La alcaldesa declara como testigo en el juicio sobre el 'caso PTA', que intenta dilucidar si Pilar Sánchez medió para que la empresa sevillana TISA obtuviera una ayuda de 240.000 euros para instalarse en el PTA. La actual regidora asegura que es "muy complicado" leerse todos los documentos que le entregan cada día para firmar, por lo que siempre comprueba que está la firma de los técnicos correspondientes y que "no exista reparo" por su parte
La alcaldesa, María José García-Pelayo, ha declarado esta mañana como testigo durante el juicio por el conocido como caso PTA, en el que ha asegurado que tiene conocimiento de que en épocas anteriores "se han firmado informes con reparos" en el Ayuntamiento de Jerez, como publica la Agencia EFE. Este juicio, que comenzó la semana pasada con la declaración de los exdelegados María del Carmen Martínez y Francisco Lebreros, y de la exalcaldesa Pilar Sánchez, ha continuado hoy con la declaración de García-Pelayo, que ha recordado que en su anterior etapa de gobierno firmó un protocolo con el Ministerio de Agricultura, por el que se concedían 11 millones de euros para el desarrollo del PTA, una parte de los cuales iba destinado a ayudas a empresas.
La alcaldesa ha explicado que en la legislatura anterior, cuando estaba en la oposición, el PP amplió una denuncia que el PSA, en el que ya no militaba Pedro Pacheco, había interpuesto ante la Fiscalía para que se investigaran supuestas irregularidades en una ayuda de 244.000 euros concedida a la empresa TISA. Pelayo ha contado que los populares decidieron poner en conocimiento de la fiscalía que el PTA había modificado su objeto social para que, además de empresas relacionadas con el sector de la agricultura se incluyeran otras de otros sectores (el domicilio social de TISA era "una clínica de estética").
La exalcaldesa Pilar Sánchez declaró la semana que llegaba a firmar hasta "1.500 documentos diarios", todos ellos “revisados” previamente por sus técnicos, de ahí que “sólo me llegara el expediente que tenía que firmar” y que lo firmara “sin reparos”, ya que “no había datos que indicaran que pudiera haber irregularidades en el proceso”. Su sucesora en el cargo, García-Pelayo, ha explicado esta mañana que es "muy complicado" leerse todos los documentos que cada día le entregan para firmar, por lo que ha asegurado que siempre comprueba que está la firma de los técnicos correspondientes y que "no exista reparo" por su parte.
Pelayo ha respondido también que su gobierno tiene "un interés claro" en ayudar a que empresas se instalen en el municipio y creen empleo, como "criterio político", abriendo procesos administrativos en los que son los técnicos quienes dibujan "como hay que hacerlo". Por este proceso que se juzga estos días, que se hizo "al libre albedrío" del gobierno municipal según el fiscal, las acusaciones piden siete años de prisión y 16 de inhabilitación para Pilar Sánchez, por supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad documental.
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