene el fiscal. A este respecto, se ha referido a la "animadversión" de este directivo con Martínez por no ser nombrado gerente del PTA y a los "criterios subjetivos" que esgrimía en sus evaluaciones para TISA y otras empresas.

Sobre la firma del informe

También se ha referido al "desagradable incidente de la firma del informe final" precisando que Martínez dio aviso para que se localizara "a los dos técnicos de la delegación", sin pretender nunca "hacer una encerrona", como mantiene el fiscal, al capataz agrícola que finalmente lo rubricó y que también ha sido procesado. Por su parte, la defensa de este último, para el que piden dos años y tres meses de cárcel por un delito de falsedad documental de documentos públicos, ha reiterado que su cliente "fue llamado de forma sorpresiva" para firmar el informe por la secretaria de Martínez, siendo citado a "a un lugar ajeno y hostil" -en referencia al despacho de Alcaldía-. Asimismo, la defensa de este extrabajador municipal ha dicho que en su departamento "era conocida su falta de capacitación" y su "baja capacidad intelectual" para realizar "cualquier informe", puesto que sus funciones se circunscribían a las "propias del campo".

De igual manera, ha subrayado que cuando este procesado -contra el que la acusación popular que ejerce el Ayuntamiento ha retirado los cargos- rubricó el documento "estaba absolutamente convencido de que no estaba haciendo algo ilícito" y no conocía que el director de su departamento se había negado previamente a rubricarlo.

"Bajo el síndrome de la alfombra roja"

La defensa de los tres socios de TISA acusados, para los que piden cuatro años y medio de prisión, ha lamentado que sus representados "se encuentren bajo el síndrome de la alfombra roja", pasando "un auténtico calvario" ante una situación "inesperada y no requerida". Así, ha defendido que los tres empresarios de Madrid y Sevilla cuya sociedad está en concurso de acreedores "son terceros de buena fe" que fueron a Jerez "porque les interesaba invertir y vieron una oportunidad". No obstante, ha subrayado que tras cinco años ahora tienen "una parcela que no sirve para nada y un millón de euros retenido por la ineptitud del Gobierno actual y del anterior", al haber solicitado hasta en dos ocasiones la resolución del contrato de compra-venta. De igual manera, ha considerado "lógico" que los empresarios cambiasen el objeto social de su empresa para instalar la planta de fabricación de generadores de oxígeno que inicialmente estaba enfocado al ámbito hospitalario para ubicarse en el PTA, y ha subrayado que ninguno de los testigos que han pasado por el juicio "los ha reconocido". Todas las defensas también han coincidido en la "falta de la legitimidad" de la Abogacía del Estado para ejercer una de las acusaciones, al considerar que no ha sufrido perjuicio alguno en los fondos aportados por el Ministerio de Agricultura y Alimentación y Medio Ambiente para impulsar el PTA.

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