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Los exdelegados municipales Francisco Lebrero y María del Carmen Martínez ponen a prueba la paciencia de la presidenta del tribunal durante la segunda jornada del juicio por el caso PTA, después de echarse prácticamente las culpas el uno al otro sobre la gestión de la subvención, presuntamente irregular, a la empresa TISA

“Se están pasando ustedes la pelota el uno al otro. A ver si nos aclaramos de una vez”. Lourdes Marín, la presidenta del tribunal que juzga el caso del PTA, lo dijo claro ayer, en la segunda jornada del juicio por el caso del PTA, cuando se habían cumplido más de tres horas de declaraciones. Y es que la magistrada ya se había aburrido de que, primero Francisco Lebrero, exdelegado de Fomento Económico y vicepresidente del Instituto de Promoción de la Ciudad (IPCD), y después María del Carmen Martínez, ex de Medio Rural, se hubieran echado prácticamente las culpas el uno al otro sobre la gestión de la subvención, presuntamente irregular, a la empresa TISA. Ambos, además, mostraron una serie de dudas, bastante sospechosas para la categoría del cargo que ostentaban en el Ayuntamiento, que hasta hacen preguntarse a uno si para ser delegado municipal sólo basta con tener a su lado a una serie de técnicos municipales que hagan todo el trabajo. Y es que, si en la primera jornada del juicio, los tres empresarios responsabilizaron en sus asesores la tramitación de la subvención, ayer, ambos exdelegados hicieron lo mismo, pero con sus técnicos municipales. El primero en declarar, Francisco Lebrero –quien sufrió un desmayo a causa de una bajada de tensión que no pasó a mayores- señaló a preguntas del fiscal que desconocía la gestión del convenio “porque no lo he gestionado, además de señalar que éste correspondía a Medio Rural, cuyas competencias “eran distintas a las que yo tenía”. Lebrero, igualmente negó haber mantenido contacto con los empresarios de TISA, a los que afirma haberlos conocido en el juicio, ni mucho menos haber mediado para que se elevara, de nueve a catorce los puntos en el informe para que dicha empresa obtuviera la subvención, remitiéndose de nuevo a los “técnicos” de Medio Rural. Incluso no le llamó la atención que eso finalmente pasara. “Yo puedo conocer que hay un informe, pero eso son decisiones de los técnicos”. Así que, con toda la presunta responsabilidad de Medio Rural en este proceso, le tocó testificar a la exdelegada de éste área. María del Carmen Martínez, como ya se ha señalado, negó la mayor, afirmando que era el Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad el que se encargaba de gestionar la ayuda a las empresas.
María del Carmen Martínez, junto a Pilar, Sánchez, en la sala de vistas de la Audiencia Provincial. Foto: Juan Carlos Toro

  Es más. Martínez declaró que cuando ella llega al cargo, en junio de 2007, se estaba produciendo la transición de Desarrollo Rural a Medio Rural (ambas son las mismas, si bien la primera tenía ese nombre antes de 2007). “Cuando yo llego no participo en nada. Monté la delegación y los técnicos ya estaban cerrando el convenio”. Martínez, que afirmó que “no conocía el convenio”, aunque sí sabía que las empresas tenían derecho a una subvención, centró su declaración en la participación del técnico municipal que elaboró el informe definitivo. La exdelegada afirmó que su secretaria le comunicó que dicho informe (el cual “lo pidieron desde el IPDC”) tenía que ser firmado por éste técnico para que pasara a la comisión de seguimiento, si bien este se negó.  ¿Y por qué? Martínez afirma que no pidió explicaciones, si bien achacó a las “discrepancias” que existían entre ambos a cuenta de que éste aspiró a la plaza de gerente del PTA, que al final acabó saliendo a concurso público, al cual no se presentó. Pero, según Martínez, la mala relación no acabó limitando entre ellos, sino que acabó extendiéndose al propio partido socialista hasta el punto de “no fiarnos” y de meditar, junto a Pilar Sánchez, la posibilidad de abrirle expediente, cosa que no se hizo “por temor a que fuera a hacer otra cosa”. De esta manera, acabó siendo otro de los imputados, Salvador R., quien firmó el informe, a pesar de no estar capacitado para ello, cosa que Martínez afirmó que desconocía a priori. Salvador R., quien en muchas ocasiones ha sido denominado como capataz, ya que se encargaba de tareas de mantenimiento, resulta que no lo era tanto, o al menos compaginaba dichas funciones con tareas administrativas en Medio Rural, según Martínez Para la jornada del jueves está previsto que, definitivamente, declare Pilar Sánchez, además de Salvador R.

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