La 'dos' del PP en Jerez, el mismo partido que ha impulsado en Madrid una reforma local que arrasa las competencias de los ayuntamientos e incluso prever suprimir muchos de ellos, acusa al Gobierno andaluz de "antimunicipalista". El propio Consejo de Estado asegura que la ley del PP "lesiona la autonomía municipal".

El PP de Jerez, el mismo partido que ha impulsado una Ley desde el Ejecutivo de Rajoy que restringe las competencias municipales e incluso prevé suprimir ayuntamientos, atacó ayer a la Junta de Andalucía por tratar a las administraciones locales como las "hermanas feas". La secretaria general de los populares en la ciudad, Lidia Menacho, llegó a tildar al Gobierno andaluz de "antimunicipalista". Curioso, cuando menos, si se tiene en cuenta que hace escasas fechas el BOJA publicó un decreto ley aprobado por la Junta de Andalucía que persigue blindar las competencias de los ayuntamientos frente a la reforma de la Administración Local emprendida por el Gobierno central.

Una norma autonómica que se dirige a preservar los 40.000 empleos públicos que la reforma de la Administración Local pone en riesgo en Andalucía y los casi 1.400 millones de euros que los ayuntamientos reciben anualmente de la Junta para que puedan seguir prestando servicios en ámbitos tan relevantes como los servicios sociales, la educación, la salud y el consumo. En cambio Menacho, que no aludió a la necesaria reforma de ley de financiación local para precisamente ajustar los fondos que reciben los municipios a las competencias reales que prestan, no dudó en recriminar que la Junta eche una y otra vez "la mano al cuello" a Jerez.

La lugarteniente de la alcaldesa, senadora y presidente del PP de Jerez, María José García-Pelayo, destacó que el “antimunicipalismo” del Gobierno andaluz se traduce en la manera que ha “ninguneado” la reforma de la administración local puesta en marcha por el Gobierno de la nación, “cuando PSOE-IU no ejercen de manera responsable sus competencias”. De hecho, según dijo, “este Ayuntamiento gasta 16 millones euros al año en competencias impropias, que son directamente competencias de la Junta de Andalucía”.

En última instancia Menacho acusó a la Junta de castigar a la ciudad con respecto a su actuación en relación al plan especial del viñedo: “PSOE e IU traicionan una vez más a Jerez, y esta vez lo han hecho con el plan del viñedo que el gobierno municipal ha trabajado junto con el sector, que reclamaba la puesta en marcha de este proyecto. Un proyecto que es futuro para nuestra campiña y para Jerez, importando modelos como el de la Toscana o California, proyectos que necesitan flexibilidad administrativa, por parte del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía”. ¿La petición de "flexibilidad administrativa" por parte de la dirigente popular significa que se incumpla la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía? Justamente lo que pide el Ejecutivo andaluz es que se cumpla con la norma urbanística, algo de lo que el referido plan se desentiende.

El Consejo de Estado da un palo a la reforma local del PP

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, anunció la semana pasada que el Ministerio de Hacienda va a modificar la reforma local para retirarle a los equipos de gobierno de los Ayuntamientos la capacidad de aprobar planes de ajuste sin el consentimiento del Pleno. La decisión anunciada por Beteta llegó después de que el Consejo de Estado criticara en su último dictamen que esta cuestión, contemplada en la disposición adicional decimosexta de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, lesiona la autonomía municipal.

En concreto, el Consejo de Estado recuerda que el Pleno del Ayuntamiento es "el órgano de representación política de los municipios" y que está formado por el alcalde y los concejales elegidos democráticamente, mientras que la Junta de Gobierno es un órgano de carácter "ejecutivo" compuesto por el alcalde y una serie de concejales nombrados libremente por el alcalde, y que "no se integra de conformidad con los principios de representatividad y proporcionalidad del Pleno". El órgano consultivo emitió el citado informe como paso previo al recurso de inconstitucionalidad que casi 2.400 municipios de toda España van a plantear contra la reforma local, en representación de unos 17 millones de ciudadanos. Aunque no tiene carácter vinculante, los ayuntamientos estaban obligados por ley a plantear sus reclamaciones ante el Consejo de Estado antes de interponer su recurso.

Además de esta cuestión, el dictamen también advertía de que el artículo que establece la prestación por parte de la Diputaciones Provinciales de servicios mínimos en los municipios de menos de 20.000 habitantes y el que determina el coste efectivo de los servicios, también pueden lesionar la autonomía local. A este respecto, Beteta anunció que el Gobierno va a "renegociar" estos dos asuntos con los ayuntamientos en la próxima Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL) y que esperan llegar a un acuerdo, tras haber reconocido que efectivamente existe una "situación de discrepancia".

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